Los problemas en el Puerto de Montevideo parecen no tener fin, e incluso, tienden a complicarse aún más con el correr de las horas. Lo que comenzó meses atrás como una disputa sectorial en la Terminal Cuenca del Plata (TCP) se convirtió en una crisis de proporciones que involucra a gremios, navieras, funcionarios y empresarios del país.
La disputa en el Puerto de Montevideo, que ya acumula más de 380 horas de operativa perdida, se convirtió en uno de los mayores focos de tensión portuaria en los últimos años y mantiene en alerta a exportadores, importadores, navieras y operadores privados de toda la región y amenaza con profundizarse con el paro dispuesto para mañana jueves que afectará también el puerto de Nueva Palmira.
Así, el conflicto ya se extiende a todo el país. Ahora, además, se sumó un nuevo reclamo de empresarios de Uruguay sobre la conflictividad que puso en crisis la previsibilidad del comercio exterior.
«En los últimos 16 meses, 15 han registrado algún tipo de interrupción en los servicios en el Puerto de Montevideo, con foco en particular en la terminal especializada en contenedores. Las medidas extienden la afectación a todos los puertos del país y a todas sus actividades», indicaron en un comunicado conjunto más de 20 cámaras empresarias.
En ese marco, señalaron que es «indispensable» alcanzar un sistema portuario «operativo, estable, previsible y confiable» y que preservarlo «es una responsabilidad colectiva, porque está en juego el interés del país».
En los últimos 16 meses, 15 han registrado algún tipo de interrupción en los servicios en el Puerto de Montevideo, con foco en particular en la terminal especializada en contenedores.
El comunicado difundido lleva firmas de la Confederación de Cámaras Empresariales, acompañada por entidades como la Federación Rural, la Cámara de Comercio y Servicios y la Cámara de la Construcción, entre otras, que añadieron que en lo que va del año se contabilizaron 44 días con interrupciones y subrayaron que -en promedio- «el 70 % de los movimientos de contenedores se ve afectado«.
Así, el sector privado sumó una nueva voz y mayor presión a un conflicto que decididamente dejó de ser sectorial y empieza a ser un problema nacional para Uruguay.
El conflicto en el Puerto de Montevideo y la paradoja operativa en Uruguay
El núcleo central del conflicto se ubica en las estancadas negociaciones salariales y laborales dentro de TCP.
Tras meses de tratativas infructuosas en el ámbito del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), el sindicato y la empresa no lograron consensuar los puntos más sensibles del nuevo convenio colectivo.
Entre los reclamos principales esgrimidos por los trabajadores, agrupados en el Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (SUPRA), se destacan la exigencia de incorporar fórmulas que contemplen la reducción de la jornada laboral sin pérdida salarial y la estabilidad en los esquemas de jornales asegurados.
Por su parte, la compañía propuso un esquema de 17 jornales asegurados —una cifra que desde la óptica empresarial se consideraba cercana a las pretensiones sindicales—, pero las posturas se endurecieron drásticamente.
En ese marco, TCP anunció en agosto que había presentado una propuesta final, que ya no disponía de margen para nuevas mejoras. El sindicato respondió con nuevos paros.
La tensión experimentó un salto cualitativo días atrás, tras la decisión del Poder Ejecutivo de emitir un decreto que establece servicios mínimos obligatorios en la terminal de contenedores con el fin de mitigar el impacto absoluto de las huelgas.
Esta resolución gubernamental cayó como un baldazo de agua fría en el movimiento sindical. La medida respondió parcialmente al pedido de diversos actores privados, que exigían garantizar la continuidad operativa del puerto, como espacio estratégico del comercio exterior.
En respuesta directa a la normativa oficial, el SUPRA decretó un paro general de 24 horas que paralizó el lunes 21 por completo las actividades portuarias
Las guardias mínimas establecidas para TCP generaron una paradoja: que el operador en conflicto sea el único que pueda operar durante ese mismo conflicto, mientras el resto de los actores del Puerto de Montevideo vieron paralizadas sus actividades.
Desde la perspectiva del gremio y del PIT-CNT, la imposición de servicios mínimos obligatorios vulnera el derecho constitucional de huelga y representa una injerencia indebida en la pulseada paritaria.
Si bien durante la jornada de huelga general se permitió la operativa excepcional de cargas mediante ferrocarril hacia la terminal especializada de celulosa y el ingreso de pasajeros por accesos específicos, el resto del puerto permaneció virtualmente bloqueado, impidiendo el ingreso de camiones y alterando los cronogramas de buques.
Para los productores, las guardias mínimas establecidas para TCP generaron una paradoja: que el operador en conflicto sea el único que pueda operar durante ese mismo conflicto, mientras el resto de los actores del Puerto de Montevideo vieron paralizadas sus actividades.
Ante este panorama de parálisis recurrente y pérdidas millonarias calculadas por diversos sectores productivos, el arco político y empresarial elevó el tono de sus reclamos.
Nueva jornada de negociación pero el paro se mantiene
Lo que se discute en estos precisos momentos es la posibilidad de destrabar el canal de diálogo mediante una nueva instancia tripartita convocada de urgencia.
El gobierno uruguayo intentó en la noche del martes evitar nuevas medidas de fuerza, pero esa reunión de emergencia no logró soluciones. Se acordó un nuevo encuentro para hoy y otro para el viernes, aunque el sindicato confirmó más paros.
En la agenda de debate figuran tres ejes ineludibles:
- La flexibilización de las medidas de lucha por parte del sindicato a cambio de garantías efectivas en la continuidad de la discusión paritaria.
- El alcance y la aplicación práctica del decreto de servicios mínimos dictado por el Ejecutivo, cuyo encuadre genera cortocircuitos legales y políticos.
- El recalculo de las fórmulas salariales y de jornales garantizados en TCP, buscando un punto de equilibrio que satisfaga las demandas de estabilidad laboral de los estibadores sin comprometer la ecuación financiera de la terminal ni la competitividad externa del puerto.
Ya que, tras el paro general de 24 horas del lunes 21 que afectó a todo el sistema portuario uruguayo, el Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (SUPRA) ratificó la profundización de las movilizaciones en rechazo al decreto gubernamental de servicios mínimos obligatorios.
Para este jueves se programaron concentraciones y asambleas simultáneas: una en la explanada de la Administración Nacional de Puertos (ANP) en Montevideo y otra específicamente en el portón de ingreso de la ANP en el puerto de Nueva Palmira.
Esto implica que la operativa fluvial, de carga y de camiones en todo Uruguay quedará totalmente paralizada durante el desarrollo de la medida gremial.
