Periodista especializado en Energía.
El plazo de 30 años de vigencia de las concesiones hidroeléctricas otorgadas por el Estado nacional está muy próximo a su finalización y obliga a una inminente definición del Gobierno entre un conjunto de alternativas que se alinean detrás de la gestión estatal o la privada.
Se trata de 22 complejos hidroeléctricos ubicados en ocho provincias que tienen sus concesiones privatizadas desde la década del 90 y que a partir del 11 de agosto comienzan a vencer.
Las primeras definiciones deberán alcanzar a los contratos de las represas de Alicurá (1.000 Mw) actualmente operada por la empresa AES Argentina; El Chocón (1.200 Mw) y Arroyito (120 Mw), a cargo de la firma Enel Generación; Planicie Banderita (450 Mw), operada por Oroazul Energy; y Piedra del Águila (1.400 Mw), a cargo de Central Puerto, todas con vencimiento de concesión previstos para el segundo semestre de este año. A partir de 2024, otras 17 centrales tendrán progresivamente el cierre de concesión hasta 2029.
El tema comenzó a debatirse el año pasado, pero aún no hay una decisión oficial por parte de la Secretaría de Energía que conduce Flavia Royón y del Ministerio de Economía a cargo de Sergio Massa, ante las posibilidades que se abren para cada una de las concesiones.
Las alternativas que hay en la mesa
Las opciones inicialmente planteadas son las de prorrogar los contratos -al menos de tres a cinco años- de los actuales operadores en el caso de que los mismos se manifiesten interesados; avanzar en nuevos acuerdos de concesión con otros operadores privados; o recuperar la gestión del Estado nacional perdida tras el proceso de privatización.
A estas se sumó el reclamo de varias provincias de ser parte de esa nueva gestión de las represas, con el argumento de que la Constitución de 1994 les otorgó a los estados la potestad sobre sus recursos naturales, en este caso el agua de sus ríos.
Las provincias piden formar parte de una futura gestión compartida de las represas.
El planteo lo encabezan, en particular, las provincias de Neuquén y Río Negro, en cuyos territorios se levantan las represas cuyas concesiones, precisamente, comienzan a vencer en poco más de cuatro meses, y que a la vez explican el 67% de la electricidad producida por las centrales hidroeléctricas.
Las provincias buscan alternativas de esquemas a implementar para la administración, operación, mantenimiento y explotación de las hidroeléctricas emplazados sobre los ríos Limay y Neuquén, la que más fuerza parece haber tomado es la de gestión mixta entre el Estado nacional y los provinciales.
La posibilidad de que las provincias tengan el manejo de las represas enfrenta un obstáculo legal importante ya que los activos se encuentran registrados bajo la titularidad de la Nación, y ese cambio de figura debería pasar por el Congreso nacional.
Para ayudar a tomar la decisión, el Equipo de Trabajo de Aprovechamientos Hidroeléctricos Concesionados (ETAHC), conformado hace un año -en marzo de 2022- completó recientemente un relevamiento integral de todas las concesiones que representan una potencia instalada de 5,8 GW.
El equipo integrado con representantes de la Secretaría de Energía, la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrica (CAMMESA), del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y de la empresa Energía Argentina (Enarsa) elaboró un informe del estado de situación de cada concesión en sus aspectos técnicos, económicos, jurídicos y ambientales. En primera instancia, el ETAHC informó respecto de las concesiones con vencimiento este año y luego procederá al análisis de las concesiones restantes.
Si bien se asegura en el sector que las centrales hidroeléctricas tienen un mantenimiento adecuado, ese trabajo permitirá conocer al detalle el estado del parque generador y el nivel de inversiones que requerirá para la extensión de vida, ampliación de capacidad y mejora de eficiencia.
Pero la decisión que se espera podrá ir más allá del futuro puntual de cada represa y podría convertirse en una nueva etapa de aprovechamiento del recurso hídrico: una fuente de energía eléctrica renovable, segura y limpia, que contribuye a la diversificación de la matriz energética y al cuidado del medio ambiente.
Es que junto con las privatizaciones de los 90, se produjo la desaparición de las empresas Hidronor y Agua y Energía Eléctrica, lo que explicó que a partir de 1993 no se hayan iniciado obras completas de mediano o gran tamaño en estos 30 años.
Sólo se terminaron en ese período por parte del Estado Nacional, obras ya iniciadas en la década de los ochenta, como Piedra del Aguila, Pichi Picún Leufu y Yacyretá, y se hicieron por parte de las provincias, obras nuevas de potencias menores, como Potrerillos y Nihull IV en Mendoza, así como Cuesta del Viento, Caracoles y Punta Negra, todas ellas en San Juan. Lo cual muestra que las señales económicas, regulatorias, empresariales y también financieras, no fueron suficientes y adecuadas para encarar nuevos proyectos de envergadura.
La figura con la que se resuelvan las concesiones de vencimiento inmediato marcarán el camino de las represas Los Nihuiles I, II y III, cuyo contrato vence en 2024, a las que se sumarán Agua del Toro, Los Reyunos, El Tigre, Río Hondo y Los Quiroga.
En junio de 2025 vence el contrato de la represa de Futeleufú; y en noviembre las de Cabra Corral y El Tunal; en marzo de 2026 la de Ullum; y en julio la concesión de El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo, mientras que Pichi Picún Leufú, en agosto de 2029, es el último contrato a caer.
