El proyecto de ley que establece un nuevo Régimen de Cabotaje, Marina Mercante y Admisión Temporaria de buques consiguió dictamen favorable en la Cámara Alta, aunque todavía no existe una fecha confirmada para su votación. El rechazo de los gremios y cámaras navieras.
El proyecto de ley que impulsa cambios al sistema de cabotaje portuario argentino logró dictamen en el Senado, donde el trámite legislativo continuará. Con un costo menor, mayor eficiencia y seguridad que las alternativas del tren y el camión, el transporte por vía fluvial es una alternativa reclamada especialmente por sectores como el forestal y las economías regionales del norte.
La iniciativa contó con el respaldo de gobernadores del Norte Grande, que consensuaron sus principales lineamientos con el Gobierno nacional.
Sin embargo, su avance parlamentario abrió un fuerte frente de resistencia entre los sindicatos marítimos, las empresas navieras nacionales y la industria naval argentina, que advierten sobre sus consecuencias para el empleo, la flota mercante y la capacidad logística del país.
El proyecto ingresó formalmente al Senado el 20 de octubre de 2026 y fue girado a las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Presupuesto y Hacienda.
El 28 de octubre comenzó su tratamiento en un plenario conjunto, donde también se analizó una iniciativa alternativa presentada por el senador chaqueño Jorge Capitanich y otros legisladores, que propone establecer un Régimen Especial Temporal para el Fortalecimiento del Cabotaje Nacional (RETCAN).
Empresarios y representantes sindicales cuestionaron que, sin condiciones equivalentes de competencia, la reforma pueda dejar el mercado expuesto al predominio de flotas extranjeras
Las dificultades iniciales para reunir las firmas necesarias demoraron el despacho parlamentario, cuya obtención se destrabó posteriormente mediante negociaciones entre legisladores, gobernadores y representantes del Ejecutivo, mientras que los senadores Jorge Capitanich y José Emilio Neder, de Chaco y Santiago del Estero, respectivamente, presentaron un dictamen de minoría.
Qué dice el proyecto de cabotaje
La propuesta busca «ampliar la participación de embarcaciones en el transporte de cargas entre puertos argentinos, habilitando el ingreso de buques de bandera extranjera mediante un régimen de admisión temporaria», y previa notificación.
No obstante, el nuevo régimen no alcanzará a las actividades de la pesca extractiva, el transporte de combustibles, el remolque de maniobra y el practicaje.

También establece que las tripulaciones de las embarcaciones extranjeras autorizadas se regirán por la legislación de su país de bandera y los estándares internacionales correspondientes.
Buscando incentivar la recuperación de inversiones en la marina mercante argentina, se establece la amortización acelerada de inversiones y una alícuota del 25% en el Impuesto a las Ganancias para operadores que desarrollen habitualmente actividades de cabotaje.
Asimismo, incorpora modificaciones aduaneras destinadas a simplificar el movimiento de contenedores, el régimen de removido y la documentación de embarque en puertos del interior.
Desde el Gobierno y las provincias promotoras sostienen que la apertura permitirá reducir los costos logísticos, ampliar la oferta de transporte fluvial y marítimo y disminuir la dependencia del camión en los recorridos de larga distancia.
Carolina Moisés explicó que el proyecto pretende beneficiar también a las provincias que no tienen puertos propios, particularmente las economías regionales del Norte Grande.
Rechazo de gremios y empresarios
Sin embargo, el principal obstáculo político y sectorial está en el rechazo de los propios actores de la actividad marítima argentina. La Federación Sindical Marítima y Fluvial (FESIMAF) declaró el estado de alerta permanente y movilización frente al avance de la iniciativa.
Las organizaciones sindicales advirtieron que la apertura profundizaría la extranjerización del transporte por agua y pondría en riesgo los puestos de trabajo argentinos, las empresas nacionales, la industria naval y la soberanía logística.

Los gremios sostienen que no se oponen a mejorar la eficiencia y competitividad, pero cuestionan que se pretenda alcanzar esos objetivos mediante una mayor participación de embarcaciones extranjeras sin resolver previamente las desventajas tributarias, laborales y operativas que enfrenta la flota nacional.
El rechazo también alcanza al sector empresario. La Federación de Empresas Navieras Argentinas (FENA), a través de su representante José Pablo Elverdin, cuestionó durante el debate parlamentario que la apertura del cabotaje, por sí sola, pueda recuperar la competitividad de la actividad.
El empresario señaló que los armadores argentinos soportan una carga impositiva y social considerablemente superior a la de sus competidores regionales.
La propuesta busca ampliar la participación de embarcaciones en el transporte de cargas entre puertos argentinos, habilitando el ingreso de buques de bandera extranjera mediante un régimen de admisión temporaria.
Como referencia, mencionó una carga tributaria cercana al 35% en Argentina, frente al 10% en Paraguay, mientras que el proyecto propone reducirla al 25%.
Para FENA, esa modificación no alcanza para corregir las diferencias estructurales y existe el riesgo de que el mercado termine beneficiando principalmente a operadores extranjeros. La entidad presentó propuestas de modificaciones al texto que se encuentra bajo análisis legislativo.
En la misma dirección se pronunció la Cámara de la Industria Naval de Mar del Plata, presidida por Domingo J. Contessi. La entidad advirtió que permitir el ingreso temporario de buques extranjeros sin derechos de importación ni límites de antigüedad generaría condiciones de competencia desigual frente a las embarcaciones nacionales.

También cuestionó que no se resuelvan las asimetrías que impulsaron a numerosos armadores a registrar sus barcos bajo banderas de conveniencia, particularmente la paraguaya.
La Cámara sostuvo que la iniciativa podría desalentar la construcción y reparación de embarcaciones en astilleros y talleres argentinos, y reclamó revisar el proyecto, convocar a los sectores involucrados y vincular los beneficios fiscales con inversiones efectivas en construcción naval nacional.
El tablero geopolítico se cuela en la discusión
La polémica adquiere una dimensión adicional por las consecuencias geopolíticas y comerciales que podría generar la apertura.
En el sector naviero existen advertencias sobre la posibilidad de que operadores extranjeros, particularmente de Paraguay y China, incrementen su participación en el transporte de cargas argentinas. Empresarios y representantes sindicales cuestionaron que, sin condiciones equivalentes de competencia, la reforma pueda dejar el mercado expuesto al predominio de flotas extranjeras.
La discusión sobre China se vincula con la capacidad de expansión de sus operadores marítimos y con el riesgo de una mayor dependencia externa para el movimiento de cargas estratégicas.
Se trata de una preocupación expresada por sectores críticos de la iniciativa, no de una consecuencia establecida por el texto legislativo.
Mientras el oficialismo busca avanzar con una reforma que promete reducir costos y ampliar alternativas de transporte, las navieras y los trabajadores reclaman modificaciones que garanticen condiciones de competencia equilibradas y preserven una Marina Mercante argentina con capacidad operativa propia.







