Es el Salar de Arizaro, entre las poblaciones de Caipe y Tolar Grande, en el departamento Los Andes. Será subdividido en 4 subáreas de entre 6 mil y 8 mil hectáreas. Ya hay al menos 15 grupos inversores interesados.
La empresa Recursos Energéticos y Mineros de Salta (REMSa) anunció que a principios de julio comenzará el proceso de concesión de un área de litio de aproximadamente 37 mil hectáreas, en un territorio provincial en el que esta actividad viene ganando terreno a paso acelerado.
Se trata del mayor yacimiento de litio del país, que abarca una superficie equivalente a casi el doble de la Ciudad de Buenos Aires.
La zona se encuentra en el Salar de Arizaro, entre las localidades de Caipe y Tolar Grande, en el departamento de Los Andes, en pleno corazón de la Puna salteña.
A 3.500 metros sobre el nivel del mar, es uno de los salares más grandes del mundo y el tercero de los Andes Centrales, después del de Uyuni en Bolivia y el de Atacama, en Chile.
Alberto Castillo, presidente de REMSa, informó que el 1° de julio se iniciará la licitación de estas áreas mineras de la provincia de Salta.
El salar se dividirá en cuatro subáreas, cada una de entre 6.000 y 8.000 hectáreas, que serán adjudicadas mediante un proceso de licitación pública a nivel nacional e internacional. La apertura de sobres con las propuestas está programada para septiembre.
Según los primeros sondeos de interés en este yacimiento, al menos 15 grupos inversores podrían participar en la licitación para la concesión minera en la Puna salteña.
El Salar de Arizaro se encuentra en Tolar Grande, en el departamento de Los Andes, a una altitud de 3500 metros sobre el nivel del mar.
Es uno de los salares más grandes del mundo y el tercero de los Andes Centrales, después del Salar de Uyuni en Bolivia y el de Atacama, en Chile.
El núcleo salino central abarca 1.600 kilómetros cuadrados, y la planicie que contiene su estructura tiene una extensión de 6.015 kilómetros cuadrados.
El litio de Salta
Castillo puntualizó que REMSa es responsable de llevar a cabo los procesos de licitación y concesión de las áreas mineras dentro del marco de un proceso judicial. Explicó que el Juzgado de Minas envía las áreas vacantes a la empresa estatal, la cual dispone de dos años para establecer un área de investigación y posteriormente licitarla.
«Estas áreas están disponibles en esta plataforma, listas para ser licitadas, con una área de investigación ya conformada y aprobada», señaló.
Castillo destacó que estos son momentos «muy importantes» para la provincia de Salta, ya que se está enfocando nuevamente en un recurso estratégico a nivel mundial: el litio.
Además, resaltó que «Salta no solo posee el mineral, sino también una política que prioriza el desarrollo de estos proyectos, generando valor y promoviendo una cadena de proveedores locales. Esto no solo abarca actividades relacionadas con la minería, sino también otras actividades conexas que contribuirán a un crecimiento económico en espiral, y eso es en lo que se está trabajando para los próximos años».
Asimismo, Castillo mencionó el «éxito significativo de REMSa en septiembre de 2023» con «operaciones muy importantes con empresas internacionales».
En este contexto, explicó que las propuestas no solo se enfocan en el desarrollo del proyecto, sino que también «aportarán sumas importantes para infraestructura social y compensación ambiental, especialmente en relación con las emisiones de carbono».
El litio, con tres proyectos activos en Catamarca y Jujuy, y dos muy cerca de entrar en fase de producción en Salta, fue en 2023 una vez más el segmento que mayor impulso le dio a la actividad minera en el país.
La nueva estrella del litio argentino
En Argentina, para las empresas mineras Salta se convirtió en la provincia más atractiva para invertir, según el ránking Fraser, elaborado por el instituto canadiense del mismo nombre para medir la percepción que tienen los líderes del sector sobre distintas jurisdicciones en todo el mundo.
La provincia argentina con más proyectos de litio en marcha pasó a liderar la nómina nacional, en base a una mejora significativa de las políticas públicas «favorables», a los ojos de las empresas mineras.
Los inversores destacaron que en el territorio salteño se percibe menos preocupación por la estabilidad política, reclamos de tierras en disputa y barreras comerciales, mientras que paralelamente valoraron positivamente las condiciones de desarrollo comunitario, el régimen fiscal y la infraestructura.
