El guiño de Glencore en la Argentina Week encendió el debate sobre los plazos de inversión a largo plazo. Con 13 megaproyectos aprobados por más de 25.000 millones de dólares y otros seis en el filtro de evaluación, los gigantes mineros reclaman certezas jurídicas que garanticen evitar un riesgo electoral.
La imagen dejó una clara señal política que retumbó con fuerza en las oficinas corporativas y en las provincias mineras del país: en el marco de la segunda edición de la Argentina Week desarrollada en París, el presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, posaron junto a los altos ejecutivos de Glencore para anunciar la incorporación del megaproyecto de cobre y oro Agua Rica —integrado en el esquema MARA, en Catamarca— al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
Sin embargo, detrás del anuncio formal de los 4.000 millones de dólares que desembolsará la multinacional en la vecina norteña, las declaraciones de su cúpula directiva dejaron al descubierto una demanda estructural de toda la industria extractiva en Argentina: la necesidad de convertir el RIGI en un marco normativo permanente que trascienda la coyuntura política. Precisamente la declaración llega prácticamente a un año de las próximas elecciones, y busca garantizar su continuidad.
Minutos antes de abordar su vuelo de regreso a Buenos Aires en el aeropuerto Charles de Gaulle, Martín Pérez del Solay, CEO de Glencore en Argentina, resumió en pocas palabras la lógica operativa del sector global: “Lo que tenemos que hacer es técnico, no electoral”.
Para el ejecutivo, el esquema de incentivos tributarios, cambiarios y aduaneros implementado en la Ley Bases no debería ser una ventana temporal, sino “el régimen bajo el cual siempre invirtamos”.
El gigante del cobre y el despliegue de capital
Esta postura no es aislada. Refleja la visión de un sector cuyas decisiones de capital se planifican a horizontes de 30 o 40 años, mientras los ciclos legislativos y presidenciales en Argentina se miden en períodos de cuatro.
Existe una demanda estructural de toda la industria extractiva en Argentina: la necesidad de convertir el RIGI en un marco normativo permanente que trascienda la coyuntura política
La escala de las proyecciones discutidas en Francia expone la magnitud de la oportunidad y la tensión entre los tiempos técnicos y los políticos. Durante las reuniones de trabajo en la capital francesa, se mencionaron cifras de inversión atribuidas al CEO global de Glencore, Gary Nagle, que oscilan entre los 14.000 millones y 20.000 millones de dólares a desplegarse en un horizonte de diez años en suelo argentino.
Ese abanico presupuestario contempla el desarrollo combinado de sus dos joyas cupríferas en el país: Agua Rica en Catamarca y El Pachón en San Juan.
En el caso de Agua Rica, Glencore aseguró contar con la liquidez necesaria surgida de su operación global —donde extrae unas 800.000 toneladas anuales de cobre— para apalancar de forma directa la construcción de una mina proyectada para aportar 200.000 toneladas por año.
La iniciativa contempla un desembolso inicial de 770 millones de dólares durante los dos primeros años y demandará cerca de 3.500 puestos de trabajo directos durante el pico de obra.
No obstante, las decisiones de inversión final continúan atadas a tiempos institucionales.
Para que Agua Rica inicie sus obras hacia fines de 2027 y alcance producción comercial en el segundo semestre de 2031, requiere la aprobación de su Estudio de Impacto Ambiental (EIA) por parte de las autoridades de Catamarca y la Universidad Nacional de Catamarca, un proceso evaluativo que consumirá lo que resta de 2026 y buena parte de 2027.
En paralelo, Glencore adelantó la reactivación de las instalaciones de Minera Alumbrera para el segundo semestre de 2027, aprovechando la infraestructura existente que incluye la línea de alta tensión, el mineroducto hacia Tucumán y el enlace ferroviario hacia la Terminal 6 de Rosario.
Para ello, ya reincorporó a 800 trabajadores, incluidos exempleados que capacitan a la nueva camada de operarios.
El filtro del RIGI: los seis proyectos que esperan luz verde
Mientras los 13 proyectos aprobados por la autoridad de aplicación ya consolidaron compromisos de inversión por 25.230 millones de dólares, la atención del sector minero se concentra en el embudo de fiscalización. Según los registros del Observatorio RIGI —organismo de seguimiento elaborado por la sociedad civil sobre datos oficiales—, de un total de 47 expedientes ingresados al régimen general, existen actualmente seis proyectos mineros en proceso de evaluación técnica y fiscal.
Dentro de este grupo de iniciativas en revisión, que en conjunto suman compromisos de capital por más de 19.400 millones de dólares, la composición refleja el claro predominio de la minería metalífera de gran escala en la Cordillera y los desarrollos de litio en la Puna:
El Pachón (Glencore / San Juan — Cobre)
Es la iniciativa individual en revisión con el presupuesto de inversión más abultado del país, estimado entre 9.500 millones y 11.600 millones de dólares para su fase inicial. Glencore contempla presentar el estudio de impacto ambiental durante el primer trimestre de 2027, paso indispensable para destrabar su admisión definitiva al RIGI, la cual prevé obtener antes de julio de dicho año. Las fases subsiguientes explican por qué las proyecciones globales de la compañía rozan los 20.000 millones de dólares en el país.
Pozuelos-Pastos Grandes (Lithea / Ganfeng Lithium / Salta — Litio)
Con un presupuesto comprometido de 4.245 millones de dólares, el proyecto busca la unificación operativa de las cuencas del salar salteño. Tras formalizar los acuerdos societarios con Lithium Argentina y obtener la Declaración de Impacto Ambiental, se encuentra completando la auditoría de activos computables.
Lunahuasi (Pampa Exploración S.A. / San Juan — Cobre y Oro)
Ubicado en el departamento Iglesia, representa un plan de inversión de 2.437 millones de dólares. La empresa mantiene sus equipos técnicos respondiendo los requerimientos sobre la conformación del Vehículo de Proyecto Único (VPU) y los planes de desarrollo de proveedores.
Sal de Vida (Galaxy Lithium / Arcadium / Rio Tinto / Catamarca — Litio)
Localizado en el Salar del Hombre Muerto, el proyecto involucra un monto de 1.380 millones de dólares para la producción de carbonato de litio, encontrándose en la fase final de revisión de la documentación fiscal y aduanera.
Jama-Solaroz (Jama Solaroz / Jujuy — Litio)
El desarrollo en el salar de Jama requiere una inversión estimada de 1.151 millones de dólares orientada a la infraestructura de extracción mediante piscinas de evaporación y planta de procesamiento, manteniendo su expediente en estado auditado.
Litio Ángeles Argentina (Potasio y Litio de Argentina S.A. / Salta — Litio)
Con 726 millones de dólares presupuestados, el yacimiento ubicado en el Salar de Ratones transita la fiscalización de los programas de desarrollo de proveedores locales exigidos por la normativa.
El mapa de las inversiones aprobadas provincia por provincia
La reciente incorporación de MARA elevó a 13 el número de proyectos extractivos formalmente adheridos al RIGI, consolidando un marco de inversiones brutas informadas que escala a 25.230 millones de dólares. La distribución territorial refleja una marcada concentración de capital en la Región Cuyo y el Noroeste Argentino.
San Juan lidera holgadamente el mapa nacional de inversiones concentrando 13.510 millones de dólares a través de cuatro proyectos aprobados, lo que representa más de la mitad del capital total del régimen en el sector minero.
Esta cifra se explica por el peso de Vicuña (impulsado por BHP y Lundin Mining), que con 9.737 millones de dólares es el mayor proyecto individual aprobado en el país, sumado a Los Azules (McEwen Copper) con 2.672 millones de dólares, el desarrollo de Carbonatos Profundos en Gualcamayo con 665 millones de dólares y la ampliación de las Fases 8 y 9 de Veladero con 436 millones de dólares.
Catamarca aparece asociada a un total de 6.844 millones de dólares distribuidos en seis iniciativas. Cuatro de ellas están radicadas exclusivamente en su territorio: MARA (4.000 millones de dólares), Tres Quebradas (710 millones de dólares), Fénix Fase 1B (531 millones de dólares) y Hombre Muerto Oeste (292 millones de dólares).
Además, la provincia comparte jurisdicción con Salta en los proyectos Diablillos (764 millones de dólares) y Sal de Oro II (547 millones de dólares).
Salta, por su parte, reúne 4.055 millones de dólares de inversión asociada. Su principal emprendimiento exclusivo es Rincón (Rio Tinto), orientado a la producción de litio con una inversión de 2.744 millones de dólares, a los que se suman las participaciones territoriales mencionadas en Diablillos y Sal de Oro II.
El mapa de aprobados se completa con Jujuy, que suma 1.241 millones de dólares a través de la Ampliación Cauchari-Olaroz para la producción de litio, y Mendoza, que registra 891 millones de dólares con el proyecto PSJ Cobre Mendocino, marcando el retorno de esa provincia a la minería de cobre con recuperación de oro.
