En el gremio se encendieron las alarmas tras la publicación del decreto que reduce descansos y amplía horas de vuelo máximas en la aviación comercial. Según señalaron desde la entidad, las reformas se realizan sin evaluación de riesgos y comprometen la seguridad operacional.
El conflicto entre el Gobierno y la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) se vuelve a intensificar luego del anuncio de un un paro del gremio para el 10 de junio y la casi inmediata publicación del Decreto 378/2025, con el que el Ejecutivo Nacional introduce modificaciones sustanciales al régimen laboral del personal aeronáutico.
Los cambios reducen los tiempos de descanso para la tripulación y aumentan en el tope de tiempo máimo de vuelo. En ese marco, la respuesta de APLA se dio inmediatamente, a través de un comunicado en el que el gremio expresó su rechazo al decreto, al que calificó como “improvisado” y carente de una evaluación adecuada de riesgos.
APLA anunció que iniciará un plan de medidas gremiales y judiciales, además de reclamos ante organismos internacionales, para que se reviertan los cambios en el régimen laboral de los pilotos.
La organización sostuvo que la normativa representa “un grave retroceso en los estándares de seguridad operacional”, al haber sido dictada sin contemplar las condiciones reales del entorno operativo argentino ni contar con políticas de gestión de la fatiga, un aspecto que la OACI considera clave.
“Introducir una considerable reducción en los tiempos de descanso de pilotos sin sistemas previos de mitigación de la fatiga contradice los estándares internacionales y pone en riesgo la seguridad”, advirtió APLA. Además, cuestionaron que se haya reemplazado un marco consensuado, producto de negociaciones sectoriales, por una norma general impuesta de manera unilateral.
Para el sindicato, esta modificación desatiende el componente humano, que incide directamente en la prevención de incidentes y accidentes.
El gremio apuntó también contra la Secretaría de Transporte, encabezada por Luis Pierrini, y el Subsecretario de Transporte Aéreo, Hernán Gómez, a quienes responsabilizó por las posibles consecuencias negativas que puedan derivarse de la aplicación del decreto.
“El factor humano es el eslabón más importante del sistema de seguridad”, enfatizó APLA, al tiempo que reclamó una revisión urgente de la medida. En su declaración, la organización insistió en que “la seguridad debe ser el principio rector, no una variable subordinada a decisiones políticas o recortes presupuestarios”.
Las acciones que evalúan los pilotos
Como parte de las acciones previstas, APLA anunció que iniciará un plan de medidas gremiales y judiciales, además de presentar denuncias ante organismos internacionales vinculados a la aviación civil. Según el gremio, el objetivo es “revertir el decreto y defender la vida y la seguridad de los tripulantes y pasajeros”.
El primer paso en esa estrategia será la medida de fuerza anunciada previamente, que lejos de levantarse, se consolida para el próximo martes, entre las 18 y las 02 de la madrugada siguiente, y que afectará las operaciones de Aerolíneas Argentinas en los aeropuertos Jorge Newbery (Aeroparque) y Ministro Pistarini (Ezeiza).
Aunque no se anticiparon nuevas fechas, desde APLA no descartaron ampliar las protestas si el Ejecutivo no retrocede en su decisión. La medida podría tener un impacto significativo en la actividad aérea local, en momentos en que se proyecta un crecimiento del tráfico comercial.
Las reformas que profundizaron el conflicto
La medida, firmada por el presidente Javier Milei y los ministros Guillermo Francos y Luis Caputo, establece una nueva reglamentación para los tiempos de vuelo, descanso y excepciones aplicables a las tripulaciones de la aviación civil aerocomercial. Entrará en vigencia dentro de 30 días y reemplaza al Decreto 877/21, bajo el argumento de corregir asimetrías generadas por normativas anteriores.
El nuevo esquema contempla, entre otros puntos, una reducción del descanso mínimo semanal de 36 a 30 horas, el aumento del tope anual de horas de vuelo de 800 a 1000, y el ajuste del límite diario de vuelo de 10 a 8 horas. También modifica el régimen de vacaciones, que pasa de un máximo de 45 días anuales a 15 días consecutivos, y redefine el tiempo efectivo de trabajo, excluyendo actividades como el traslado al aeropuerto.
Según el Ejecutivo, estos cambios buscan mejorar la eficiencia operativa del sistema aerocomercial argentino y permitir una mayor libertad de negociación entre empleadores y trabajadores.
