El mercado de los combustibles en la Argentina atraviesa una encrucijada caracterizada por la tensión entre los precios internacionales del petróleo, la política fiscal sobre el consumo y la rentabilidad del sector expendedor. El consumidor responde con ventas a la baja como reacción a la macroeconomia que golpea y precios que no volvieron a reacomodarse.
Es que el complejo mundo del surtidor lejos de responder a una sola variable, tiene desde el vamos la formación del precio por litro de nafta —que alcanza los $ 2.050 promedio— que expone la compleja arquitectura impositiva del país, así como las distorsiones derivadas del diferimiento de la actualización de las alícuotas específicas.
La estructura tributaria representa una porción sustancial del valor final que pagan los usuarios. De acuerdo con los datos del sector, el 34% del precio de venta al público corresponde a componentes impositivos, mientras que el 66% restante ($ 1.343,43) constituye el valor neto sin impuestos, destinado a cubrir los costos de producción, refinación, transporte, comercialización y el margen de rentabilidad.
La estructura tributaria representa una porción sustancial del valor final que pagan los usuarios. El 34% del precio de venta al público corresponde a componentes impositivos
En el desglose de los impuestos nacionales internos, el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) aporta $ 387,70 por litro y el Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC) representa $23,75, sumando entre ambos el 20,2\% del precio final ($ 411,45).
A esto se le adiciona el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 21%, que incide con $ 282,12 por litro (13,8% del total). En términos prácticos, de cada $ 100 que desembolsa un usuario en la estación de servicio, $ 34 ingresan directamente a las arcas fiscales.
El esquema fiscal de los combustibles fue diseñado para actualizarse trimestralmente sobre la base de la variación del Índice de Precios al Consumidor.
Sin embargo, la aplicación recurrente de postergaciones e incrementos parciales por parte del Poder Ejecutivo para mitigar la presión sobre la inflación general provocó un atraso acumulado de unos u$s2.000 millones en 2025.
Este desacople genera una doble consecuencia. Por un lado, el Estado nacional resigna una recaudación corriente significativa al no actualizar la suma fija por litro en tiempo y forma. Por otro lado, disminuye el flujo de fondos que por ley deben asignarse a destinos específicos, principalmente el Fideicomiso de Infraestructura Vial.
La brecha en los recursos tributarios impacta de forma directa en el mantenimiento y la ampliación de la red de rutas nacionales, incidiendo en los costos del transporte de cargas, no sólo por el atraso de la alícuota sino por el convencimiento de la actual gestión de que lo privado debe intervenir en el desarrollo de obras de infraestructura.
El tema es motivo de reclamo judicial y de los ministros de obras públicas de varias provincias afectadas.
La postergación recurrente e incrementos parciales de impuestoa los combustibles para mitigar la presión sobre la inflación general provocó un atraso acumulado de unos u$s2.000 millones en 2025.
El impacto de esta paralización presupuestaria ya se traduce en una pronunciada degradación de la red vial nacional, donde la suspensión de los planes de bacheo, señalización y mantenimiento básico es un germen para la mayor siniestralidad.
Frente al deterioro de la calzada en corredores productivos estratégicos, diversas provincias avanzaron en la cesión de la traza de las rutas nacionales que cruzan sus territorios para asumir el mantenimiento de forma local.
El cambio del consumidor y la menor demanda en el surtidor
En paralelo, durante los primeros siete meses del año, el sector expendedor registró una caída sostenida en los volúmenes de venta.
La compresión de la demanda interna impulsó un cambio en la conducta del consumidor, caracterizado por el traspaso desde productos premium hacia naftas súper y por una contracción general en la cantidad de metros cúbicos despachados.
En julio, la venta en las estaciones de servicio registró una caída interanual del 6,4%, un desplome traccionado principalmente por la baja del 6,8% en el consumo de naftas y del 5,8% en el despacho de gasoil respecto a los niveles observados en el mismo período de 2023.
De esta manera, la venta en surtidor acumuló un retroceso del 11,2% en los primeros siete meses del año, reflejando el fuerte impacto del ajuste tarifario sobre el volumen global de comercialización.
Esta disminución de las ventas afecta el umbral de rentabilidad de las estaciones de servicio. Los márgenes de comercialización, al calcularse sobre la base del precio neto, sufren un deterioro relativo ante la suba constante de los costos fijos operativos, entre los que se destacan los salarios, la energía eléctrica y las comisiones por cobros electrónicos.
Para los establecimientos de menor escala, el punto de equilibrio operativo exige volúmenes de despacho cada vez más elevados.
En julio, la venta de combustibles registró una caída interanual del 6,4%, un desplome traccionado principalmente por la baja del 6,8% en el consumo de naftas y del 5,8% en el despacho de gasoil
El escenario local se desarrolla además en un contexto internacional marcado por la volatilidad del petróleo crudo, impulsado por tensiones geopolíticas y conflictos armados.
A pesar de los picos en la cotización del barril Brent, la traslación a los precios locales de surtidor funcionó mediante un mecanismo de amortiguación o buffer para mitigar el impacto inmediato en el surtidor.
Si bien este esquema absorbe los incrementos externos más severos, también posterga las eventuales reducciones cuando los precios internacionales ceden.
Así, la convivencia entre un precio neto condicionado por la refinación, una pauta fiscal rezagada y un consumo deprimido define la dinámica actual de la cadena de combustibles en la Argentina.
