Un grupo empresario manifestó su intención de hacerse cargo de la remodelación integral y nueva concesión de la Terminal de Ómnibus de Retiro, y ha presentado un proyecto de cómo será la nueva terminal una vez concluídas las obras.
La presentación del grupo, derivó en la publicación del Decreto 273/2026 del Gobierno nacional poniendo en marcha uno de los procesos de reconfiguración más significativos de la infraestructura de transporte de pasajeros de las últimas décadas.
La iniciativa privada que dio origen al decreto fue presentada por un consorcio integrado por cuatro empresas, todas con experiencia en inversiones, real estate, servicios y gestión de activos estratégicos.
El grupo está encabezado por Inverlat Investments S.A., firma conocida por ser propietaria de la marca Havanna y con presencia en el sector de inversiones y activos de largo plazo. La integran también Service Trade S.A., vinculada al grupo inmobiliario Narváez, especializado en desarrollos y administración de grandes superficies; Inversiones Peirod S.A., propiedad de los empresarios Javier Peire y Matías Rodríguez; y BV Investment S.A..
Estas compañías presentaron una propuesta integral para la “remodelación, transformación, puesta en valor, operación, administración y explotación comercial” del complejo de Retiro.
El proyecto impulsado por el consorcio privado propone una intervención profunda sobre el edificio actual de la Terminal de Ómnibus de Retiro, con el objetivo de revertir décadas de deterioro acumulado.
Las obras incluyen el reacondicionamiento estructural completo de las instalaciones, la renovación de sectores degradados y la puesta en valor del conjunto edilicio.
Se prevé la modernización de accesos, pasillos, áreas de espera y locales de servicios, con un rediseño funcional que mejore la circulación interna y reduzca los cuellos de botella que hoy afectan la experiencia de los pasajeros, especialmente en horas pico y temporadas altas.
Ampliación de capacidad y nuevas dársenas
Uno de los ejes centrales de la iniciativa es la ampliación de la capacidad operativa de la terminal. El plan contempla la readecuación de dársenas existentes y la incorporación de nuevas dársenas para absorber el crecimiento proyectado de servicios y pasajeros.
Esta expansión estará acompañada por una planificación alineada con la demanda futura del transporte de larga distancia, con el objetivo de optimizar los tiempos de ingreso y egreso de ómnibus, mejorar la seguridad de las maniobras y reducir la congestión interna del predio.
Modernización de seguridad, iluminación y accesibilidad
La propuesta incluye una actualización integral de los sistemas de seguridad, que abarcará nuevos dispositivos de control, monitoreo y vigilancia, así como una mejora sustancial de la iluminación interior y exterior, uno de los déficits históricos del complejo.
Asimismo, se incorporan criterios de accesibilidad universal, con adecuaciones para personas con movilidad reducida, señalización más clara y recorridos adaptados, en línea con estándares contemporáneos de infraestructura pública y transporte inclusivo.
Más allá de la terminal en sí, el proyecto apunta a redefinir su rol como nodo estratégico del sistema de movilidad. La iniciativa propone transformar Retiro en un polo intermodal, mejor integrado con otros medios de transporte urbanos y metropolitanos.
Esto implica el rediseño de accesos vehiculares y peatonales, la reorganización de playas de maniobra y la coordinación funcional con trenes, subtes y transporte público de cercanía, con el objetivo de ordenar los flujos de tránsito en una de las zonas más congestionadas de la Ciudad de Buenos Aires.
Desarrollo de áreas comerciales y usos complementarios
Como parte esencial del esquema de financiamiento privado, el proyecto contempla el desarrollo y modernización de espacios comerciales, gastronómicos y de servicios dentro del predio.
La iniciativa prevé la incorporación de usos complementarios aún no definidos en detalle, que serán precisados en los pliegos de la licitación, pero que apuntan a generar un espacio de usos múltiples con actividad económica propia.
Estas áreas permitirán sostener la ecuación financiera de la concesión, financiar las obras sin aportes del Estado y generar ingresos estables durante los 30 años de vigencia del contrato, además del canon mensual que deberá abonarse al Estado Nacional.
Más allá de la terminal en sí, el proyecto apunta a redefinir su rol como nodo estratégico del sistema de movilidad. La iniciativa propone transformar Retiro en un polo intermodal, mejor integrado con otros medios de transporte urbanos y metropolitanos.
La iniciativa privada no se limita a la ejecución de obras, sino que abarca la operación completa del sistema. El futuro concesionario asumirá la administración integral de la terminal, el mantenimiento permanente de la infraestructura y la prestación continua de servicios durante toda la vigencia de la concesión.
Esto incluye la gestión cotidiana del predio, la coordinación con autoridades de transporte y seguridad, y la conservación de las instalaciones bajo estándares modernos, con un enfoque de largo plazo que evite repetir los esquemas de abandono del pasado.
Alcance y definiciones pendientes
Si bien las líneas generales de las obras están claramente definidas y fueron consideradas suficientes para declarar el proyecto de interés público, algunos aspectos clave —como el diseño arquitectónico definitivo, el monto total de inversión, el cronograma por etapas y la superficie exacta de las áreas comerciales— quedarán establecidos recién en el proceso licitatorio.
Estos elementos serán detallados en los pliegos que elaborará el Ministerio de Economía, y podrán ser ajustados o ampliados según las propuestas que presenten los distintos oferentes.
En síntesis, el proyecto de obras para la Terminal de Ómnibus de Retiro plantea una transformación integral del principal nodo del transporte automotor de larga distancia del país, combinando renovación edilicia, ampliación de capacidad, modernización operativa, desarrollo comercial y una nueva lógica de gestión.
La apuesta, bajo un esquema de inversión privada total, busca convertir un símbolo de deterioro en una infraestructura moderna, eficiente y acorde a su relevancia estratégica, con la ejecución final sujeta al resultado del proceso licitatorio.
Por haber impulsado la iniciativa original, el consorcio contará con derechos de preferencia previstos en el régimen de iniciativa privada, aunque deberá competir con otros oferentes en la licitación pública que deberá convocarse en un plazo máximo de 60 días desde la declaración de interés público.
La decisión marca el cierre de un ciclo iniciado en 1993, caracterizado por prórrogas sucesivas, contratos vencidos y una progresiva decadencia del servicio, y abre una etapa que busca modernizar un nodo por el que circulan entre 10 y 12 millones de pasajeros al año y que opera más de 300.000 servicios anuales hacia todo el país y regiones limítrofes.
