El debate sobre la distribución territorial de las subvenciones a los servicios públicos en la Argentina volvió a ubicarse en el centro de la agenda tarifaria e institucional, generando diferencias y acercamientos entre gobernadores y el Gobierno nacional. Una nueva grieta asoma entre aquellas provincias que defienden un beneficio, y otras que apoyan un recorte a cambio de lograr lo propio.
Parece un juego de palabras, pero la discusión que se está dando estas semanas en lo más alto del poder político y legislativo contrapone dos zonas de matriz climática y socioeconómica en un territorio por demás extenso y diverso.
Por un lado, de consumo de gas para calefacción en zonas de bajas temperaturas y por otro de electricidad para refrigeración en las provincias de altas temperaturas.
Una nueva grieta asoma entre aquellas provincias que defienden un beneficio, y otras que apoyan un recorte a cambio de lograr un beneficio propio.
El Poder Ejecutivo busca la aprobación en el Senado del proyecto de ley que retrotrae los beneficios de la Zona Fría (Ley 27.637) al perímetro patagónico original, eliminando los subsidios al gas para más de tres millones de usuarios del centro del país y quitando la subvención sobre el cargo fijo.
Esta medida representa un ahorro fiscal directo estimado en más de 250.000 millones de pesos anuales.
Los senadores del norte condicionaron sus votos para aprobar el recorte a la Zona Fría a que la Casa Rosada resuelva la demanda histórica de las zonas cálidas.
El compromiso anunciado que debería trasladarse al Congreso es que, tras la sanción de la reducción de subsidios a los distritos del centro sur del país, el Ejecutivo emitirá una resolución para elevar de 300 kWh a 550 kWh el tope de consumo eléctrico subsidiado durante el verano.
Así, la reducción del esquema de Zona Fría afecta principalmente a distritos de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Cuyo, mientras que el beneficio del nuevo tope de consumo eléctrico favorece de manera directa a diez provincias del NOA y NEA.
El Régimen de Zona Fría se estructuró históricamente para subsidiar el consumo de gas natural y de red en las regiones patagónicas.
En 2021, la sanción de la Ley 27.637 amplió este beneficio a más de tres millones de usuarios en el centro del país (incluyendo el interior bonaerense, Mendoza, San Juan y sectores de Córdoba y Santa Fe), aplicando descuentos del 30% al 50% en los cuadros tarifarios.
Este sistema se articuló mediante el Fondo Fiduciario para Consumos Residenciales de Gas, financiado con un recargo en el precio del PIST (Punto de Ingreso al Sistema de Transporte) abonado por la totalidad de los usuarios del país.
Los argumentos del gobierno y el pedido de gobernadores por las zonas cálidas
Un punto que revela la primera inequidad a la que recurre el gobierno para apurar su revisión, y que le sigue a otra que es la universalidad del beneficio sin importar el nivel de ingresos y capacidad de pago, ya que sólo reconoce el punto geografico que habita.
La reducción del esquema de Zona Fría afecta a distritos de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Cuyo, mientras que el tope de consumo eléctrico favorece de manera a diez provincias del NOA y NEA.
Pero, además, desde la Secretaría de Energía y el Gobierno Nacional se considera que la norma sancionada en 2021 constituye una distorsión del esquema tarifario, bajo la premisa de que incluyó regiones cuyos requerimientos térmicos no justifican el beneficio y generó una transferencia cruzada en la que usuarios de menores recursos de zonas no subsidiadas terminan financiado a sectores de mayores ingresos en distritos de clima templado.
Con base en este diagnóstico, el Poder Ejecutivo impulsó un proyecto de ley con el objetivo de retornar al perímetro geográfico original circunscrito a la Patagonia.
Asimismo, la postura oficial sostiene la necesidad de eliminar los subsidios sobre el cargo fijo —considerando que este costo debe mantenerse uniforme a nivel nacional— y focalizar la asistencia exclusivamente sobre los volúmenes de consumo efectivo en las regiones de frío extremo.
Frente al reordenamiento del mercado del gas, los gobernadores de las provincias del NOA y NEA —junto con departamentos del norte de Santa Fe y Entre Ríos— consolidaron un bloque de negociación para establecer un tratamiento equivalente denominado Zona Cálida.
El planteo de los distritos del norte no se enfoca en el gas, sino en el consumo intensivo de energía eléctrica durante los meses estivales, comprendidos entre noviembre y marzo.
Mientras que el esquema de Zona Fría se sustenta en recargos fiduciarios sobre las facturas de gas, la propuesta para las zonas cálidas contempla un ajuste en los bloques de consumo asistido en el marco de la segmentación energética.
El Ejecutivo impulsó retornar al perímetro geográfico original de zona fría circunscrito a la Patagonia. Asimismo, la postura oficial sostiene la necesidad de eliminar los subsidios sobre el cargo fijo.
Las tratativas entre los mandatarios provinciales, la Jefatura de Gabinete, el Ministerio de Economía y la autoridad energética nacional derivaron en un principio de acuerdo para adaptar las resoluciones de consumo.
La posición del Palacio de Hacienda y de la cartera energética enfatiza que este beneficio no aplicará de manera generalizada, sino únicamente para los usuarios segmentados en los niveles de menores ingresos, excluyendo a los hogares que superen el equivalente a tres canastas básicas de ingreso.
Las provincias argumentan que la refrigeración en contextos de calor extremo representa una demanda biológica e insumo de salud pública, debido a la ausencia de sustitutos energéticos alternativos al aire acondicionado cuando las temperaturas superan los 40 °C.
Por su parte, la administración nacional justifica la readecuación bajo el criterio de otorgar racionalidad a la asignación de partidas públicas, restringiendo los aportes del Tesoro Nacional únicamente a los bloques de consumo crítico.
La tensión del debate tarifario expone las diferencias históricas en la penetración de las infraestructuras de red.
Mientras que las provincias del sur y del centro defienden la continuidad de las compensaciones al gas por el costo de la calefacción, las provincias del norte argumentan una menor cobertura histórica de gas natural por habitante, lo que fuerza a sus poblaciones a encauzar la mayor parte de su requerimiento energético a través de la red eléctrica.
Las próximas definiciones legislativas y regulatorias determinarán si la política tarifaria avanzará hacia un modelo de subsidios estrictamente focalizados por nivel socioeconómico o si se mantendrá una estructura de compensaciones por segmentación geográfica.
