La decisión busca sostener el proceso de normalización del mercado energético mientras continúan las reformas regulatorias, las inversiones en infraestructura y la recomposición financiera del sector. La medida también procura coordinar el funcionamiento del sistema con el esquema vigente para el gas natural.
El Gobierno nacional resolvió extender hasta el 31 de diciembre de 2027 la emergencia del sistema eléctrico nacional.
La medida alcanza las actividades de generación, transporte y distribución de energía eléctrica bajo jurisdicción federal.
La decisión quedó formalizada mediante el Decreto 585/2026, publicado en el Boletín Oficial, con el objetivo de preservar la continuidad del servicio y sostener el proceso de reorganización que atraviesa el mercado eléctrico.
El Gobierno considera necesario conservar las facultades extraordinarias para evitar que una interrupción del esquema vigente afecte la prestación del servicio o el equilibrio financiero del mercado.
La prórroga responde, según el Ejecutivo, a la persistencia de riesgos técnicos, económicos y operativos que todavía condicionan el funcionamiento del sistema.
En ese marco, la continuidad del régimen excepcional busca evitar desequilibrios regulatorios, problemas financieros y eventuales inconvenientes en el abastecimiento de electricidad mientras avanzan las medidas de normalización.
La emergencia había sido declarada originalmente a fines de 2023 y posteriormente renovada mediante los decretos 1023/24 y 370/25. Con la nueva disposición, el plazo de vigencia del régimen eléctrico queda alineado con el ya establecido para el transporte y la distribución de gas natural, considerando la estrecha relación operativa entre ambos sectores.
El sistema eléctrico nacional y el mercado del gas
Uno de los principales argumentos del decreto es la necesidad de administrar de manera conjunta los sistemas eléctrico y gasífero.
El gas natural continúa siendo el principal combustible utilizado por las centrales térmicas, por lo que cualquier modificación en su disponibilidad o en las condiciones de transporte impacta directamente sobre la generación de electricidad.
En ese contexto, la reciente reorganización del sistema de transporte de gas, implementada desde mayo de 2026, obliga a adecuar la programación y el despacho de energía en función de las nuevas capacidades disponibles.
Por ese motivo, el decreto instruye a los organismos competentes a coordinar la planificación operativa para garantizar la seguridad del abastecimiento.
La decisión también contempla la necesidad de mantener mecanismos que permitan responder con rapidez ante eventuales contingencias durante los períodos de mayor demanda, preservando la estabilidad del sistema eléctrico nacional.
Reformas para consolidar el Mercado Eléctrico Mayorista
Durante los últimos años, el sector energético avanzó en un proceso de transformación que incluyó cambios regulatorios, actualización de tarifasy programas específicos destinados a fortalecer la confiabilidad del sistema.
Sin embargo, las autoridades consideran que todavía subsisten vulnerabilidades estructurales que justifican mantener el esquema de emergencia.
En ese proceso, la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía continúa desempeñando un rol central en la planificación de las obras de la Red Nacional de Interconexión y en la definición de las normas que regulan el funcionamiento del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).
A partir de noviembre de 2025 comenzaron a regir nuevas reglas para el MEM, orientadas a profundizar la competencia entre los actores del mercado, mejorar la transparencia en la formación de precios e incentivar una mayor participación del sector privado mediante contratos bilaterales y nuevos mecanismos de remuneración de energía y potencia.
El régimen eléctrico federal, establecido por la Ley N° 15.336 y complementado por la Ley N° 24.065, mantiene la consideración de servicio público para las actividades de transporte y distribución, mientras que la generación destinada al abastecimiento de ese servicio conserva su carácter de interés general.
Infraestructura, subsidios y sostenibilidad financiera
La emergencia energética fue implementada inicialmente debido al deterioro que presentaba el sistema en materia de infraestructura, las restricciones en la capacidad de transporte y el fuerte desequilibrio financiero que afectaba al mercado eléctrico.
Uno de los indicadores utilizados por el Gobierno para justificar la continuidad del régimen es la evolución de la cadena de pagos administrada por CAMMESA.
De acuerdo con la información oficial, la cobrabilidad pasó del 48% registrado en diciembre de 2023 al 97% luego de la recomposición tarifaria y de la implementación de distintos mecanismos de regularización.
No obstante, el Ejecutivo advierte que una eventual pérdida de disciplina en los pagos podría comprometer nuevamente el equilibrio financiero del sistema.
Entre las prioridades para los próximos meses figuran la ampliación de las redes de alta tensión, el desarrollo de sistemas de almacenamiento y la incorporación de servicios de reserva operativa que permitan aumentar la flexibilidad de la red y reducir los riesgos en los puntos más sensibles del sistema.
Otro de los ejes de la política energética es continuar disminuyendo la diferencia entre el Precio Estacional (PEST) y el costo real de abastecimiento del MEM. Según datos oficiales, en mayo de 2026 el precio abonado por los usuarios residenciales subsidiados representaba apenas el 24% del valor de referencia.
En paralelo, el Gobierno sostiene la implementación del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), creado por el Decreto N° 943/25, con el propósito de concentrar la asistencia en los sectores que la requieren y reducir progresivamente los subsidios generalizados.
