El conflicto por los fondos entre las empresas de transporte y el Gobierno llegó a su punto máximo con amenazas de nuevos paros y no pago de aumentos de sueldos acordados. En ese marco, desde Economía depositaron la mitad de las compensaciones de este mes.
Las últimas dos semanas estuvieron marcadas por paros en el servicio de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), versiones cruzadas entre el gobierno y las empresas del sector, y un clima general bastante convulsionado.
Con ese panorama y con el objetivo de regularizar la situación para disminuir el descontento de los colectiveros, el ministro de Economía, Sergio Massa, destinó 20.700 millones de pesos para las líneas urbanas de transporte de pasajeros. Esta suma se utilizará para cubrir la demanda del rubro en materia de seguridad y el pago de salarios.
La cifra desembolsada equivale al 50% del total de los subsidios tarifarios que el Gobierno tiene previsto entregar durante abril a las empresas de colectivos de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires. La medida se tomó a cambio del compromiso asumido por el sector empresarial para abonarles el salario a los trabajadores lo antes posible.
El pago fue confirmado por las principales operadoras de la región metropolitana, pero remarcaron que el Gobierno adeuda una factura de casi 35.000 millones por saldos impagos y reconocimiento de mayores costos del primer trimestre del año.
Cabe señalar que la situación entre el oficialismo y las compañías de transporte urbano del AMBA arrastra muchas cuestiones. Por un lado, las empresas reclaman hace un tiempo el atraso en el pago de subsidios y exigen políticas destinadas a combatir la inseguridad.
Por su parte, desde el ministerio de Transporte encabezado por Jorge D’Onofrio, declararon que están al día con las compensaciones y que las medidas de fuerza que vienen llevándose a cabo no están justificadas.
Con respecto a la inseguridad, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires destinó hace dos años un total de 2.500 millones de pesos para la compra de cámaras de seguridad para los colectivos. Sin embargo, los empresarios advirtieron que esos fondos no se distribuyeron en su totalidad y que los montos recibidos se terminaron usando, por los atrasos en los pagos de los subsidios que estaban comprometidos, para afrontar otros gastos como combustibles y sueldos de personal.
En esa línea, desde las firmas de transporte urbano advirtieron que, si el atraso persiste, se retomarán las medidas de fuerza empezando por limitar los servicios, primero para las frecuencias nocturnas y luego se extenderá la suspensión a los días hábiles y las franjas horarias de mayor circulación de pasajeros.
Por otro lado, indicaron que las nuevas estructuras de costos y los montos de los subsidios mensuales que el Estado pagará entre abril y agosto, aprobadas por la resolución 178, presentan varias inconsistencias que no permitirán solucionar los problemas operativos que arrastra el sector.
Según las planillas anexas de la resolución 178, en abril los subsidios ascenderán a $ 41.505 millones, mientras que en agosto el total a abonar será de $ 42.064 millones. Y desde la cartera de Transporte no planifican modificar el esquema tarifario por los próximo meses.
El pago fue confirmado por las principales operadoras de la región metropolitana, pero remarcaron que el Gobierno adeuda una factura de casi 35.000 millones.
Sin embargo, desde el Estado estiman que durante esos meses las empresas van a ver mejorados sus ingresos por venta de boletos en un 18% por los ajustes mensuales por inflación que elevarán la “tarifa media” de abril de $ 29,16 a $ 34,44 en agosto.
Por el lado de los sueldos, los cuadros oficiales estiman que los choferes tendrán un aumento del 7% entre abril y agosto. Así, con esos ítems y otros rubros de la actividad a los que les asignaron una actualización mínima, los funcionarios de Transporte calcularon que los costos operativos y salariales del sector van a crecer apenas un 3,5% desde ahora hasta el 13 de agosto.
