Presentó su solicitud en el último encuentro de la Mesa de Diálogo para la licitación de la Vía Navegable Troncal. La provincia tiene una propuesta técnica para mejorar la navegabilidad en el tramo sur de los ríos Paraná Guazú y Paraná Bravo.
Durante una nueva jornada de la Mesa de Diálogo Interdisciplinaria para el Desarrollo Fluvial de la Hidrovía, el gobierno de Entre Ríos reiteró su pedido para que el tramo que abarca los ríos Paraná Guazú y Paraná Bravo alcance una profundidad de 34 pies.
El portavoz de la solicitud fue el fiscal de Estado provincial, Julio Rodríguez Signes, quien en el encuentro convocado por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), remarcó que esa condición es esencial para que los principales puertos entrerrianos mantengan niveles de operatividad adecuados frente a los estándares actuales del comercio de la Vía Navegable Troncal.
Entre Ríos planteó una reconfiguración de la circulación fluvial en el tramo inferior del Paraná.
De la reunión, que tuvo lugar en Rosario esta semana, participaron funcionarios nacionales y provinciales, técnicos especializados y representantes de usuarios y productores. Este espacio, creado luego de la licitación desestimada en febrero, tiene el objetivo de discutir entre los distintos secotres involucrados aspectos técnicos, ambientales y económicos del futuro contrato de concesión de la VNT.
Todos los actores consideran a la Hidrovía como un eje clave para el comercio y que en la licitación hay mucho en juego y se abre una importante oportunidad de avanzar con mejoras fundamentales.
En ese escenario, Rodríguez Signes afirmó que la propuesta de Entre Ríos responde a una necesidad concreta de integración logística dentro del sistema hidroviario nacional.
“Pretendemos una profundidad de 34 pies para el tramo comprendido entre los ríos Paraná Guazú y Paraná Bravo, donde se encuentran localizados nuestros principales puertos”, expresó durante su intervención, en la que también se refirió a la importancia de mantener condiciones de navegación que permitan sostener la competitividad regional.
Además del pedido de dragado uniforme, la provincia planteó una reconfiguración de la circulación fluvial en el tramo inferior del Paraná. En ese sentido, el fiscal de Estado sugirió adoptar un esquema de doble acceso, mediante la combinación del canal Martín García y los cursos Paraná Bravo y Paraná Guazú hasta su bifurcación.
El planteo técnico se sustenta en un trabajo conjunto con la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral. “Somos conscientes de las limitaciones técnicas del sistema Bravo-Guazú-Talavera, y por ello estamos trabajando con el respaldo académico de una institución que tiene amplia experiencia en obras fluviales y modelado hidráulico”, indicó.
Desde la Agencia Nacional de Puertos y Navegación adelantaron que seguirán convocando nuevas mesas en las provincias involucradas, con el objetivo de robustecer un proceso licitatorio participativo, transparente y técnicamente solvente.
La cuestión del financiamiento
Desde Entre Ríos señalaron también que acompañarán el desarrollo del nuevo contrato concesionario desde una participación activa. “Estamos evaluando alternativas de financiamiento y analizando cómo la operación de nuestros puertos puede contribuir al sostenimiento del sistema de navegación”, señaló el fiscal.
La gobernación provincial advirtió que el nuevo esquema económico debería contemplar mecanismos de pago que incluyan tanto al Estado nacional como a las provincias y al sector privado.
El funcionario también subrayó la necesidad de construir una ecuación económica sustentable que fortalezca el compromiso de las provincias en el proceso.
En ese marco, destacó que los aportes de los gobiernos subnacionales no deben limitarse a cuestiones técnicas, sino también incluir instancias de articulación institucional y de diseño de políticas de largo.
El dragado y los acuerdos ambientales
Otro de los ejes destacados en la exposición de Rodríguez Signes fue el abordaje de las cuestiones ambientales vinculadas al dragado.
En ese sentido, recordó que estas intervenciones implican desafíos jurídicos complejos y que deben ser tratadas con una perspectiva federal.
“Todas las provincias del Litoral han puesto a disposición sus capacidades de coordinación institucional para trabajar estos temas de manera conjunta, con un enfoque federal. Sabemos que estas competencias son concurrentes entre Nación y provincias, por eso estamos diseñando mecanismos de acuerdos ambientales para evitar que estos aspectos se transformen en trabas al proceso licitatorio”, cerró el fiscal de Estado entrerriano.
