La reciente aprobación parlamentaria del esquema de compensación de deudas entre las distribuidoras eléctricas y la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) busca cerrar un capítulo contable pendiente desde hace casi dos décadas.
El origen del problema se remonta a la sucesión de gobiernos en sostener los atrasos tarifarios a partir de la vigencia casi permanente de la emergencia energética.
Con ingresos regulados congelados e insumos impactados por la inflación, las distribuidoras recurrieron al único recurso disponible para mantener el servicio: postergar o diferir los pagos por la energía en bloque adquirida a Cammesa.
Ese diferimiento funcionó, en la práctica, como un esquema de financiamiento forzoso para amortiguar la falta de actualización del valor agregado de distribución (VAD). Pero esa acumulación progresiva derivó en pasivos agregados que superaron los U$S2.000 millones dentro del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).
Sin embargo, la relación financiera presentaba dos miradas. Al mismo tiempo que las distribuidoras acumulaban deudas con la administradora estatal, sumaban reclamos contra el Estado nacional por los llamados «activos regulatorios», es decir, la compensación por los descalces generados al no aplicarse en tiempo y forma los cuadros tarifarios contractuales.
Con ingresos regulados congelados e insumos impactados por la inflación, las distribuidoras recurrieron como único recurso disponible de postergar los pagos por la energía en bloque adquirida a Cammesa.
El esquema de compensación no constituye una solución ideal, pero sí la única salida pragmática a un callejón regulatorio. Exigir a las distribuidoras el pago en efectivo de deudas millonarias acumuladas por el congelamiento tarifario impuesto por el propio Estado —mientras este les negaba los ingresos reconocidos por contrato— habría derivado en la quiebra técnica del servicio o en una ola de litigios multimillonarios contra el Fisco.
El volumen principal del endeudamiento concentró su peso en las grandes concesionarias del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y en los grupos del interior. Edenor registra obligaciones pendientes por unos 438 millones de dólares, mientras que Edesur contabiliza un pasivo de aproximadamente 345 millones.
En paralelo, las distribuidoras provinciales reunidas en el Grupo DESA —entre ellas Eden, Edes, Edelap y Edea— suman cerca de 474 millones de dólares al cuadro de pasivos del sector.
El nuevo marco normativo encomienda a la Secretaría de Energía la cuantificación de los activos regulatorios adeudados a cada empresa para proceder a su compensación. Mediante este procedimiento, los créditos validados a favor de las concesionarias se aplican de forma directa contra las sumas adeudadas a Cammesa.
El esquema busca extinguir las obligaciones recíprocas en los libros contables sin requerir desembolsos de caja por parte del Tesoro Nacional e invita a seguir la línea a provincias y municipios.
Para garantizar el cierre definitivo de los litigios, la regulación fijó un requisito de elegibilidad indispensable. Las empresas que opten por adherir al programa de regularización deben desistir formalmente de todo reclamo administrativo o acción judicial iniciada contra el Estado nacional o los gobiernos provinciales por las distorsiones tarifarias pasadas.
El cierre de la etapa de excepciones del mercado eléctrico
Este condicionamiento apunta a neutralizar la contingencia judicial que pesaba sobre las cuentas públicas.
La letra de la ley establece además un orden de prelación específico respecto de las sanciones operativas. Los saldos a favor reconocidos a las distribuidoras deberán aplicarse prioritariamente a cancelar las penalidades por incumplimientos en la calidad del servicio técnico y comercial acumuladas en sus respectivos contratos de concesión.
El objetivo es evitar que el proceso de saneamiento compute acreencias sin regularizar previamente las obligaciones contractuales con los usuarios.
En materia impositiva, el texto legal contempló disposiciones para resguardar la neutralidad del proceso.
Se dispuso la exención del Impuesto a las Ganancias y del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para los montos derivados de las compensaciones entre Cammesa, las distribuidoras de todas las jurisdicciones y las empresas de transporte eléctrico. Con ello se evita que el registro contable del saneamiento genere distorsiones tributarias sobre las operadoras.
Para las empresas del sector, la resolución de este frente es un paso necesario para operar en el marco de la Revisión Tarifaria Integral (RTI). La regularización de los pasivos históricos permite recomponer la posición patrimonial de las compañías y estructurar planes de inversión a mediano plazo, orientados a la expansión de las redes de media y baja tensión.
Cammesa mantenía en su activo créditos de difusa cobrabilidad, mientras que las distribuidoras exhibían balances con pasivos que deterioraban su calificación crediticia y restringían el financiamiento bancario
Distinto analistas advierten que los mecanismos de compensación periódicos pueden generar señales ambiguas respecto del cumplimiento de las obligaciones en el mercado mayorista. No obstante, resultaba impracticable exigir la cancelación en efectivo de las deudas sin reconocer simultáneamente los descalces originados por las decisiones regulatorias de la propia autoridad de aplicación.
La implementación del esquema de compensación busca cerrar una etapa de excepcionalidad en el Mercado Eléctrico Mayorista. Con el ordenamiento de los balances, el marco regulatorio aspira a restablecer la pauta de cobrabilidad del 100% de la energía despachada, condición indispensable para sostener la cadena de pagos con los generadores y garantizar la viabilidad del sistema energético.
