Nueve compañías de tecnología, telecomunicaciones e infraestructura conformaron la entidad que representará al sector. Entre sus primeros objetivos, aparecen destrabar las limitaciones de la red, adecuar las condiciones para grandes consumos y propiciar reglas que acompañen la expansión de las instalaciones digitales.
Nueve compañías vinculadas con las telecomunicaciones, la tecnología y la infraestructura formalizaron la creación de la Cámara Argentina de Data Centers, una organización que tendrá entre sus prioridades resolver las restricciones energéticas que condicionan la expansión de estas instalaciones en el país.
La entidad firmó un memorándum de entendimiento y su estatuto fundacional, con el objetivo de funcionar como «ventanilla única» ante los organismos públicos.
La agenda incluye mejorar las condiciones para transportar electricidad, adaptar la regulación a los grandes consumos y reducir las trabas operativas que afectan a los proyectos.
También buscará fortalecer la posición argentina frente a la competencia regional por el desarrollo de la inteligencia artificial (IA).
El parque nacional reúne cerca de 40 MW de potencia instalada, distribuidos en 44 centros de datos. De ese total, apenas 13 superan el megavatio de capacidad individual y concentran alrededor de 32 MW.
La comisión de energía será la primera en ponerse en funcionamiento. La cámara tramita su personería jurídica ante la Inspección General de Justicia (IGJ) y estima obtenerla entre enero y febrero de 2027.
A partir de entonces, prevé activar sus cuatro áreas especializadas: energía, relaciones institucionales, sustentabilidad y talento.
Quiénes conducen la cámara de data centers
La presidencia quedó en manos de SkyOnline, representada por su director de operaciones, Daniel Fiorda. Cirion ocupará la vicepresidencia, con Sergio Calviello; Personal / Telecom tendrá la secretaría, a cargo de Claudio Silva; G2K asumirá la tesorería, con Mario Mongini, y DatacenterDynamics ocupará la primera vocalía, representada por Hugo Bertini.
Como socios fundadores también participan Claro, Kyndryl, NextStream y Sencinet.
La estructura contempla incorporar nuevas empresas, socios adherentes y proveedores de equipamiento vinculados con la cadena de valor local.
El punto de partida: años de desarrollo, pero escala limitada
Según el diagnóstico del sector, la Argentina dispone de instalaciones de categoría world class y una trayectoria de aproximadamente 25 años en esta actividad, aunque con una escala limitada.
El parque nacional reúne cerca de 40 MW de potencia instalada, distribuidos en 44 centros de datos. De ese total, apenas 13 superan el megavatio de capacidad individual y concentran alrededor de 32 MW.
La capacidad se distribuye principalmente entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que reúne el 71%, y la provincia de Buenos Aires, con el 29%. Además, los operadores estiman que actualmente existe entre un 25% y un 30% de capacidad ociosa.
La comparación regional refleja el desafío de ampliar la oferta: Chile alcanza unos 280 MW instalados, aproximadamente siete veces la capacidad argentina.
Brasil y México, por su parte, concentran nuevas incorporaciones de grandes proveedores de servicios de nube, mientras Colombia y Paraguay avanzan con estrategias para atraer actividad digital.
La electricidad, un requisito para sostener la operación
A diferencia de otras actividades, los centros de datos necesitan suministro eléctrico continuo y sistemas de refrigeración capaces de mantener los equipos dentro de condiciones operativas adecuadas.
Por eso, las limitaciones en la transformación y el transporte de energía pueden comprometer tanto el funcionamiento de las instalaciones existentes como la llegada de nuevas inversiones.
La comisión especializada seguirá la aplicación de la Resolución 264/2026 de la Secretaría de Energía, que reglamentó el régimen de Demandas Extratendenciales para grandes consumos.
También analizará las disposiciones que exigen a proyectos con requerimientos superiores a 80 MW garantizar su propia capacidad de generación y transporte eléctrico.
El sector considera que la disponibilidad de energía previsible es indispensable para planificar ampliaciones y responder a la demanda de procesamiento asociada con la inteligencia artificial.
Incentivos, equipamiento y formación técnica
Otro de los planteos apunta a las dificultades para encuadrar estas inversiones en los regímenes de promoción vigentes.
El RIGI establece un desembolso mínimo de US$ 200 millones, mientras que un centro de datos de 10 MW puede requerir una inversión cercana a US$ 160 millones. De esta manera, proyectos de menor escala quedan fuera de ese esquema.
La industria tampoco encuentra una alternativa directa en propuestas como el «Súper RIGI» para tecnología, con un umbral de US$ 1.000 millones, ni en el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI). La construcción modular, que permite ampliar instalaciones según la demanda, dificulta comprometer grandes montos desde el comienzo.
La cámara buscará impulsar reglas específicas, simplificar trámites provinciales y municipales y abordar cuestiones como la soberanía de datos.
También procurará reducir las dificultades aduaneras para acceder a repuestos y componentes críticos, tomando como referencia iniciativas como la ley ReData de Brasil, que contempla el ingreso sin aranceles de unidades de procesamiento gráfico (GPU).
La agenda se completará con medidas de sustentabilidad, centradas en el consumo de agua para refrigeración y la gestión del calor residual, además de programas educativos y pasantías para formar técnicos en electricidad, hidráulica y climatización.
La disponibilidad de personal especializado será otro factor clave para acompañar el crecimiento de una infraestructura cada vez más exigente.
