La decisión del Gobierno nacional de autorizar a la aerolínea chilena JetSMART Airlines S.p.A. a operar servicios regulares de pasajeros y carga con derechos de tráfico de hasta novena libertad del aire marca uno de los cambios regulatorios más profundos de la aviación comercial argentina en décadas.
La medida, instrumentada mediante la Disposición 27/2026 de la Secretaría de Transporte, no solo amplía el alcance operativo de la compañía de origen chileno, sino que introduce un precedente con potencial para transformar la competencia, la conectividad regional y la logística del mercado aéreo en toda Sudamérica.
En términos prácticos, la habilitación representa mucho más que la autorización otorgada a una empresa en particular.
El nuevo marco abre la posibilidad de que aerolíneas extranjeras puedan desarrollar operaciones de cabotaje en Argentina bajo determinadas condiciones regulatorias, una situación que hasta hace pocos años parecía políticamente inviable en uno de los mercados aéreos históricamente más protegidos de la región.
La resolución se inscribe dentro de la estrategia de apertura aerocomercial impulsada por el Gobierno nacional desde finales de 2024 y consolida la política de cielos abiertos acordada entre Argentina y Chile mediante el Memorando de Entendimiento firmado el 23 de abril de 2024.
También conocida como cabotaje consecutivo, permite a una compañía extranjera transportar pasajeros o carga exclusivamente dentro del territorio de otro país sin necesidad de vincular esa operación con su mercado de origen
A partir de ahora, JetSMART Chile podrá explotar servicios internos e internacionales de transporte aéreo de pasajeros y carga con un alcance que incluye derechos de hasta novena libertad del aire, sujeto a las certificaciones técnicas y operativas que deba otorgar la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).
La Novena Libertad y el mercado aéreo
Para comprender la trascendencia de la medida es necesario detenerse en el concepto de novena libertad del aire.
Dentro del sistema internacional de libertades aeronáuticas, se trata de uno de los derechos más amplios que puede conceder un Estado. También conocida como cabotaje consecutivo, permite a una compañía extranjera transportar pasajeros o carga exclusivamente dentro del territorio de otro país sin necesidad de vincular esa operación con su mercado de origen.
Dicho de otro modo, una aerolínea extranjera queda habilitada para competir directamente con operadores nacionales en rutas domésticas, utilizando aeronaves, tripulaciones y estructuras empresariales propias.
En la práctica, se trata de una de las expresiones más avanzadas de apertura de mercado dentro del transporte aerocomercial internacional, y algo que es normal en Europa.

En el caso de JetSMART, la medida podría traducirse en nuevas alternativas de conectividad que combinen operaciones regionales e internas.
Entre los proyectos que comenzaron a ser observados por el sector figuran rutas que enlazarían Santiago de Chile con Río de Janeiro o Florianópolis realizando escalas comerciales en territorio argentino, permitiendo transportar simultáneamente pasajeros internacionales y domésticos.
Desde la perspectiva logística, el cambio adquiere una dimensión aún mayor. La autorización no se limita al transporte de pasajeros, sino que incluye operaciones de carga, lo que podría estimular el desarrollo de nuevos corredores regionales para mercaderías de alto valor agregado, productos farmacéuticos, perecederos, repuestos industriales y envíos de comercio electrónico.
Una puerta abierta a otras compañías
La industria interpreta que el precedente establecido por la administración nacional podría convertirse en la puerta de entrada para nuevos actores regionales. Si compañías como Latam Airlines, Avianca o Gol decidieran solicitar autorizaciones equivalentes, el mercado aerocomercial argentino ingresaría en una fase de competencia inédita.
El potencial impacto sería especialmente significativo en la conectividad interprovincial. Durante décadas, buena parte de las rutas aéreas nacionales se desarrollaron bajo una lógica radial concentrada en Buenos Aires.
La irrupción de operadores extranjeros con capacidad para explotar rutas domésticas podría acelerar la creación de servicios punto a punto entre ciudades del interior, reduciendo tiempos de viaje y ampliando las alternativas para pasajeros y empresas.
A ello se suma un contexto de crecimiento sostenido de la actividad aérea. Septiembre de 2026 registró el mayor movimiento de pasajeros de la historia argentina, con 4.186.500 viajeros movilizados, mientras que el segmento internacional alcanzó 1.300.890 pasajeros, superando en un 5% los niveles observados durante el mismo período del año anterior.
Paralelamente, la consolidación de 28 rutas internacionales directas desde distintas provincias hacia destinos del exterior refleja un proceso de descentralización que viene modificando la estructura tradicional del sistema aerocomercial argentino.
Ciudades que históricamente dependían de conexiones vía Buenos Aires comenzaron a integrarse directamente con mercados regionales e internacionales, fortaleciendo polos productivos y turísticos fuera del Área Metropolitana.
En este escenario, la eventual llegada de nuevos operadores extranjeros podría potenciar la competencia en precios y frecuencias, ampliar la capacidad disponible y facilitar la integración logística entre distintos mercados sudamericanos.
La situación adquiere una relevancia especial si se considera la estructura actual del cabotaje argentino. Tras la salida de Flybondi, JetSMART Argentina pasó a concentrar aproximadamente el 31% del mercado doméstico, mientras Aerolíneas Argentinas mantiene cerca del 66% de participación.
La eventual incorporación de la matriz chilena o de nuevos operadores regionales reconfiguraría significativamente este equilibrio.
Rechazo de los gremios aeronáuticos
Sin embargo, la apertura no está exenta de controversias. La decisión generó un inmediato rechazo por parte de diversos sectores sindicales aeronáuticos, que interpretan la medida como una amenaza para el empleo, las condiciones laborales y la sustentabilidad de las compañías radicadas en el país.
La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) expresó públicamente su oposición mediante un duro comunicado difundido a través de redes sociales, donde calificó la autorización como “un ataque directo a la industria aerocomercial nacional”.
Septiembre de 2026 registró el mayor movimiento de pasajeros de la historia argentina, con 4.186.500 viajeros movilizados.
El gremio responsabilizó particularmente al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y al subsecretario de Transporte Aéreo, Hernán Gómez, por la profundización del proceso de apertura.

Según la entidad sindical, la incorporación de operadores extranjeros bajo marcos regulatorios y laborales diferentes podría generar una competencia asimétrica frente a las empresas locales, derivando en pérdida de puestos de trabajo, deterioro salarial y precarización del empleo aeronáutico.
Los representantes gremiales también plantearon objeciones vinculadas con la calidad del servicio. A su criterio, la expansión de ciertos modelos de bajo costo ha demostrado en distintas experiencias regionales dificultades operativas relacionadas con cancelaciones, reprogramaciones y conflictos que terminan afectando a los usuarios.
Otro de los ejes del cuestionamiento gira en torno a la seguridad operacional. Los sindicatos sostienen que el proceso de desregulación no debería implicar una reducción de estándares de supervisión, capacitación e inversión, advirtiendo que la búsqueda de menores costos no puede convertirse en el único criterio rector de la actividad.
Si otras compañías regionales deciden seguir el mismo camino y solicitan operar bajo el esquema de novena libertad, el país podría ingresar en una nueva etapa caracterizada por una competencia mucho más intensa, una integración operativa sin precedentes con el resto de Sudamérica y una profunda reconfiguración de los mercados aéreos de pasajeros y carga.






