Ante el malestar del sector por el retraso en las aprobaciones, el gobierno modificó los pasos administrativos que deben cumplir las compañías para informar sus proyectos y gastos de capital.
Las iniciativas mineras han registrado importantes demoras en su incorporación al RIGI, el régimen de beneficios fiscales impulsado por el Estado. Tras sucesivos recamos del sector, la Secretaría de Minería de la Nación resolvió modificar el procedimiento en aspectos clave, con el objetivo de agilizar el acceso.
A través de la Resolución 59/2025, publicada esta semana en el Boletín Oficial, se dispuso la sustitución del anexo normativo que reglaba el trámite de inscripción y presentación de declaraciones juradas en el marco de dicho régimen, vigente desde 1993.
Desde la reglamentación del RIGI, se presentaron siete proyectos vinculados a la minería y solo uno obtuvo la aprobación.
El cambio más relevante consiste en aceptar, con efecto subsanatorio, las declaraciones juradas presentadas bajo el artículo 18 de la ley para cubrir aquellas exigidas por el artículo 25 correspondientes a ejercicios anteriores a 2024, en los casos en que estas últimas no hayan sido entregadas o lo hayan sido fuera de término.
Esta decisión responde a inconsistencias detectadas por la Dirección Nacional de Inversiones Mineras, que advirtió la falta de coherencia entre el plazo reglamentario para declarar las inversiones proyectadas y la lógica de presentación exigida por la ley.
La normativa anterior indicaba que dicha información debía remitirse antes del 31 de marzo del año siguiente, lo que en la práctica derivó en numerosas presentaciones extemporáneas o fuera de contexto.
Según se fundamenta en los considerandos de la resolución, exigir una declaración jurada con carácter proyectivo respecto de ejercicios ya vencidos “carece de valor” y resulta contraproducente para la administración del régimen.
La medida, por tanto, apunta a preservar la trazabilidad de las inversiones sin penalizar omisiones formales ocurridas en períodos previos, siempre que los datos sustanciales se encuentren registrados de manera adecuada en la documentación respaldatoria exigida por la ley.
En ese sentido, se enfatiza que la regularización tendrá efecto únicamente si las declaraciones presentadas bajo el artículo 18 cumplen con los requisitos normativos vigentes. La reforma también busca acelerar los trámites mediante una revisión integral del anexo que regula el procedimiento de inscripción al registro.
Con la aprobación del nuevo texto se procura una mayor adecuación a la dinámica actual de la actividad minera y una reducción en los tiempos administrativos. La Secretaría justificó esta actualización en los principios de celeridad, economía, simplicidad y eficacia previstos en la ley 19.549 sobre procedimientos administrativos.
Los proyectos mineros que esperan entrar al RIGI
Desde el lanzamiento del RIGI, se presentaron siete proyectos vinculados a la minería y solo uno obtuvo la aprobación. Aunque el Poder Ejecutivo ha manifestado públicamente su respaldo a la minería como eje estratégico, aún no se han otorgado los avales requeridos para activar este paquete de beneficios fiscales y aduaneros.
Entre las iniciativas que permanecen a la espera se encuentra Hombre Muerto Oeste, de Galan Lithium, que prevé una inversión de 217 millones de dólares para instalar una planta de producción de cloruro de litio en Catamarca.
En San Juan, el proyecto Gualcamayo, impulsado por Minas Argentinas, contempla una inversión de 700 millones de dólares para desarrollar instalaciones de lixiviado, una planta de cal, exploración y un parque solar. A ese se suma Salar del Hombre Muerto, bajo control de Rio Tinto, con un desembolso de 820 millones de dólares para desarrollar un yacimiento en Catamarca.
Por su parte, el Proyecto Mariana, a cargo de la empresa china Ganfeng, propone una planta de cloruro de litio en Salta con una inversión prevista de 273 millones de dólares. En el caso de Los Azules, ubicado en San Juan, McEwen Copper solicitó beneficios fiscales por una inversión inicial de 227 millones de dólares para su fase de factibilidad, aunque el desarrollo completo implicaría un desembolso cercano a los 2.500 millones.
Finalmente, el proyecto Sal de Oro, impulsado por la coreana Posco en Salta, estima una inversión de 635 millones de dólares para la construcción de una planta de fosfato de litio, hidróxido de litio y carbonato de litio.
El único emprendimiento aprobado es Rincón, operado por la firma Rio Tinto, que planea construir al menos dos plantas de procesamiento de carbonato de litio en Salta, con una inversión estimada en 2.700 millones de dólares.
