Lo que irrumpió horas atrás como una pelea entre la Nación y una provincia en torno a diferencias por la liquidación en concepto de coparticipación federal, se transformó rápidamente en una mecha encendida que se hace difícil anticipar ni quién ni cómo se apagará, con la amenaza de detener toda la matriz energética nacional.

El vehemente reclamo del Gobierno de Chubut a cargo de Ignacio Torres por un fenomenal recorte a la remisión de fondos por unos 13.500 millones de pesos correspondientes a febrero, por parte del Tesoro nacional que argumenta deudas preexistentes, se convirtió en una causa común de casi la totalidad de los gobernadores, con la provisión energética en el centro de la disputa.

El trasfondo para tan rápido apoyo no fue solamente salir al rescate del colega en problemas sino la reacción en defensa propia por una serie de recortes padecidos en común como el Fondo de Compensación del Transporte y el Incentivo Docente, justamente en la previa de inicio de clases.

A los cruces virulentos de declaraciones, Torres redobló la apuesta con la amenaza de cortar el envío de gas y petróleo al resto del país, una decisión en ciernes que tiene supuesta fecha de concreción pero de difícil ejecución práctica y aún no clara justificación legal.

La advertencia llegó con el respaldo de un documento firmado por Torres y los gobernadores Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Claudio Vidal (Santa Cruz), Sergio Ziliotto (La Pampa), Rolando Figueroa (Neuquén) y Alberto Weretilneck (Río Negro), en el que recuerdan que «las provincias son preexistentes a la Nación y merecen respeto. Nadie puede someterlas ni extorsionarlas con amenazas de restricción de fondos públicos que les pertenecen por derecho».

La posibilidad real del corte energético de las provincias del sur quedó -en un zoom de mandatarios- a la espera de la evolución del intercambio con el Gobierno nacional.

Otasa
Las llaves de los oleoductos quedaron en medio del conflicto de las provincias con la Nación.

Pero si bien nadie discute en un debate honesto que las provincias son las dueñas de los recursos de su subsuelo, en honor a la misma seguridad jurídica no es menos valedero que las empresas que invirtieron miles de millones de dólares en Chubut y emplean a miles de trabajadores no puedan ser obligadas a romper sus compromisos contractuales, ya sea con empresas públicas como privadas, para el abastecimiento local de gas y petróleo o la exportación.

Tal vez la mejor interpretación de la advertencia de Torres deba remitirse a que el área energética fue, es y seguirá siendo por bastante tiempo la principal herramienta de desarrollo de las provincias dotadas de los recursos, justamente casi en su totalidad del Río Colorado hacia el sur.

La riqueza hidrocarburífera, la generación hidroeléctrica de sus grandes represas y el potencial aún sin explotar de sus abundantes recursos renovables, dan una de las pocas posiciones de fortaleza de Chubut y de la región misma en la matriz energética.

La empresa estatal energética de las provincias de la Patagonia

Esa correcta autopercepción del aporte que brinda al resto del país en materia de seguridad de abastecimiento energético, es lo que empuja a las provincias del sur a la idea de conformar una empresa que ya tiene un nombre y apellido que lo dice casi todo: Energía Patagonia S.A.

Comahue, Represas, Privatización
Los contratos de las represas están vencidos y forman parte del reclamo de los gobernadores.

El proyecto ya está sobre la mesa de los gobernadores y será motivo de evaluación en ocasión de la próxima reunión del Parlamento Patagónico, prevista para el 7 de marzo en la ciudad de Puerto Madryn, aunque planteado en el marco de una agenda de desarrollo regional.

A través de esa herramienta los mandatarios y los legisladores nacionales buscan reivindicar el planteo de que los recursos energéticos son de las provincias y que lejos de ser una interpretación localista es un designio de la Constitución Nacional.

Es a partir de ahi que, entienden los gobernadores, el poder concedente tiene que ser de las provincias energéticas, algo que se convierte en pleno Siglo XXI en una discusión arcaica, más parecida a las fundacionales diferencias entre unitarios y federales.

En conjunto, las provincias patagónicas son las primeras productoras de energía de la Argentina.

Chubut y Santa Cruz unidas en la Cuenca del Golfo de San Jorge son el segundo productor y exportador de hidrocarburos de la Argentina, detrás de la Cuenca Neuquina que alberga a la generosa Vaca Muerta.

Es en esas provincias desde la que, se asegura, se entregaron al país más de 300 mil millones de dólares durante los más de 100 años de actividad petrolera, de la mano de la empresa nacional YPF, la que en la actual gestión de Gobierno analiza su salida de esas provincias que cuentan en su mayoría con áreas convencionales ya maduras, de baja productividad y altos costos.

La disputa de Milei con los gobernadores y la pulseada energética

En esta materia ya se habían generado diferencias no sólo cuando las provincias le reclamaron a la petrolera estatal que se haga cargo del pasivo social, ambiental y económico que puede representar la reversión de las áreas que le fueron otorgadas, sino también cuando el Gobierno nacional pretendió arrogarse potestades en el otorgamiento de concesiones a través del malograda Proyecto de Ley de Bases que -según el Gobierno- los gobernadores le restaron su apoyo en pleno debate.

Hidrógeno, Secretaría de Energía, Energías Renovables
Las energías renovables, en pleno desarrollo, son parte de la posible reconversión productiva de Chubut.

Las diferencias también se extienden en el segmento de generación hidroeléctrica, ya que las principales represas de la región del Comahue como El Chocón, Piedra del Águila, Alicurá o Arroyito tienen sus concesiones vencidas pasados los 30 años de su privatización en la década del 90 y las provincias pretenden hacerse de su control.

Con prórrogas temporales, la Nación bajo la gestión pasada y la actual niega toda posibilidad de ceder las megaobras por las que corre el recurso que es propiedad de las provincias pero que fueron financiadas con recursos de todo el país.

Todas estas disputas de legítimos intereses se ven cruzadas por una pulseada política mayor, también muy difícil de avizorar hacia dónde decantará.

Es que el Gobierno nacional está confrontando con casi la totalidad de las provincias más allá de sus diferencias partidarias, pero en particular ésta pulseada con Chubut es con una gestión que es parte del corazón del Pro, el partido del ex presidente Mauricio Macri, el más afín a prestarse a un acuerdo amplio de gobernabilidad.

Con Torres a la cabeza, las 10 provincias gobernadas por el Pro y sus aliados, más diputados y senadores nacionales de la misma extracción, están expresando abiertamente sus diferencias y advertencias al Gobierno nacional por lo desmedido de la disputa.

De la partida ya en juego también vienen sumando sus voces los espacios empresariales, gremiales y sociales, dando forma a una nueva grieta de la Argentina que sólo promete recrudecer las diferencias de lo que poco bueno puede salir.

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