Las tarifas de gas debían actualizarse el 1º de marzo, pero una objeción de la Procuración dejó en suspenso la suba. Transportistas y distribuidoras buscan equilibrar sus balances y no perder frente a la inflación.
La planificación de los aumentos energéticos que se oficializó en enero indicaba que la suba de gas se haría efectiva a partir de marzo de este 2023. Sin embargo, la Procuración del Tesoro detectó irregularidades por parte de las empresas transportadoras de gas durante la última audiencia pública y el ajuste quedó en stand by.
En enero, ENARGAS había autorizado un incremento del 28% para el producto -el gas- que impactaba cerca de un 14% en la tarifa final, mientras definía los montos a conceder a distribuidoras y transportistas del sector.
Según el organismo encabezado por Carlos Zannini, la firma Transportadora de Gas del Sur (TGS), no presentó el detalle de las obras de ampliación del sistema de transporte cuya financiación depende del incremento en las tarifas. Ante esta situación, el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) llamará a una nueva audiencia pública con las empresas transportistas lo antes posible.
El próximo aumento incluido en la segmentación tarifaria aplicada desde el oficialismo, solo alcanzará a los hogares de ingresos altos.
De esta manera, las compañías TGS y TGN (Transportadora del Gas del Norte), deberán establecer prioridades en cuanto a las obras que requiere el sistema de gasoductos troncales. En ese marco, la idea del ENARGAS es autorizar las subas y publicar los nuevos cuadros tarifarios antes de que comience abril, y que las empresas asignen los fondos adicionales para los proyectos de ampliación a partir de mayo.
De cara al próximo invierno, el estado balancea mermar el impacto en las facturas de los usuarios con los reclamos de los privados para actualizar la estructura de las subas. El panorama no es sencillo ya que las compañías, tanto distribuidoras como transportistas, acusan que corren detrás de la inflación y que sus pérdidas ascienden a miles de millones. En tanto, de aceptar las actualizaciones que solicitan desde el sector, el incremento para los usuarios podría superar el 70%.
Cabe aclarar que la tarifa final del gas está integrada por cuatro componentes: el precio del gas en boca de pozo, el transporte, la distribución y la carga impositiva. Así, los porcentajes que abonan los clientes son variables, debido a que la proporción de esos componentes en el costo total es diferente según la región de cobertura.
Además, de los tres servicios que componen las facturas de gas, el costo de producción e importación está subsidiado. De esta manera, el próximo aumento incluido en la segmentación tarifaria solo alcanzará a los hogares de ingresos altos o a los que no se anotaron en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE).
El planteo de Metrogas
Por su parte, YPF -principal accionista de Metrogas- solicitó un aumento del Valor Agregado de Distribución que se cobra a las residencias del Área Metropolitana de Buenos Aires. El pedido responde a la necesidad de afrontar la deuda de 250 millones de dólares que asumió la firma bajo la conducción de Fernando Ambroa hace seis años.
Hay que remarcar que YPF es el principal accionista de Metrogas, la empresa que brinda el servicio de gas en la región del AMBA, la cual posee la mayor densidad de usuarios por superficie del país.
El pedido de la petrolera se efectuó durante una reunión entre las autoridades de la compañía y la secretaria de Energía, Flavia Royón. En concreto, la solicitud consiste en que la recomposición del cargo fijo en las facturas de los hogares ubicados en el AMBA sea del 110%, cuando estaba pautado que sea del 90%.
Desde la cartera de Energía en tanto, contestaron que deberán llevar adelante una audiencia pública antes de estar habilitados para acceder al reclamo de la empresa estatal. La idea del oficialismo es que la suba sea más pronunciada para los usuarios de alto poder inquisitivo, mientras que para los hogares de bajos ingresos, el aumento sea menor.
Los pedidos de las empresas transportistas
En enero tuvo lugar la audiencia pública donde se presentaron las compañías de transporte y distribución de gas natural para formular sus solicitudes de aumentos en las tarifas. En ese marco, las autoridades de las empresas transportistas expusieron su situación y realizaron las tramitaciones correspondientes al ENARGAS.
En primer lugar, desde la Transportadora Gas del Norte se pronunció Guillermo Cánovas, director comercial y de Asuntos Regulatorios, quien aseguró que la empresa registró una pérdida operativa de 2981 millones de pesos y solicitó un aumento de tarifas de 148%. Por su parte, Rubén de Muria, gerente de Asuntos Regulatorios de Transportadora Gas del Sur, solicitó un incremento en la etapa de transporte del 135%.
Desde las firmas hicieron hincapié en que su impacto en la tarifa final es menor en comparación con las distribuidoras. En esa línea, los empresarios argumentaron que el transporte sólo representa el 9,8% del costo total de la factura de gas. Según ejemplificaron desde las compañías transportistas, de hacerse efectivas las subas, un usuario residencial de nivel 1, con un consumo promedio de 170 metros cúbicos, el impacto sería de 78 pesos por mes.
