El proyecto apunta a integrarlos en un ente que se encargará de fiscalizar la prestación de los servicios de electricidad y gas, que hoy se hace por separado. También sostiene la desregulación del comercio internacional de energía eléctrica y de hidrocarburos.
El nuevo proyecto de la Ley Bases que el Gobierno Nacional envió el martes a los gobernadores y diputados de la nación con la intención de que comience su tratamiento en comisión la próxima semana, apunta a crear un Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, en medio del impacto que el aumento aumento de las tarifas de esos dos servicios empieza a tener en las facturas de los usuarios.
Una vez constituido este nuevo organismo, reemplazará y asumirá las funciones del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas).
Ambos organismos se encuentran en el centro de la escena desde que se discuten tarifas y subsidios a la energía.
En los últimos días, de hecho, el ENRE se vio envuelto en una fuerte polémica por la nota que envió a las distribuidoras Edesur y Edenor para que facturaran de manera retroactiva la suba del costo de la generación eléctrica ya desde el primer día de febrero. Sin comunicación oficial de esa disposición, que alcanza únicamente a los usuarios de altos ingresos, los primeros que recibieron aumentos, se generaron críticas y hasta se habló de posibles recursos de amparo ante la justicia para evitar ese pago.
De aprobarse el proyecto de Ley Bases, el próximo organismo regulador del gas natural y la electricidad no comenzará a funcionar de inmediato, dado que la normativa actual establece que el ENRE y el Enargas seguirán en funciones hasta que se constituya un reemplazo.
Una vez constituido el nuevo organismo, reemplazará y asumirá las funciones del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas).
Más allá de los plazos, con esta política el Gobierno tiene el objetivo central de consolidar una única estructura regulatoria, lo cual necesariamente implicará una reconfiguración de las áreas y posiblemente una reducción en la cantidad de empleados en ambas dependencias. Mayor eficiencia o más ajuste del gasto público, según quien lo mire.
La Ley Bases y el comercio internacional de energía eléctrica
En los planes de la Secretaría de Energía no todo pasa por la readecuación de tarifas y la eliminación de subsidios, sino que a tono con la premisa del Gobierno nacional de desregular la mayor cantidad de mercados posibles se incluye como uno clave el energético, respecto al cual ya hubo algunas claras señales en esa dirección.
En ese sentido, el nuevo borrador presentado por el Gobierno buscará fomentar la apertura del comercio internacional de energía eléctrica para atraer más participantes a la industria y asegurar una mayor competencia y libre comercialización en el mercado eléctrico.
El proyecto de la Ley Bases aclara que se garantizará a los usuarios finales la libertad de elegir su proveedor.
El nuevo borrador presentado por el Gobierno buscará fomentar la apertura del comercio internacional de energía eléctrica para atraer más participantes a la industria.
Además, se proponen más de 50 modificaciones a la Ley de Hidrocarburos 17.319 para desregular el mercado, con implicaciones significativas para el sector petrolero, incluyendo el nuevo Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones.
En relación con la infraestructura eléctrica, se plantea reorganizar el Consejo Federal de la Energía Eléctrica para que funcione exclusivamente como un órgano asesor de consulta no vinculante para la nueva autoridad de aplicación, enfocado en el desarrollo de dicha infraestructura.
Los artículos referidos a hidrocarburos se sostienen
Mientras las empresas petroleras más importantes del mundo apuestan al desarrollo de Vaca Muerta, el Gobierno también se apresta, de aprobarse la Ley, a hacer modificaciones en el mercado de hidrocarburos. En este punto, la nueva versión no tiene mayores cambios y sostiene los artículos medulares del proyecto original.
Por ejemplo, se sostiene la derogación del artículo 1 de la ley 26.741, que estableció como prioritario para la República Argentina el logro del autoabastecimiento de gas y petroóleo, con el objetivo de garantizar el desarrollo económico equitativo, la creación de empleo y el crecimiento sustentable.
Otro de los cambios fundamentales presentes desde la presentación inicial del proyecto, a fines de diciembre, se encuentra en el artículo 150, que modifica el artículo 6 de la Ley de Hidrocarburos de 1967.
El texto original establece que, mientras la producción nacional de hidrocarburos líquidos no cubra las necesidades internas, será obligatorio utilizar en el país todas las disponibilidades de origen nacional de dichos hidrocarburos, priorizando así el mercado interno sobre la exportación.
Actualmente, las empresas petroleras interesadas en exportar crudo deben iniciar un trámite en la Secretaría de Energía tres meses antes de concretar la operación. En este proceso, informan la cantidad de petróleo que planean vender al exterior y se abre un plazo de 5 días hábiles para que cualquier refinador local pueda reclamar ese crudo para su refinería.
En relación con los precios, el artículo 6 original establece que, en caso de incremento significativo en los precios de petróleos importados por circunstancias excepcionales, estos no se tendrán en cuenta para fijar los precios de comercialización en el mercado interno.
La nueva redacción del artículo prohíbe al Poder Ejecutivo nacional intervenir o fijar los precios de comercialización en el mercado interno para las actividades de extracción, industrialización, transporte y comercialización de hidrocarburos.
