El gobierno delega el mantenimiento y operación de corredores estratégicos, como exigían algunos gobernadores, pero sin traspaso de jurisdicción. Así, la administración central conserva la titularidad de caminos clave.
El Gobierno nacional avanzó con una medida que reconfigura el modelo de administración de rutas en Argentina.
A través del decreto 253/2026, publicado en el Boletín Oficial, se resolvió delegar en nueve provincias la facultad de otorgar concesiones de obra pública por peaje en tramos de rutas nacionales que atraviesan sus territorios.
Las jurisdicciones alcanzadas son Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz.
Se trata de distritos que tienen diálogo fluido con la Casa Rosada, lo que en la práctica facilitó el avance de esta política en un contexto de búsqueda de mayor coordinación política y legislativa. Y en algunos casos, con gobernadores que más de una vez alzaron la voz por la falta de mantenimiento en los caminos desde la adminsitración central y hasta llegaron a reclamar el traspaso de jurisdicción.
Ahora, la decisión del gobierno apunta a descentralizar la gestión operativa de corredores viales estratégicos, habilitando a las provincias a asumir un rol más activo en la planificación, ejecución y financiamiento de obras.
Sin embargo, el esquema mantiene un punto clave: el Estado nacional conserva la titularidad del dominio público y la jurisdicción sobre las rutas involucradas. No hay traspaso.
Facultades ampliadas, pero con límites claros
El nuevo marco permite a las provincias intervenir en todas las etapas del proceso concesionario. Entre las atribuciones habilitadas se incluyen la elaboración y aprobación de pliegos licitatorios, la convocatoria a oferentes, la selección de adjudicatarios y la firma de contratos.
Este esquema deberá regirse por principios centrales como la publicidad de los actos, la concurrencia de oferentes, la transparencia, la razonabilidad tarifaria y el equilibrio económico-financiero de los contratos. En términos técnicos, esto implica replicar estándares habituales en concesiones nacionales, pero con ejecución descentralizada.
El esquema mantiene un punto clave: el Estado nacional conserva la titularidad del dominio público y la jurisdicción sobre las rutas involucradas.
Para poner en marcha estas competencias, cada provincia deberá firmar un convenio específico con la Dirección Nacional de Vialidad. En esos acuerdos se definirán aspectos clave como los tramos a concesionar, los plazos de vigencia, los mecanismos de control y auditoría, y la obligación de resguardar al Estado nacional frente a eventuales reclamos derivados de la operación.
Un punto relevante es que la delegación tiene carácter acotado: es temporal, funcional, limitada y revocable. Esto significa que la Nación puede recuperar la gestión de los corredores si lo considera necesario por razones de interés público, sin que medie transferencia de activos.
Financiamiento atado a cada corredor
Uno de los aspectos más estrictos del decreto es el destino de los recursos generados. Los ingresos provenientes del cobro de peajes deberán aplicarse exclusivamente a obras o tareas de mantenimiento dentro del mismo tramo concesionado.
Esta restricción impide utilizar excedentes para financiar otros proyectos, incluso si existe conexión física o técnica entre distintos corredores. La lógica es asegurar que cada tramo alcance su propio equilibrio económico-financiero sin subsidios cruzados.
En cuanto a los plazos, las provincias tendrán hasta un año desde la aprobación del convenio por parte de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía para iniciar el proceso licitatorio. Una vez adjudicada la concesión, deberán formalizar el contrato y transferir la posesión a la empresa adjudicataria en un máximo de noventa días hábiles, salvo justificación técnica.
El incumplimiento de estos tiempos tiene consecuencias directas: la delegación caduca automáticamente para el tramo en cuestión. Asimismo, si el contrato de concesión finaliza o se rescinde, la administración vuelve al Estado nacional, que podrá optar por retomar la operación o relanzar un nuevo esquema de delegación.
Control central de las rutas y expansión del modelo
A pesar de la descentralización operativa, el control del sistema seguirá concentrado en la órbita nacional.
La Dirección Nacional de Vialidad será responsable de supervisar y auditar los contratos, evaluando tanto el cumplimiento técnico como la sustentabilidad económica de cada proyecto.
Además, los convenios deberán incluir información detallada: planes de obra, cronogramas, justificaciones técnicas, esquemas de financiamiento, tarifas máximas de peaje y plazos de concesión. Todo este paquete será analizado por el organismo nacional, que verificará su compatibilidad con otras iniciativas de infraestructura en curso.
El esquema también deja abierta la puerta a su expansión. Otras provincias o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán solicitar su incorporación al régimen ante el Ministerio del Interior, que evaluará cada caso en función de criterios técnicos y legales.
Por su parte, el Ministerio de Economía quedó habilitado para dictar normas complementarias que faciliten la implementación del sistema, lo que anticipa posibles ajustes a medida que avance su aplicación.
