Los demandantes le pidieron audiencia a la jueza de Nueva York y acusan al país de retener información que dificulta la confiscación de bienes. También le apuntan a Enarsa, el Banco Nación y hasta el swap con China. Los fundamentos de la Argentina.
El juicio por YPF empieza a tomar temperatura a partir de un escrito que el estudio Buford Capital, grupo que encabeza la demanda, le envió a la jueza de Nueva York Loretta Preska luego de la apelación al fallo de primera instancia que presentó la Argentina.
El documento, de más de 100 páginas, señala que al país de estar obstruyendo el proceso de recopilación de información sobre posibles activos embargables.
La Argentina fue condenada a pagar u$s 16.000 millones por la expropiación de la petrolera a Repsol en 2011. Según la decisión de Preska, la multi londinense tiene permitido iniciar la confiscación a partir del 11 de enero porque el país no depositó las garantías para evitarlo.
La semana pasada la Argentina presentó los argumentos para apelar el juicio.
El estudio ahora le comunicó a la jueza que no logró empezar el procedimiento previo a los embargos, conocido como “discovery”, y sostiene que esto se debe a que la Argentina no los deja avanzar.
El informe de Buford detalla que solicitó los datos de una multiplicidad de activos que van desde recursos naturales hasta el Swap con china y activos de otras empresas estatales.
En ese sentido, el analista de Latam Advisors, Sebastián Maril, detalló la lista de pedidos de los beneficiarios del fallo.
Incluye acciones de YPF expropiadas a Repsol; otras acciones de la petrolera en manos del Estado; cuentas, activos, deudas y transacciones valuados en un millón de dólares o más; el swap de monedas con China; y concesiones para la exploración de recursos naturales.
Pero la solicitud de datos no termina ahí. Adicionalmente, los beneficiarios intentaron obtener información sobre Arsat, Enarsa, Banco Nación y Aerolíneas Argentinas, compañía esta última que -según se supo recientemente- está bajo amenaza de embargos por parte de otro fondo buitre que reclama compensaciones por la reestatización.
El escrito expresa que la Argentina “busca erróneamente proteger categorías enteras de activos del mero discovery basándose en que supuestamente son inmunes al embargo, designándose a sí misma como el guardián unilateral de esta cuestión crítica”.
“Sin embargo, la ley es clara en cuanto a que el discovery no es el momento para evaluar cuestiones de inmunidad y que el deudor del fallo no es el tomador de decisiones adecuado para tomar esa determinación, especialmente cuando hacerlo obstruiría la divulgación completa y justa”, agregan los demandantes.
“Más bien, los acreedores judiciales tienen derecho a un descubrimiento permisivo de los activos de un deudor soberano precisamente para que cualquier objeción a la inmunidad -que a menudo es compleja y altamente específica del contexto- pueda luego resolverse sobre un expediente completo y justo”, concluye el escrito.
Los fundamentos de Argentina para negar información
La defensa del país en contra de la acusación de obstrucción realizada este miércoles por Buford se apoya en la inmunidad de ejecución que da la Ley de Inmunidad Soberana de Estados Unidos (FSIA, por sus siglas en inglés).
La normativa, promulgada en 1976, establece reglas sobre la inmunidad soberana de los Estados extranjeros, definiendo las circunstancias en las cuales están protegidos contra demandas en los tribunales de los Estados Unidos.
Asimismo, indica que los demandantes sólo pueden embargar bienes que cumplan tres requisitos: el Estado mismo es su dueño; el bien se usa para una actividad comercial en Estados Unidos; y es o fue un bien usado para la actividad comercial en que se basa el reclamo.
«Las tres condiciones sumadas representan un obstáculo muy grande para los demandantes. Por supuesto, eso no significa que no lo vayan a intentar igual. O que lo intenten simplemente como estrategia de hostigamiento, aun sabiendo que el embargo no puede prosperar», explicó el abogado y ex subprocurador del Tesoro Sebastián Soler en su cuenta de X.
La apelación argentina en el juicio por YPF
La semana pasada la Argentina presentó los argumentos para apelar el juicio, en el debut de la estrategia judicial bajo la presidencia de Javier Milei.
Allí se siguió la misma línea de los gobiernos anteriores: se pidió revocar la decisión judicial porque el Estado considera que la demanda debería tratarse bajo jurisdicción argentina y que los daños de la sentencia fueron «inflados».
La próxima fecha clave será el 25 de marzo: los demandantes apelarán la decisión de Preska de haber eximido a YPF de responsabilidades en el juicio y haber incluido únicamente al Estado, por lo que pedirán volver a incluir a la petrolera dentro de la causa judicial.
