A través del Decreto 1366/2026, el Gobierno nacional eliminó la exigencia de mayoría accionaria argentina para calificar como proveedor local en el RIGI, permitiendo que filiales de multinacionales radicadas en el país compitan por el cupo mínimo del 20% en megaproyectos de cobre, litio y energía.
El esquema de contrataciones que regirá el desembarco de los grandes capitales en la Argentina sufrió un giro estructural que reconfigura el tablero productivo, a través de la publicación del Decreto 1366/2026 en el Boletín Oficial, en la que el Poder Ejecutivo nacional modificó las reglas de juego del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) en lo referente a la cadena de abastecimiento, alterando de raíz las expectativas y el margen de maniobra de las industrias y proveedores nacionales.
Hasta el momento, la normativa exigía un doble estándar para calificar como proveedor local: la empresa debía estar constituida y domiciliada en el país, pero además al menos el 51% de su paquete accionario o control político debía pertenecer a personas físicas o jurídicas con residencia fiscal en la Argentina.
Con la nueva reglamentación, ese requisito de control nacional desapareció por completo. A partir de ahora, la condición local se determina exclusivamente por el domicilio formal de radicación, sin importar la nacionalidad de los accionistas ni la composición del capital social.
El impacto en la minería
Si bien la modificación impacta de manera transversal en todos los sectores alcanzados por el régimen, cobra una relevancia crítica en la minería y la energía, industrias que se preparan para demandar insumos, bienes de capital y servicios por una escala sin antecedentes históricos en el país.
Las pequeñas y medianas empresas argentinas deberán medirse contra gigantes globales —con experiencia previa en mercados como Chile, Perú, Canadá o China— dotados de mayor espalda financiera, tecnología de punta y capacidad logística en operaciones a gran escala.
Megaproyectos cupríferos como Vicuña y Los Azules en San Juan, Agua Rica en Catamarca, los desarrollos de litio en el noroeste y las millonarias inversiones en Vaca Muerta y grandes obras de infraestructura deberán cumplir con la obligación de destinar al menos el 20% de su presupuesto de compras a proveedores locales.
Sin embargo, el cambio introducido por la Casa Rosada no altera el porcentaje mínimo, sino el universo de quiénes pueden disputar esos contratos.

Al equiparar a las subsidiarias de grandes corporaciones internacionales con las firmas de capitales nacionales, el Gobierno abrió una competencia directa donde las pequeñas y medianas empresas argentinas deberán medirse contra gigantes globales —con experiencia previa en mercados como Chile, Perú, Canadá o China— dotados de mayor espalda financiera, tecnología de punta y capacidad logística en operaciones a gran escala.
Desde las cámaras empresarias y el sector proveedor la reacción inicial osciló entre la cautela y el rechazo abierto, advirtiendo que la medida diluye en los hechos la categoría de proveedor argentino.
Mientras se preparan para una nueva Ronda de Negocios específica para RIGIs de hidrocarburos, empresarios energéticos señalan que la competencia frente a otras firmas con mayor experiencia y capacidad financiera se presenta como una amenaza difícil de sortear.
Los referentes industriales sostienen que la simple radicación formal de una filial multinacional no garantiza fabricación local, generación de empleo genuino ni transferencia tecnológica real en los territorios donde se desarrollan los proyectos.
Proyectos mineros como Vicuña ya protagonizaron distintos choques con proveedores locales, como la contratación de una firma china para la construcción de su ciudad minera, y la disputa por monopolizar el uso de un tendido eléctrico provincial.
Desde el sector energético, empresarios nacionales manifestaron posturas similares. Mientras se preparan para una nueva Ronda de Negocios específica para RIGIs de hidrocarburos, la competencia frente a otras firmas con mayor experiencia y capacidad financiera se presenta como una amenaza difícil de sortear.
Las normas provinciales y los requisitos del Mercosur en el nuevo marco del RIGI
Para intentar contener los cuestionamientos sobre una eventual invasión de productos importados bajo el disfraz de compras locales, la normativa aclara que el cambio de criterio societario no modifica las reglas de origen de los bienes.
Esto significa que, aunque una filial extranjera sea catalogada como proveedora local por estar constituida en el país, los insumos y equipamientos que comercialice deberán cumplir estrictamente con los requisitos de integración y origen previstos en el marco del Mercosur para poder ser computados dentro del cupo obligatorio del 20%.
Paralelamente, el decreto reordena otros tres aspectos operativos claves para la ejecución de los megaproyectos.
En materia de plazos, fija una fecha límite única para alcanzar el monto mínimo global de inversión en activos computables para los Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo, diferenciando esa meta del cumplimiento por etapas.

Respecto a los Vehículos de Proyecto Único (VPU), establece procedimientos más estrictos y un plazo de notificación de treinta días corridos para reorganizaciones societarias o ingreso de nuevos socios, prohibiendo la fusión de proyectos distintos sin autorización previa.
Por último, flexibiliza el cómputo de divisas liquidadas provenientes de aportes de no residentes o endeudamientos externos de accionistas, aunque supedita el acceso al mercado de cambios a rigurosos controles de trazabilidad contable supervisados por el Banco Central.
Más allá de la letra chica financiera, la reforma del RIGI traslada la mayor tensión al marco territorial.
Con jurisdicciones como San Juan, Catamarca, Salta, Jujuy, Santa Cruz y La Rioja contando con registros propios de proveedores que priorizan el domicilio efectivo, la antigüedad, el empleo provincial y la asociación con firmas locales, el nuevo paraguas nacional anticipa una pulseada compleja.
El desenlace de esta convivencia normativa definirá qué proporción de la inmensa renta que promete el suelo argentino se traducirá en desarrollo industrial y valor agregado para el entramado pyme del país.






