Los miles de megawatts de capacidad instalada alcanzados en diez años para la generación eléctrica, ya sea en fuentes térmicas o renovables, es la evidencia de que se pueden generar condiciones adecuadas, aún en la economía argentina, para que se produzca una inversión importante en materia de transporte de energía del sistema eléctrico, que es hoy la limitante de un desarrollo mayor.
El Gobierno nacional parece haber tomado nota del reclamo del sector eléctrico que tiene proyectos paralizados en distintos puntos del país por más de US$10.000 millones en distintas tecnologías, muchos de los cuales podrían destrabarse de contar con la disponibilidad de acceso a la red.
La reacción fue la difusión de un listado de obras prioritarias en todo el país para mitigar cuellos de botella y fortalecer el sistema con obras que serán financiadas por empresas privadas, a través de la concesión de obra.
El plan incluye la incorporación 5.610 nuevos kilómetros de líneas, un 38.3% más que el actual, con una inversión de más 6.600 millones de dólares que permitirá asegurar el buen funcionamiento del Sistema Argentino de Interconexión (SADI), mitigar los cortes de servicio y aliviar los cuello de botella producidos por la falta de inversiones acumulada en décadas.
Pero además del anuncio, que en realidad no es otra cosa que un copy-paste del listado de obras que la industria identifica como prioritarias para la ampliación de la red de transporte hace cinco años y que luego formó parte del Plan Nacional de Expansión del Transporte Eléctrico 2035 presentado en diciembre de 2022, requiere de una serie de normativas regulatorias clave, sin las cuales la industria no considera viable desembolsar los miles de millones en cuestión.
Además del anuncio de las obras prioritarias de transmisión eléctrica, se requiere de una serie de normativas regulatorias clave, sin las cuales la industria no considera viable desembolsar los miles de millones en cuestión.
Se trata de inversiones de muy largo plazo de recupero para lo cual la estabilidad económica ayuda a que estas obras se puedan hacer, pero tanto o más fundamental que eso es que para poder expandir las líneas de transmisión, lo que se requiere es la regulación de los monopolios naturales, es decir dejar en claro cómo se accede al sistema, cómo la tarifa que generaría ese nuevo servicio va a ser pagada en el tiempo y como se le va a trasladar al usuario final, explicó un ejecutivo del sector.
Con la estabilidad a largo plazo y esa visibilidad regulatoria una empresa privada puede tener un escenario claro de cómo puede financiar las obras.
En ese marco, consideran un buen inicio de la Secretaría de Energía que permite analizar un nuevo esquema que fortalezca la competencia por el mercado eléctrico argentino.
Los tres componentes del sistema eléctrico
Es decir, el sistema eléctrico tiene tres componentes esenciales, la generación, el transporte y la distribución. El primero es un mercado muy competitivo con muchos actores actuando en el mercado y que se demostró eficiente, pero el transporte y la distribución son monopolio natural localizado, porque nadie va a construir un doble cableado para competir.
Pero en particular la regulación del transporte eléctrico en los últimos 30 años no incentivó la expansión de la red y a falta de inversiones durante las últimas décadas del Estado nacional que se reservó esa potestad, hoy se producen los cuellos de botella que no permiten sumar nuevas obras de generación por falta de capacidad y ante el crecimiento de la demanda se produce una sobreexigencia del sistema que explica los cortes reiterados de luz.
Lo que se requiere es la regulación de los monopolios naturales, es decir dejar en claro cómo se accede al sistema, cómo la tarifa que generaría ese nuevo servicio va a ser pagada en el tiempo y como se le va a trasladar al usuario final.
Por estas condiciones de mercado es que en la industria se considera que la respuesta al problema del transporte eléctrico hoy se transformó en una cuestión regulatoria que el Gobierno nacional tendrá que adecuar con resoluciones específicas antes de llamar a licitación para cualquiera de las quince obras identificadas como prioritarias.
Esos mismos actores privados aseguran que hay interesados en hacer esas inversiones enunciadas, de hecho se hicieron en el segmento de generación en peores condiciones del contexto macroeconómico y con mayores dificultades para el financiamiento, pero las obras se planificaron y se concretaron casi en su totalidad con los incentivos adecuados, que no fue otra cosa que la regulación necesaria para hacer creíble el repago de largo plazo.
Esa fortaleza y transparencia en las garantías repercute en la calidad de la inversión y de los desarrolladores, ya que el que viene a competir tiene más capacidad financiera, más capacidad tecnológica lo que termina repercutiendo en menor tarifa para el usuario final.
Así, en tres o cuatro años se podría tener una expansión de línea de transmisión que en los últimos 35 años no hubo, con lo cual el impacto puede ser dramático.
