El Senado analiza el articulado con media sanción de la Ley de Bases que incluye un capítulo de promoción de grandes inversiones (RIGI), un llamado a los capitales extranjeros que en los últimos años se pretendió –sin éxito alguno- sumar a través de proyectos que pretendían dar un marco normativo particular para la industria del no convencional, el hidrógeno o la minería.
Se trata del Régimen de incentivo para grandes inversiones (RIGI) por el que se establecen, incentivos, certidumbre, seguridad jurídica y un sistema eficiente de protección de derechos adquiridos a su amparo. El programa alcanzará a inversiones de al menos US$ 200 millones que se deberá desembolsar en los primeros dos años del proyecto, y que en el caso de superar los US$ 1.000 millones podrán integrarse al apartado Exportación Estratégica de Largo Plazo.
En ambas instancias, los beneficios que incluye el capítulo se extenderían por el plazo de tres décadas en IVA, crédito fiscal, ganancias, impuesto sobre débitos y créditos y la exención de derechos de importación en bienes de capital, repuestos, partes, y componentes, entre otras.
Es este capítulo del RIGI, que flexibiliza por completo las condiciones de arribo para compañías trasnacionales y apunta a acelerar los proyectos de la transición energética, el que continúa generando diferencias entre los sectores políticos y distintas ramas industriales que entienden que una apuesta de esas características puede alentar la competencia desleal además de complicar la supervivencia de los proveedores locales.
Alerta metalúrgica por el RIGI
Uno de los grandes actores que salió a advertir sobre los riesgos del RIGI fue la Asociación de Industriales Metalúrgicos (ADIMRA) por entender que la Ley de Bases así planteada en la media sanción “podría generar una competencia desleal con la industria preexistente”.
Si un producto en Estados Unidos vale 1 millón de dólares y en Argentina vale lo mismo, al que lo compra le saldría un 30% menos comprarlo afuera: “No estamos hablando de competitividad, estamos hablando de incentivos”, planteó la gremial empresarial.
Los beneficios que incluye el capítulo se extenderían por el plazo de tres décadas en IVA, crédito fiscal, ganancias, impuesto sobre débitos y créditos y la exención de derechos de importación en bienes de capital, repuestos, partes, y componentes, entre otras
También se subrayó que los fabricantes nacionales tendrán condiciones desiguales ya que deben afrontar costos de importación considerables que generan asimetrías, de entre el 15% y el 35% del valor total de los bienes.
De la misma manera se viene señalando que el RIGI no identifica actividades, productos o sectores con posibilidad de ser impulsados, ni tampoco prevé ningún tipo de ítem que priorice el desarrollo de proveedores locales que potencien la trama productiva local.
La misma Unión Industrial Argentina, advirtió a los distintos bloques parlamentarios que la actual redacción del régimen de incentivo para grandes inversiones coloca a los proveedores locales en una situación de desventaja frente a los productos importados, toda vez que la importación no paga aranceles de ningún tipo mientras que los proveedores nacionales deben cumplir con todas sus obligaciones en materia arancelaria e impositivas.
Es en este sentido, en el que se sumó al debate la Federación de Cámaras del Sector Energético que si bien adhiera a la Ley de Bases en sus líneas generales entiende que no contempla explícitamente la participación de las empresas regionales en el desarrollo del país.
La inclusión de las pymes en el RIGI, consideraron, es fundamental para garantizar que los beneficios de ésta iniciativa lleguen a todos los sectores de la sociedad, por lo que solicitó al gobierno y a los legisladores que se incorporen medidas específicas para apoyar el desarrollo de las empresas neuquinas, considerando el concepto de Cadena de Valor Integral y fortaleciendo en todas las etapas del proceso productivo, desde la adquisición de insumos hasta la comercialización de sus productos y servicios.
Beneficios para toda la cadena
En definitiva, desde los distintos sectores industriales se propone que la Ley de Bases haga extensible los beneficios del RIGI a las empresas que conforman la cadena de calor estratégica de la actividad energética y minera, en particular, permitiendo el desarrollo de las empresas favoreciendo así la integración de servicios.
Con una tradición centenaria en la producción de hidrocarburos, el sector está conformado por muchas empresas a lo largo de su cadena de valor, con un efecto multiplicador estimado en 5 puestos de trabajo indirectos por cada puesto directo y con una base de proveedores de unas 10.000 empresas que abastecen de bienes y servicios de variada complejidad a la industria del Oil & Gas.
La UIA advirtió a los distintos bloques parlamentarios que la actual redacción del régimen de incentivo para grandes inversiones coloca a los proveedores locales en una situación de desventaja frente a los productos importados
Pero además de ser generadora de mano de obra y bienes locales, la actividad por ser una de las más innovadoras y a la vez exigentes en calidad de procesos y cumplimiento de normativas internacionales, implica el desarrollo de las actividades de investigación y desarrollo local, fortaleciendo la competitividad ante empresas del resto del mundo, sumar al agregado de valor nacional y enriquecimiento de la base industrial.
Sectores como la producción no convencional de gas y petróleo en Vaca Muerta, del desarrollo de los recursos mineros claves de la transición energética como el litio o el cobre, y de un recurso con mirada de futuro como el hidrógeno requiere de servicios especiales y de la provisión de tecnologías de bienes específicos de muy alto valor agregado.
El riesgo es que el capítulo del RIGI así redactado tenga un sesgo hacia la extranjerización, propiciando una mayor primarización de la economía argentina y debilitando su potencial de largo plazo.
En la práctica, el riesgo es que las grandes inversiones van a encontrar más rentable sumar actividades, creando valor y empleo en el exterior en detrimento del mercado argentino.
