La reciente aprobación del ingreso al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) del ‘Gasoducto dedicado para la Exportación de Gas Natural’, presentado por San Matías Pipeline para el proyecto de Southern Energy, expone el marco necesario para inversiones que, como en este caso, demandarán un desembolso de u$s 1.300 millones.
Este ducto alimentará a los dos buques productores de GNL que se instalarán frente a las costas de Río Negro, en 2027 y 2028, cuya capacidad conjunta de procesamiento de ambas unidades alcanzará las 6 millones de toneladas anuales (MTPA) de GNL, lo que demandará la inyección de 27 millones de metros cúbicos diarios de gas natural provenientes de la cuenca neuquina.
Hacia 2035, se estiman ingresos por exportaciones superiores a los US$ 20.000 millones.
El dato que se ratifica con el reciente anuncio de incorporación al RIGI -anticipado hace 20 días por el ministro de Economía, Luis Caputo- consolida un ecosistema legal diseñado de forma específica para blindar y acelerar los proyectos orientados de manera exclusiva al mercado externo.
No se trata sólo de apuntalar el crecimiento de Vaca Muerta, sino de acompañar con una adecuación de la arquitectura jurídica para la previsibilidad de los proyectos.
El principal pilar de esta estrategia es el RIGI como herramienta operativa, que en el caso muestra cómo funciona su engranaje.
La norma oficializada para la firma San Matías Pipeline evidencia que el Estado nacional estructuró un traje a medida para la exportación a gran escala que se viene adaptando a las particularidades de cada proyecto de gas o petróleo.
Para calificar como Vehículo de Proyecto Único (VPU), la compañía debió modificar su estatuto y limitar su objeto social con un único fin: construir, operar y mantener un ducto de 480 kilómetros destinado de manera exclusiva a alimentar las terminales licuefactoras flotantes en el Golfo San Matías.
Este nivel de especificidad legal demuestra que la normativa ya no busca regular el mercado interno, sino aislar y proteger el flujo exportador de cualquier contingencia doméstica.
El gobierno nacional y los provinciales consolidan un ecosistema legal diseñado de forma específica para blindar y acelerar los proyectos orientados de manera exclusiva al mercado externo.
Este esquema nacional también encuentra un espejo y una amplificación en el plano subnacional. Provincias clave para el desarrollo energético como Neuquén y Chubut, vienen avanzado rápidamente en la adhesión y adecuación de sus propios marcos normativos locales.
El ejemplo más reciente de esta sinergia es la denominada «Ley GNL», sancionada por una amplia mayoría en la Legislatura de Neuquén tras un fuerte impulso del gobernador Rolando Figueroa.
La ley provincial introduce un esquema de regalías diferenciales y progresivas, atadas a la cotización del gas en el mercado asiático (JKM). De esta manera, el estado neuquino acepta flexibilizar la base de cálculo de sus recursos —con un piso del 7,5% que se ajusta según el precio internacional— para viabilizar la rentabilidad de las millonarias inversiones globales que exige el sector antes de su Decisión Final de Inversión (FID).
Si bien se concede un marco de estabilidad fiscal por un plazo de 30 años, la normativa neuquina estableció que cualquier disputa vinculada a reclamos impositivos, liquidación de regalías, cánones o remediación ambiental quedará reservada de manera exclusiva a la jurisdicción de los tribunales ordinarios de la provincia.
Limita así el arbitraje internacional únicamente a los aspectos corporativos y comerciales del negocio.
Del RIGI al Súper RIGI y el debate sobre la industria local
El proceso de blindaje jurídico sumó un nuevo eslabón con la media sanción en la Cámara de Diputados del denominado «Súper RIGI», un proyecto de ley que busca trascender la exportación de materias primas e insumos energéticos en estado puro y apalancar el salto hacia la industrialización de gran escala, en una política de atracción de los grandes capitales.
El Súper RIGI orientado a «Nuevas Industrias» eleva la barrera de entrada al exigir compromisos mínimos de inversión por US$1.000 millones.
Este nuevo esquema no admite modernización ni ampliaciones de plantas existentes sino que solo contempla la radicación green field de actividades tecnológicas, biotecnológicas, de inteligencia artificial o de agregación de valor sobre minerales críticos.
Provincias clave para el desarrollo energético, como Neuquén y Chubut, vienen avanzado rápidamente en la adhesión y adecuación de sus propios marcos normativos locales pea generar una sinergia de inversiones.
Para lograr que los grandes conglomerados globales decidan dar el paso hacia la manufactura en territorio nacional, la arquitectura jurídica debió flexibilizar aún más la presión fiscal.
El Súper RIGI recarga los beneficios del esquema anterior: reduce la alícuota del Impuesto a las Ganancias al 15% -diez puntos menos que el RIGI general-, comprime al 3,5% la carga sobre la distribución de utilidades y consagra la exención absoluta de derechos de importación y exportación para las nuevas cadenas de valor.
Este despliegue de exenciones tributarias busca compensar las históricas asimetrías de competitividad de la Argentina frente a otras plazas de la región, blindando los retornos financieros durante un plazo de estabilidad regulatoria garantizado por tres décadas.
Se convalida la idea de que el motor de la economía que se proyecta no sólo el potencial Vaca Muerta, el Triángulo del Litio o los prófidos de cobre sino también la ingeniería legal.
