Según trascendió en la previa a la apertura de sobres, las compañías de Jorge Brito y los hermanos Neuss habrían presentado la oferta más competitiva para hacerse con la participación de ENARSA.
El Gobierno nacional avanzará con la apertura de sobres económicos para la venta de la participación estatal en Transener, con lo que el proceso para transferir al sector privado una porción estratégica del sistema eléctrico entra en su fase final.
Hoy, el 50% de Citelec, la controlante de la transportadora eléctrica, está en manos de ENARSA. La otra mitad del capital accionario continúa bajo control de Pampa Energía, liderada por Marcelo Mindlin.
De acuerdo con información relevada en el sector, la propuesta con mayores probabilidades de imponerse sería la presentada de manera conjunta por Edison Energía y Genneia.
Diversas fuentes coinciden en que su oferta económica conjunta de la compañía de los hermanos Neuss y la energías renovables que conduce Jorge Brito se ubicaría por encima de las alternativas presentadas por Central Puerto y Edenor.
En el corazón de la operación se encuentra Transener, responsable de operar la mayor parte de la red de alta tensión del país.
La confirmación oficial se conocerá tras la apertura de sobres, en lo que constituye una de las operaciones más relevantes impulsadas por la administración de Javier Milei en materia energética.
Una apuesta por expandirse en el negocio eléctrico
De concretarse la adjudicación, Edison Energía consolidaría su posicionamiento en el mercado. El holding, estructurado recientemente por los hermanos Juan Neuss y Patricio Neuss, ya cuenta con presencia en distintos segmentos del sector.
Entre sus activos se destacan participaciones en transporte eléctrico a través de Litsa, operaciones de distribución como Edersa en Río Negro y la titularidad de centrales hidroeléctricas como Alicurá y Planicie Banderita, incorporadas en el marco del proceso de reconcesión reciente.
La sociedad con Genneia refuerza el perfil estratégico de la oferta. La compañía, presidida por Jorge Brito, es actualmente el principal actor en generación renovable del país. Su eventual desembarco en Citelec implicaría diversificar su actividad hacia el transporte eléctrico, un segmento clave para sostener la expansión del sistema.
Este eslabón, de hecho, aparece como uno de los principales límites para el crecimiento del sector, en un contexto donde la incorporación de nueva generación —tanto térmica como renovable— exige redes más robustas.
Transener, una pieza central del sistema
En el corazón de la operación se encuentra Transener, responsable de operar la mayor parte de la red de alta tensión del país. A través de Citelec, se controla el 52,65% de su capital accionario, lo que otorga influencia directa sobre la infraestructura troncal.
El rol de Transener es estratégico: su red vincula los principales polos de generación con los centros de consumo, garantizando la estabilidad del sistema eléctrico nacional. Además, la estructura incluye participaciones en Transba —encargada del transporte en la provincia de Buenos Aires— y en Transener Internacional, con operaciones en Brasil.
Desde el punto de vista económico, la compañía presenta resultados sólidos, con un EBITDA superior a los 200 millones de dólares anuales. Este desempeño la convierte en un activo altamente atractivo dentro del esquema de privatización.
Un proceso ordenado y sin impugnaciones
La etapa técnica del concurso se desarrolló sin sobresaltos. La comisión evaluadora verificó el cumplimiento de los requisitos por parte de los oferentes y solicitó correcciones formales que fueron respondidas en tiempo y forma.
Un dato relevante es que el dictamen de preselección no recibió objeciones, lo que permitió avanzar hacia la instancia económica sin conflictos. Este aspecto es valorado por el Gobierno, que busca transmitir previsibilidad y transparencia en un contexto de apertura al capital privado.
Segmentación y nueva estrategia estatal
La venta de Citelec forma parte de la primera fase de desinversión de ENARSA, habilitada por el Decreto 286/2025. El esquema adoptado por el Ejecutivo se basa en la segmentación de activos, con el objetivo de ordenar el proceso y garantizar la continuidad de los servicios.
Bajo este enfoque, se promueve la participación privada en áreas consideradas aptas para la inversión, mientras que el Estado mantiene el control sobre activos críticos. Un ejemplo de esta lógica es la decisión de preservar bajo gestión pública las represas del río Santa Cruz.
