Las mesas de trabajo reafirmaron la decisión política de cobrar peaje en el tramo norte de la Hidrovía. Sin precisiones sobre la concesión de la gestión.
Con un nuevo escenario bilateral, Argentina y Paraguay retomaron la negociación en la disputa que mantienen desde fines de 2022 por el pago del peaje en el tramo norte de la Hidrovía.
Las últimas semanas registraron fuertes movimientos alrededor de la Hidrovía, el canal por el que transita el 80% del comercio exterior argentino y una parte considerable del regional. Mientras se analiza cómo seguirá la concesión local, hoy en manos de una empresa estatal pero a cargo de empresas privadas en el costado operativo, Cancillería avanzó en la negociación con Paraguay por el cobro del peaje.
Consciente de la necesidad de sumar ingresos fiscales, el gobierno reafirmó la legalidad del peaje que reclama Argentina al resto de la región, pero dejó abierta la posibilidad de iniciar una mesa de diálogo en torno de la cifra, establecida desde enero de 2023 en 1,47 dólares por TRN de carga.
Si bien el cobro comenzó el año pasado, las obras en el tramo norte de la Hidrovía (desde el punto denominado Confluencia, cerca de Chaco, hasta Santa Fe) se hacen en forma sostenida desde 2010, cuando Argentina incluyó en su contrato con la empresa privada Hidrovía S.A. dicho tramo, que hasta ese entonces estaba fuera de concesión y presentaba serias deficiencias.
Desde entonces, los gastos de mantenimiento del dragado y especialmente del balizamiento –en la zona, lo más común es adaptar la señalización al curso del río, que siempre es cambiante, en vez de dragar para mantener un canal fijo- fueron costeados por el Estado argentino.
Cuando se inició el cobro, la administración de Alberto Fernández se chocó con la resistencia de Paraguay –principal usuario de la vía por su enorme flota fluvial-, y en menor medida del resto de la región. El conflicto escaló en términos políticos, y llegó a diciembre sin una resolución clara.
Las mesas técnicas confirmaron la existencia y realización de las obras, así como los costos derivados de las mismas, con una conclusión firmada por los expertos de toda la región. Con esa discusión saldada, Argentina busca cerrar el conflicto.
A lo largo del año pasado, el por entonces flamante gobierno de Santiago Peña recomendó a los armadores de su país no pagar la tasa que se reclamaba por los servicios. Esa deuda llevó a medidas judiciales de embargo de los buques, que se dieron en dos ocasiones puntuales para exigir lo adeudado por dicho concepto.
La tensión bilateral creció y se extendió a otras áreas, como el sector energético, con declaraciones cruzadas entre ambos gobiernos.
En septiembre, Argentina abrió un compás de espera: durante 60 días no impulsaría nuevos reclamos judiciales por las deudas, lo que permitía a Paraguay seguir sin pagar. Mientras tanto, se realizaría una discusión técnica sobre las mejoras aplicadas a la navegación por parte del concesionario argentino.
En caso de resolución, las navieras de los países vecinos deberían saldar lo adeudado.
Esas mesas técnicas confirmaron la existencia y realización de las obras, así como los costos derivados de las mismas, con una conclusión firmada por los expertos de toda la región. Con esa discusión saldada, Argentina busca cerrar el conflicto.
Nuevo gobierno, misma postura por el peaje en la Hidrovía
El primer paso en la nueva negociación lo dio la Canciller argentina Diana Mondino durante su paso por Asunción, donde participó de la cumbre de ministros de Exteriores del Mercosur. Allí se reunió con su par de Paraguay, Rubén Ramírez Lezcano, y delinearon los términos generales del nuevo acuerdo.
«Hay que redefinir toda la hidrovía y Paraguay tiene que pagar por el servicio. No cabe duda de que Paraguay tiene que pagar», dijo la titular del Palacio San Martín. El mensaje fue claro, y tuvo repercusiones en los despachos de Asunción.
A lo largo del año pasado, el por entonces flamante gobierno de Santiago Peña recomendó a los armadores de su país no pagar la tasa que se reclamaba por los servicios. Esa deuda llevó a medidas judiciales de embargo de los buques, que se dieron en dos ocasiones puntuales para exigir lo adeudado por dicho concepto.
En Cancillería se cuidaron especialmente de utilizar la palabra peaje. Sucede que mientras que el tratado de la Hidrovía –el acuerdo de reglas sobre cómo manejar la navegación a nivel Mercosur- impide la creación de nuevos impuestos, Argentina señala que lo que busca cobrar es una tasa retributiva.
La diferencia, técnica, es esencial. La tasa retributiva hace referencia al pago de servicios ya prestados –y se comprobó que Argentina los realiza-, mientras que el peaje se podría tomar como una nueva imposición tributaria a la región.
Los contactos bilaterales siguieron a lo largo del mes, con reuniones del grupo técnico de Paraguay, y se dio por finalizada la discusión sobre la existencia de las obras que justifican el cobro del peaje. “Las obras existen y ayudan a la navegación. Y tienen un costo”, señalan desde el lado argentino.
Una de las claves para resolver la trabada negociación es haber separado la disputa por la vía navegable de Yacyretá. Cabe recordar que en septiembre del año pasado, cuando Argentina avanzaba con el embargo de buques de bandera paraguaya y la tensión política llegaba a su pico máximo, Paraguay anunció que retiraría toda la energía disponible de la represa binacional –de la que históricamente cedió su cuota a nuestro país- como retaliación.
Si bien la postura argentina es similar a la que se planteó durante el año pasado por parte de Sergio Massa, el clima entre ambos países es inverso.
Hoy Santiago Peña es uno de los principales aliados regionales del presidente argentino, y la sintonía entre ambos es palpable. Pese a eso, a Peña también le tocó escuchar una frase que el gobierno argentino repite como un mantra: “no hay plata”.
¿Qué pasa con la concesión de la Hidrovía?
El nuevo gobierno nacional se propuso cerrar cuanto antes el debate sobre el peaje en la Hidrovía Paraná-Paraguay buscando destrabar el resto de la agenda bilateral con un socio político de la región.
Mientras tanto, no hubo precisiones sobre quién será el encargado del mantenimiento de la autopista fluvial por la que circula el 80% del comercio exterior argentino.
Desde 2021, la concesión está a cargo de la Administración General de Puertos –que coordina las nuevas obras y la dirección, contratando a empresas privadas para la parte operativa-, tras el vencimiento de la etapa privada que había comenzado en 1994 a cargo de la empresa Hidrovía S.A.
Con el recambio gubernamental, la presión del sector privado para avanzar en una nueva licitación para concesión privada recobró fuerza, lo que representaría un virtual auto control, pero el Gobierno todavía estaría analizando las distintas alternativas.
Acuerdo con Estados Unidos
En otra coincidencia con la gestión de Santiago Peña, Argentina avanzó en la firma de un convenio bilateral con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (USACE, por su sigla en inglés).
El memorándum de entendimiento firmado entre la empresa estatal a cargo de la Hidrovía (la Administración General de Puertos) y los ingenieros estadounidenses apunta al intercambio de información y capacitaciones cruzadas.
USACE administra la Hidrovía del río Misisipi en Estados Unidos, que comparte con la vía argentina ser una de las de mayor extensión del mundo. Además, los técnicos norteamericanos colaboran en distintas obras de infraestructura y proyectos de desarrollo de vías navegables en distintos países.
En oficinas gubernamentales afirman que la firma del memorándum, que generó revuelo en distintos sectores políticos, no implica la presencia de tropas norteamericanas en la vía navegable, y tiene fines meramente técnicos.
Del convenio participó el embajador de Estados Unidos en Argentina, Marc Stanley, junto al representante del cuerpo de ingenieros. Por el lado argentino estuvieron el interventor de la AGP, Gastón Benvenuto, y el Secretario de empresas y sociedades del estado de la Jefatura de Gabinete de la Nación, Mauricio Gonzalez Botto.
En el 2019, Paraguay también firmó un convenio con el mismo organismo norteamericano. En este caso, para analizar el río y desarrollar un modelo de Hidrovía como el argentino, pero para su tramo soberano de la Hidrovía Paraguay-Paraná, actualmente con un nivel insuficiente e intermitente de mantenimiento en cuanto a dragado y balizamiento.
Ese proyecto, que sí estimaba la presencia de los técnicos extranjeros en Paraguay, implicaba además que estuvieran haciendo estudios sobre el río en el tramo compartido con Argentina –donde confluyen el río Paraguay y el Paraná-, a cargo de la comisión mixta argentino paraguaya del río Paraná (COMIP). Por ese motivo, Argentina protestó ante Paraguay, que dio de baja la iniciativa.
