El gobierno nacional anunció que avanza con auditorías internas respecto de las contrataciones y procesos administrativos que llevaron al colapso y la inhabilitación del muelle, un mes atrás.
La Agencia Nacional de Puertos y Navegación avanza en un sumario administrativo para determinar responsabilidades históricas sobre la falta de mantenimiento que llevó a la inhabilitación preventiva del muelle de catamaranes del Puerto de Ushuaia.
Desde el gobierno nacional se llevan adelante las averiguaciones sobre las distintas licitaciones, contrataciones directas y convenios de permisos de uso a privados a cambio de obras (que algunas no fueron realizadas), durante la gestión previa a la intervención, que derivaron en el estado actual de abandono de dicha infraestructura, según se informó.
El 10 de julio pasado, la ANPYN había determinado la reorganización de los catamaranes en el Puerto de Ushuaia, tras inhabilitar el muelle destinado a ese fin. Una inspección subacuática sobre la mayor parte del muelle detectó una absoluta corrosión de los pilotes que debían sostenerlo, con un claro riesgo de seguridad operativa.
La decisión se tomó tras un intenso temporal que se registró en abril, que ocasionó el daño de un sector del muelle. Posteriormente, se realizaron las inspecciones que comprobaron las falencias estructurales.
Según informó el gobierno nacional, «durante las distintas gestiones de la Dirección Provincial de Puertos, las empresas usuarias han efectuado reiterados reclamos y solicitudes para que se ejecutaran trabajos de reparación, mantenimiento y mejoramiento del muelle, poniendo de manifiesto las deficiencias que progresivamente se fueron presentando».
Se auditará la responsabilidad de actores privados en los distintos convenios de reparación y mantenimiento que pudieran no haber sido cumplidos, sus declaraciones de pasajeros y turistas, y por último, iniciativas privadas de obras menores a cambio del uso del muelle.
Desde hace años, el muelle de catamaranes funcionó sin ningún tipo de obras de mantenimiento estructural ni control público ni privado sobre la cantidad de embarcaciones que operaban y las condiciones mínimas requeridas para hacerlo en un marco de seguridad operativa.
También, se anunció que se «auditará la responsabilidad de actores privados en los distintos convenios de reparación y mantenimiento que pudieran no haber sido cumplidos, sus declaraciones de pasajeros y turistas, y por último, iniciativas privadas de obras menores a cambio del uso del muelle, a expensas de la seguridad operativa y de pasajeros».
Los distintos reportes internos registrados por la ANPYN refieren a «otros problemas estructurales como socavones, tablestacados rotos y obras de mantenimiento simple como la renovación de la carpeta por donde circulan los pasajeros, sin considerar el desgaste profundo que se evidenciaba a simple vista sobre la estructura y sostén de dicho muelle».
