El Senado aprobó en la madrugada del viernes la reforma del régimen de cabotaje, marina mercante y admisión temporaria, con 42 votos a favor, 24 en contra y ninguna abstención. La iniciativa fue ampliamente debatida en el recinto, donde se implementaron modificaciones al dictamen de comisión buscando mejorar la competencia de empresas argentinas.
La iniciativa para reformar la Ley de Cabotaje y Marina Mercante, que anoche logró media sanción en la Cámara de Senadores, habilita a buques extranjeros a transportar cargas entre puertos argentinos, con reservas para actividades consideradas estratégicas y una prioridad gradual para tripulantes argentinos.
El debate expuso la tensión entre la necesidad de reducir costos logísticos y las advertencias sobre el empleo y la industria naval. El proyecto todavía debe ser tratado por la Cámara de Diputados para convertirse en ley.
La discusión llegó al recinto en medio de un conflicto procedimental. Moisés advirtió que se habían incorporado modificaciones al dictamen a último momento.
El jefe del bloque justicialista, José Mayans, cuestionó que se cambiaran 20 artículos sin tiempo para analizarlos y sostuvo que correspondía tratar el nuevo despacho en comisión. El santafesino Marcelo Lewandowski afirmó que la norma era importante para su provincia, pero calificó el texto como “un mamarracho” y objetó que se modificara sobre la marcha.
Uno de los cambios incorporados dispone que, si la legislación de bandera permite tripulantes de nacionalidades distintas, los armadores deberán priorizar gradualmente a trabajadores argentinos o con residencia permanente una vez transcurridos 180 días
Antes de iniciar el debate, el bloque justicialista pidió devolver el proyecto a comisión, a partir de planteos de Jorge Capitanich: la moción fue rechazada por 41 votos contra 25.
Cabotaje abierto a buques extranjeros, el eje de la reforma
El eje de la reforma es la apertura del cabotaje nacional —el transporte entre dos puntos de un mismo país— a embarcaciones de bandera argentina o con tratamiento de bandera argentina, así como a buques extranjeros. La propuesta define como cargas de cabotaje las que tienen origen y destino final en Argentina.
Cuando alguno de esos extremos está fuera del país, el transporte se considera internacional, incluso si incluye escalas o transbordos en puertos argentinos, y puede realizarse con buques de cualquier bandera sin autorización previa.

También permite combinar, en un mismo viaje o convoy, cargas de cabotaje e internacionales; estas últimas no pierden su condición por esa combinación. El reposicionamiento de buques y contenedores vacíos tampoco se considera cabotaje.
La apertura no alcanza por igual a todas las actividades.
El texto reserva a embarcaciones argentinas o equiparadas las tareas de pesca; el transporte de pasajeros o vehículos en buques de hasta 500 unidades de arqueo bruto, salvo los servicios con origen, escalas o destino final en el extranjero; el transporte de hidrocarburos líquidos o gaseosos, excepto gas natural licuado; el apoyo a la exploración y explotación de hidrocarburos costa afuera; la regasificación de gas natural licuado; el remolque de maniobra de buques oceánicos; las lanchas de amarre y de prácticos, y la navegación deportiva.
Además, la operación en cabotaje de buques extranjeros armados, operados o fletados por empresas controladas directa o indirectamente por un Estado extranjero podría requerir autorización previa de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN).
El régimen laboral y los ingresos impositivos, parte del debate
En materia de empleo, uno de los cambios incorporados dispone que, si la legislación de bandera permite tripulantes de nacionalidades distintas, los armadores deberán priorizar gradualmente a trabajadores argentinos o con residencia permanente una vez transcurridos 180 días desde el inicio de las operaciones de cabotaje.
El texto vincula esta disposición con la Ley 27.419 de Desarrollo de la Marina Mercante Nacional y la Integración Fluvial Regional.
La discusión también se inscribe en los cambios recientes de esa normativa: en 2025, el Decreto 340 estableció un régimen de excepción que contemplaba permisos temporales de hasta 180 días renovables para buques extranjeros cuando no hubiera embarcaciones nacionales disponibles en condiciones de prestar el servicio.
Diputados y Senado rechazaron posteriormente ese decreto.

Los argumentos a favor se concentraron en el costo de mover producción desde zonas alejadas de los puertos de salida. La radical chaqueña Silvana Schneider sostuvo que una parte de los puertos argentinos no cuenta con una oferta nacional suficiente, regular y competitiva.
Como ejemplo, señaló que el precio que un productor chaqueño toma como referencia la pizarra de Rosario y descuenta el costo de llevar el grano hasta allí.
Según su cálculo, cada tonelada que saliera por un puerto chaqueño podría valer 24% más para el productor en el campo, con un efecto mayor en granos de menor valor por tonelada, donde el flete representa una proporción más alta.
Schneider destacó la ubicación del Chaco sobre la hidrovía Paraguay-Paraná: al norte de los puertos chaqueños hay unos 66 puertos en Paraguay, Brasil y Bolivia, que intercambian más de 25 millones de toneladas anuales; al sur de la hidrovía y en el Río de la Plata habría alrededor de 92 puertos.
Aun así, afirmó que las provincias del Norte Grande afrontan dificultades para acceder a transporte fluvial competitivo. Añadió que las provincias del norte situadas al oeste de la hidrovía generan exportaciones superiores a 5.000 millones de dólares anuales, pero casi ninguna utiliza los puertos de Chaco y Formosa como salida.
Carolina Moisés defendió la iniciativa como una propuesta impulsada por gobernadores del Norte Grande y respaldada por otras provincias. Afirmó que busca reducir la dependencia del puerto de Buenos Aires y abrir oportunidades de trabajo y exportación para empresas y productores del interior.
La misionera Sonia Rojas Decut también planteó que una regulación de más de 80 años requiere actualizarse para aprovechar los ríos y la salida al mar.

Según señaló, más del 90% de las cargas argentinas se transporta por carretera, por lo que el país necesita desarrollar alternativas ferroviarias y fluviales que se articulen con el transporte automotor. Recordó que Misiones recuperó su infraestructura portuaria y reactivó el puerto de Posadas en 2023, luego de décadas sin actividad comercial.
El sector privado respaldó la media sanción
Las objeciones se centraron en el riesgo de que una apertura amplia reduzca el trabajo nacional y debilite la industria naval. Jorge Capitanich citó que, de 131 países ribereños, 105 restringen el cabotaje, y advirtió sobre una eventual apertura indiscriminada si no se acompaña con infraestructura y regulación.
Recordó que durante el gobierno de Juan Domingo Perón Argentina llegó a ocupar el puesto 14 entre las marinas mercantes del mundo y transportaba entre el 1,36% y el 1,8% de la carga mundial; actualmente, dijo, el 92% de la carga se mueve por tierra y el 8% por otros medios.
Sostuvo además que la reforma no resuelve por sí sola las asimetrías de la hidrovía Paraná-Paraguay y reclamó revisar el tratado correspondiente y acordar un marco bilateral con Paraguay.
El Consejo Agroindustrial Argentino expresó su pleno respaldo al proyecto de Ley de Cabotaje
El oficialista chaqueño Juan Cruz Godoy rechazó que se trate de una desregulación masiva y la describió como una liberalización de una actividad que, en algunos puertos, prácticamente no se realiza.
Como ejemplo, afirmó que la última barcaza salió del puerto de Barranqueras en 2021 y sostuvo que esos puestos de trabajo ya se habían perdido. También dijo que la reforma aportaría reglas previsibles para invertir, aunque admitió que hacen falta inversiones y habilitaciones finales.
El Consejo Agroindustrial Argentino, expresó su pleno respaldo al proyecto de Ley de Cabotaje. La entidad que nuclea a 63 cámaras y entidades que representan a 36 cadenas de valor y al 58 % del total de las exportaciones argentinas, considera que la aprobación es un paso hacia la modernización logística que fortalecerá la competitividad nacional, la integración regional y el crecimiento de la economía

“Esta iniciativa representa una oportunidad histórica para superar los cuellos de botella logísticos que afectan a la producción nacional y para dotar al país de una infraestructura de transporte moderna, eficiente y competitiva”, indicaron en un comunicado.
Detallaron que “la apertura y regulación del cabotaje en nuestro país constituye una medida esencial para ampliar la oferta de bodega disponible, un factor crítico para el movimiento de cargas a gran escala. La actual limitación en la capacidad de transporte fluvial y marítimo genera costos logísticos que restan competitividad a nuestras economías regionales y agroindustriales, las cuales son el motor de las exportaciones argentinas”.
Y afirmaron que “desde el CAA entendemos que este proyecto no solo dinamizará el comercio, sino que generará beneficios directos en cadenas de valor estratégicas”.
La discusión parlamentaria en el Senado, deja planteado el desafío que deberá abordar Diputados: cómo ampliar la oferta y reducir los costos logísticos sin desproteger la tripulación argentina, la flota local y las capacidades industriales vinculadas a la actividad.







