La nueva normativa habilita un mecanismo para que las distribuidoras salden las obligaciones que tomaron con CAMMESA durante la emergencia, cuando las actualizaciones tarifarias fueron nulas o estuvieron por debajo de la inflación. Se estima que deben unos US$700 millones, mientras sus reclamos por pérdida de ingresos rondan los US$3.000 millones.
El Gobierno habilitó un mecanismo para compensar las deudas que Edenor y Edesur acumularon con la CAMMESA durante los años de congelamiento de tarifas eléctricas o con actualizaciones por debajo de la inflación.
La medida permitirá reconocer los ingresos que las distribuidoras no pudieron recuperar durante ese período y utilizarlos para cancelar sus obligaciones con la administradora del mercado eléctrico.
La herramienta quedó establecida en la Ley 27.828, conocida como ley de zonas frías, que incorpora un capítulo destinado a la autosuficiencia económico-financiera del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).
Según informó La Nación, la deuda de las distribuidoras eléctricas con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) rondaría los US$700 millones, mientras que los reclamos de las empresas por los ingresos que dejaron de percibir durante las emergencias tarifarias alcanzarían aproximadamente los US$3.000 millones.
El mecanismo busca compensar ambas posiciones y reducir la posibilidad de que esos diferendos terminen en litigios judiciales o arbitrales.
La herramienta quedó establecida en la Ley 27.828, conocida como ley de zonas frías, que incorpora un capítulo destinado a la autosuficiencia económico-financiera del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).
La norma permite calcular las diferencias entre los ingresos que recibieron las empresas durante la vigencia de las leyes de emergencia y los montos que les hubieran correspondido de acuerdo con sus contratos de concesión.
Cómo se calcularán los montos de deuda por el congelamiento de tarifas
El procedimiento estará a cargo de la Subsecretaría de Energía Eléctrica, que deberá determinar el valor actualizado de esas diferencias para las distribuidoras y transportistas de jurisdicción federal.
Además de Edenor y Edesur, el esquema alcanza a empresas transportistas como Transener, aunque para estas últimas el mecanismo tendrá un alcance diferente.
En el sector eléctrico, esos créditos son conocidos como activos regulatorios. Se trata de ingresos que las compañías consideran pendientes de reconocimiento por las condiciones tarifarias aplicadas durante los períodos de emergencia.
En lugar de recibir directamente esos montos en efectivo, las distribuidoras podrán utilizarlos para cancelar las obligaciones que mantienen con CAMMESA.
La compensación estará sujeta a una condición: las empresas deberán desistir de los reclamos judiciales y administrativos relacionados con las emergencias tarifarias. De esta manera, el reconocimiento de los créditos funcionará como una herramienta para cerrar las diferencias entre el Estado y las compañías por los efectos económicos de las tarifas reguladas.
En el caso de las transportistas eléctricas, los créditos podrán aplicarse únicamente al pago de multas vinculadas con incumplimientos de sus contratos de concesión. Para las distribuidoras provinciales y municipales, el cálculo quedará en manos de las respectivas jurisdicciones y sus organismos reguladores.
Si el crédito reconocido a una distribuidora provincial supera su deuda con CAMMESA, la diferencia deberá ser afrontada por la provincia correspondiente. La ley también establece que las sumas reconocidas en el marco de este mecanismo estarán exentas del impuesto a las ganancias.
La diferencia entre las deudas y los reclamos empresariales
El punto central del esquema es la diferencia entre las obligaciones que las distribuidoras mantienen con el mercado eléctrico y los ingresos que reclaman por los años de tarifas rezagadas.
Durante esos períodos, las compañías debían afrontar los costos de distribución y, al mismo tiempo, transferir a CAMMESA los montos correspondientes a la energía adquirida para abastecer a sus usuarios.
La brecha entre los ingresos tarifarios y los costos del sistema contribuyó a generar obligaciones pendientes con la administradora. A su vez, las empresas sostienen que las condiciones regulatorias limitaron los recursos que debían percibir para cumplir con sus contratos de concesión.
El antecedente no es nuevo: durante las administraciones de Mauricio Macri y Alberto Fernández también se aplicaron mecanismos de compensación con distribuidoras eléctricas. En esos casos, sin embargo, no se difundieron públicamente los informes de auditoría utilizados para respaldar los cálculos.
