La petrolera israelí apuesta a reutilizar instalaciones existentes para sumar nuevos recursos al esquema, que inicialmente apuntaba a 55.000 barriles diarios. Cuando arrancarían las primeras perforaciones.
El proyecto Sea Lion, ubicado en la Cuenca Norte de Malvinas, avanza hacia una nueva etapa de desarrollo con la posibilidad de incorporar una segunda unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga (FPSO).
La alternativa permitiría sumar unos 125.000 barriles diarios de capacidad a los 55.000 por día previstos inicialmente para las primeras fases del proyecto.
El avance de Sea Lion volvió a quedar atravesado por la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas. En diciembre de 2025, Navitas y Rockhopper habían comunicado su decisión final de inversión para la primera etapa del proyecto mediante un reporte presentado ante la Bolsa de Tel Aviv.
La iniciativa es operada por la compañía israelí Navitas Petroleum junto con la británica Rockhopper Exploration y contempla comenzar las tareas de perforación y terminación de pozos a principios de 2027.
Según el cronograma comunicado por las empresas, la producción comercial comenzaría durante el primer semestre de 2028, aunque la expansión de las fases posteriores todavía forma parte de las alternativas analizadas.
Una segunda plataforma para ampliar la producción en aguas de Malvinas
El desarrollo inicial de Sea Lion contempla utilizar la FPSO Aoka Mizu para las dos primeras fases. La unidad tendrá una capacidad de producción de 55.000 barriles diarios y funcionará como parte central de la infraestructura necesaria para poner en marcha el proyecto.
En paralelo, Navitas avanzó en el análisis de una aceleración de las etapas posteriores. Como parte de esa estrategia, la operadora firmó un memorándum de entendimiento para evaluar la incorporación de una segunda FPSO, con una capacidad adicional estimada en 125.000 barriles diarios.
De concretarse el esquema completo, ambas unidades permitirían llevar la capacidad potencial de extracción de la Cuenca Norte de Malvinas hasta unos 180.000 barriles diarios. El volumen representa una ampliación considerable respecto del desarrollo inicial y abre la puerta a una explotación progresiva de los recursos identificados en el área.
La estrategia también contempla el uso de la técnica conocida como tie-back, mediante la cual nuevos descubrimientos pueden conectarse con instalaciones submarinas existentes.
El mecanismo permite aprovechar infraestructura ya disponible, con el objetivo de reducir los costos de desarrollo y acortar los plazos necesarios para llevar nuevos yacimientos a producción.
Este tipo de solución ya es utilizado en otros proyectos offshore de la región y constituye una alternativa relevante para desarrollar recursos adicionales sin replicar íntegramente la infraestructura instalada para las primeras etapas.
El fuerte rechazo argentino al proyecto
El avance de Sea Lion está fuertemente atravesado por la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas, usurpadas por Gran Bretaña.
En diciembre de 2025, Navitas y Rockhopper habían comunicado su decisión final de inversión para la primera etapa del proyecto mediante un reporte presentado ante la Bolsa de Tel Aviv. La inversión anunciada alcanzó los US$1.170 millones.
La decisión provocó el rechazo del Gobierno nacional y de las provincias.
“Estas medidas constituyen acciones unilaterales e ilegítimas del Reino Unido, incompatibles con lo dispuesto por la Resolución 31/49 de la Asamblea General, que insta a las partes a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales en la situación mientras las Islas se encuentran sujetas al proceso de negociación recomendado por las resoluciones pertinentes de Naciones Unidas”, sostuvo entonces el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
Desde Nación también se cuestionó cualquier participación en actividades hidrocarburíferas realizadas sin autorización argentina.
En ese sentido, se señaló que “toda participación directa o indirecta en actividades de exploración o explotación hidrocarburífera no autorizadas en las áreas en disputa constituye un acto ilícito a la luz del derecho internacional y del ordenamiento jurídico argentino, y que tomará todas las acciones pertinentes”.
El Gobierno agregó que “se reserva el derecho de ejercer plenamente todas las acciones disponibles para impedir su desarrollo y salvaguardar sus derechos e intereses soberanos”.
Las restricciones previstas por la legislación argentina
La posición oficial se apoya en la Resolución 31/49 de la Asamblea General de Naciones Unidas, que insta a Argentina y Reino Unido a acelerar las negociaciones por la soberanía de las Islas y reclama evitar decisiones unilaterales que modifiquen la situación mientras continúe el proceso diplomático.
En paralelo, el marco jurídico argentino establece sanciones para las empresas que participen en actividades hidrocarburíferas en las islas sin autorización nacional.
Una de las principales consecuencias es la imposibilidad de participar en futuras licitaciones para exploración de hidrocarburos tanto en territorio argentino como en la plataforma continental.
El régimen surge de la Ley 26.659, sancionada en 2011, y de su modificación mediante la Ley 26.915, de 2013. Ambas normas establecen restricciones sobre la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina cuando las actividades no cuentan con autorización del Estado.
