La aprobación legislativa del convenio entre la provincia y la petrolera nacional pone bajo la lupa la situación de cientos de perforaciones sin producción definitiva.
La Legislatura de Chubut aprobó el acuerdo firmado entre la Provincia e YPF en el marco de la salida de la petrolera de áreas maduras de la cuenca.
El convenio establece que, a cambio del pago de US$ 25 millones, el Estado provincial renuncia a realizar futuros reclamos contra la empresa por los pasivos ambientales comprendidos en ese entendimiento, mientras que las obligaciones de remediación pasarán a los nuevos operadores.
Según el relevamiento realizado por la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, hasta fines del año pasado había alrededor de 1.700 pozos inactivos dentro del ejido urbano. Esa condición no significa que hayan sido abandonados de manera definitiva.
La decisión reabrió el debate sobre el alcance de esa cláusula y volvió a poner en primer plano la situación ambiental de Comodoro Rivadavia.
En ese contexto, comenzaron a cobrar relevancia los cerca de 1.700 pozos inactivos identificados dentro del ejido urbano, la diferencia técnica con los pozos abandonados y los antecedentes de remediación registrados durante las últimas dos décadas.
Pozos inactivos y abandonados: una diferencia técnica clave
Uno de los aspectos que generó mayor confusión durante la discusión pública es la diferencia entre un pozo inactivo y uno abandonado.
Según el relevamiento realizado por la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, hasta fines del año pasado había alrededor de 1.700 pozos inactivos dentro del ejido urbano. Esa condición no significa que hayan sido abandonados de manera definitiva.
Desde el punto de vista técnico, un pozo abandonado es aquel que fue sellado siguiendo los procedimientos establecidos por la normativa vigente, aislando el reservorio de la superficie.
En cambio, un pozo inactivo permanece abierto desde el punto de vista operativo y, dependiendo de sus condiciones, puede presentar riesgos como surgencias de gas o petróleo.
El estudio municipal también detectó más de 150 perforaciones cuya ubicación exacta todavía no pudo determinarse debido a diferencias entre antiguos sistemas de coordenadas y los actuales. En algunos casos, esos pozos quedaron dentro de sectores que hoy están urbanizados.
Tras la transferencia del área Campamento Central, la empresa PECOM deberá determinar cuáles de esos pozos pueden volver a producir y cuáles deberán ser abandonados conforme a las normas de seguridad vigentes.
La salida de YPF y el alcance del pasivo ambiental
Los pozos inactivos no son considerados automáticamente un pasivo ambiental. Desde la Subsecretaría de Ambiente municipal señalaron que se encuentran en una situación intermedia, ya que todavía conservan potencial productivo y fueron contemplados como parte del valor de los activos transferidos.
El pasivo ambiental comprende una problemática más amplia que incluye suelos contaminados, antiguas piletas, instalaciones fuera de servicio, cañerías y pozos que requieren tareas de abandono o remediación.
Dentro del ejido urbano existen alrededor de 4.000 pozos entre activos, inactivos y abandonados. En particular, las instalaciones cerradas con técnicas anteriores a las exigidas desde la Resolución 5/96 son las que pueden requerir controles adicionales si se detectan inconvenientes.
En ese contexto, el convenio aprobado establece que, si en el futuro aparece un daño asociado a pasivos ambientales comprendidos en el acuerdo, la Provincia no podrá reclamar a YPF por esas contingencias.
La posición oficial sostiene que la obligación de remediación será asumida por los nuevos operadores, mientras que la oposición interpreta que esa cláusula libera a la empresa de responsabilidades que deberían mantenerse.
Cuando se trate de instalaciones anteriores a 1991, es decir previas a la transformación de YPF en sociedad anónima, la eventual responsabilidad continúa alcanzando al Estado nacional, de acuerdo con el marco legal vigente.
Los antecedentes que aportan los registros oficiales
Los datos históricos de la Secretaría de Energía permiten dimensionar la evolución del abandono definitivo de pozos en Campamento Central durante las últimas dos décadas.
En enero de 2005 había registrados 1.695 pozos abandonados. Para enero de 2025 esa cifra ascendía a 1.988, lo que representa 293 abandonos adicionales en un período de veinte años.
Durante la prórroga de la concesión de YPF firmada en 2013 también se ejecutó un programa de saneamiento ambiental. En ese momento el área contabilizaba 1.759 pozos abandonados y, cinco años después, el registro alcanzaba los 1.872, con 113 nuevos abandonos certificados entre 2013 y 2018.
Ese antecedente volvió a mencionarse durante el tratamiento legislativo. Tanto el vicegobernador Gustavo Menna como el exministro de Hidrocarburos Ezequiel Cufré recordaron que aquel acuerdo contempló alrededor de US$ 20 millones para obras ambientales. La diferencia señalada durante el debate es que ese convenio no incorporó una cláusula de indemnidad similar a la aprobada ahora.
El oficialismo también recordó otro antecedente: la salida de Sinopec del área Bella Vista Oeste en 2017. Según plantearon algunos legisladores, ese proceso no incluyó una auditoría ambiental de cierre ni una compensación específica comparable con la acordada para la salida de YPF.
