Mendoza avanzará hacia una nueva Ley de Hidrocarburos para adaptar su marco regulatorio al desarrollo de Vaca Muerta y revertir la declinación estructural de sus campos maduros. La iniciativa es un modelo moderno que busca sustituir el esquema tradicional de administración de concesiones por uno activo de gestión energética.
A través de herramientas como la licitación continua, las regalías escalonadas y plazos de concesión diferenciados, la provincia apunta a mitigar el riesgo geológico, atraer capitales privados para el no convencional en el sur mendocino y extender la vida útil de los yacimientos convencionales en las cuencas Cuyana y Neuquina.
El texto de la iniciativa del Ministerio de Energía y Ambiente responde a la obsolescencia de una normativa concebida para la explotación primaria tradicional, la cual genera rigideces operativas y financieras ante las demandas de la recuperación secundaria y terciaria o la exploración no convencional.
La iniciativa es un modelo moderno que busca sustituir el esquema tradicional de administración de concesiones por uno activo de gestión energética.
El objeto de la reforma trasciende la simple actualización técnica: pretende configurar un entorno competitivo y previsible que asegure la viabilidad de las inversiones requeridas en toda la cadena de valor energético provincial.
Entre las modificaciones estructurales destaca la institucionalización de la licitación continua, un mecanismo que elimina los plazos fijos de las convocatorias públicas y permite la recepción de ofertas sobre bloques libres durante todo el año.
Desde una perspectiva analítica, este esquema ataca la inmovilización de activos al acortar los tiempos muertos entre la caducidad, reversión o cesión de un área y el ingreso de nuevos operadores.
Esta agilidad resulta crítica en el contexto actual, caracterizado por el traspaso de yacimientos convencionales y la concentración de recursos de las grandes empresas en formaciones de alto rendimiento.
En el plano económico, la ley introduce la variabilidad y el escalonamiento de regalías en función del tipo de recurso, el nivel de inversión técnica y el margen operativo del proyecto.
Esta flexibilidad tributaria reconoce que la rentabilidad del crudo pesado o de pozos agotados que requieren inyección de polímeros difiere radicalmente de la productividad inicial del no convencional.
Se destaca la institucionalización de la licitación continua, un mecanismo que elimina los plazos fijos de las convocatorias públicas y permite la recepción de ofertas sobre bloques libres durante todo el año.
Al adecuar las alícuotas a la realidad de cada bloque, el Estado provincial intenta evitar que yacimientos maduros pero productivos queden fuera de operación por costos fiscales inadecuados o arancelamientos uniformes.
En relación con el no convencional en el departamento de Malargüe, el proyecto prevé licencias diferenciadas con plazos de concesión ajustados a horizontes de amortización de entre 10 y 20 años.
La certidumbre jurídica de este marco es condición necesaria para respaldar los desembolsos intensivos en la etapa de delineación de la ventana de crudo pesado y mediano de la formación Vaca Muerta.
La infraestructura, clave para el desarrollo de los proyectos en Mendoza
La confirmación de parámetros comerciales en esta frontera norte determinará la capacidad de la provincia para estabilizar su curva de producción a mediano y largo plazo.
Otro aspecto central del análisis regulatorio es la gestión integral de la infraestructura de evacuación y logística asociada al shale.
El desarrollo no convencional en suelo mendocino enfrenta cuellos de botella operativos que van desde la provisión e inyección de agua para las etapas de estimulación hidráulica hasta el transporte pesado de arenas de fractura.
Al adecuar las alícuotas a la realidad de cada bloque, el Estado provincial intenta evitar que yacimientos maduros pero productivos queden fuera de operación por costos fiscales inadecuados
La reforma legal incorpora criterios específicos para la autorización de obras de transporte, oleoductos secundarios y plantas de tratamiento en Mendoza, facilitando que los inversores privados ejecuten la infraestructura necesaria para evitar la saturación de los sistemas existentes en el sector norte de la Cuenca Neuquina.
Asimismo, la reforma articula el marco ambiental e hidrocarburífero con la regulación de la actividad minera en zonas de convergencia territorial.
La unificación de criterios en la evaluación de impacto y la jerarquización en el uso del suelo buscan eliminar la burocracia derivada de la superposición de jurisdicciones, simplificando los trámites de permisos sin resentir los estándares de sostenibilidad.
Esta convivencia normativa es estratégica en Malargüe, donde coexisten bloques petroleros con proyectos de minerales críticos, exigiendo reglas de juego claras sobre servidumbres, uso de recursos hídricos y desarrollo de caminos compartidos.
En el ámbito de la cadena de valor local, la legislación busca institucionalizar la integración de proveedores de bienes y servicios provinciales a la dinámica no convencional. La brecha tecnológica entre la operación en campos tradicionales y la demanda de ingeniería especializada para el shale representa un desafío clave a responder.
El proyecto establece herramientas de asistencia técnica y preferencia normativa para las pymes locales, con la meta de nivelar sus estándares operativos y evitar la migración de contratos hacia operadoras o prestadoras radicadas fuera de la jurisdicción mendocina.
Finalmente, el acoplamiento con las herramientas del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) a nivel nacional procura dotar a los proyectos de infraestructura y transporte del soporte fiscal, cambiario y aduanero necesario para materializar las operaciones en Mendoza.
