ANAC oficializó un cambio normativo que simplifica el trámite para compañías que quieran operar servicios aéreos en el país. A partir de ahora, bastará con una declaración jurada.
El gobierno nacional continúa avanzando en su estrategia de desregulación aérea. A través de la Disposición 16/2025, la Subsecretaría de Transporte Aéreo eliminó la obligación de que las empresas interesadas en prestar servicios aéreos o de asistencia en tierra acrediten su capacidad económica mediante un legajo respaldado por documentación contable y societaria.
Desde ahora, alcanzará con la presentación de una «Declaración Jurada de Capacidad Económica – Financiera«, firmada por el solicitante. Se facilita así el ingreso de nuevas operadoras y se amplía la estrategia para desburocratizar el sector.
La medida representa un cambio sustancial en el procedimiento de autorización para operar en el país.
La medida fue oficializada con la firma del subsecretario de Transporte Aéreo, Hernán Adrián Gómez, y representa un cambio sustancial en el procedimiento de autorización para operar en el país.
En los hechos, deroga los requisitos establecidos por la Resolución 1025/2016 de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), que imponía un conjunto exhaustivo de evaluaciones previas al inicio de actividades en el sector aerocomercial.
Según fuentes del sector, ese marco implicaba una carga administrativa significativa, tanto en términos de tiempo como de recursos técnicos y financieros.
El régimen anterior exigía que las compañías presentaran una serie de documentos contables que demostraran su capacidad para afrontar la operación sin ingresos durante los primeros tres meses y garantizaran su sustentabilidad financiera por un período de dos años.
Esto incluía los últimos tres balances auditados, detalles sobre la estructura legal de la empresa, la nómina de accionistas y el origen de los fondos de inversión. Todo debía estar acompañado por un plan de negocios amplio y detallado.
Ese plan de negocios debía contemplar una evaluación del mercado y la competencia, una estrategia comercial que incluyera políticas tarifarias y canales de distribución, además de un plan operativo completo. Este último debía precisar las rutas y frecuencias planificadas, así como un programa de flota detallado.
En muchos casos, se requerían cartas de intención o borradores de contratos de leasing para sustentar la propuesta operativa. En paralelo, las autoridades exigían la elaboración de proyecciones financieras a 24 meses, con estados contables proyectados que incluyeran flujo de fondos, balances y cuentas de resultados.
Cada rubro debía estar claramente identificado, desde los costos de combustible y mantenimiento, hasta las tasas aeroportuarias, salarios de tripulaciones y servicios en tierra. Esta estructura apuntaba a limitar los riesgos de insolvencia temprana en los operadores.
Desregulación aérea: ¿qué se necesita ahora para operar?
Con la nueva disposición, ese control previo se reemplaza por una declaración jurada que, en palabras de un funcionario consultado por medios especializados, “traslada la responsabilidad al administrado y agiliza los tiempos de tramitación sin resignar el marco regulatorio posterior”.
Desde el gobierno aseguran que la medida se enmarca en un esfuerzo por “eliminar barreras innecesarias que desalientan la competencia y el ingreso de nuevos actores al mercado aéreo”.
La decisión es coherente con otras acciones recientes orientadas a flexibilizar la actividad aerocomercial en el país.
Entre ellas, se destaca la eliminación del sistema de bandas tarifarias para vuelos de cabotaje y la revisión del régimen de asignación de rutas.
Las autoridades consideran que estas modificaciones fomentan la inversión privada y permiten una mayor dinamización del mercado, en línea con las recomendaciones de organismos internacionales sobre apertura de cielos.
En el sector aerocomercial, las reacciones son diversas. Algunas fuentes empresarias consideran que la flexibilización del trámite de habilitación permitirá a nuevos operadores ingresar más rápidamente, lo que podría traducirse en mayor conectividad.
Sin embargo, otras voces advierten que la supresión de controles podría generar un entorno más propenso a la inestabilidad financiera de las compañías, especialmente en un contexto macroeconómico volátil como el argentino.
