La compañía contrató asesoramiento financiero y legal especializado para enfrentar una deuda de 230 millones de dólares. Espera alcanzar un entendimiento con los tenedores de títulos en las próximas semanas.
Aconcagua Energía inició un proceso de reestructuración de su deuda financiera con el objetivo de preservar su funcionamiento operativo. La compañía informó a la Comisión Nacional de Valores (CNV) que decidió diferir el pago de intereses correspondientes a sus Obligaciones Negociables emitidas en el mercado local.
La petrolera se especializa en el convencional y se vio afectada por el contexto que atraviesa ese segmento en particular. El foco actualmente está puesto en resolver una deuda que asciende a 230 millones de dólares.
El portafolio de la empresa combina la producción de petróleo y gas con negocios complementarios.
En ese marco, Aconcagua contrató al banco de inversión VALO Columbus y al estudio jurídico Tavarone, Rovelli, Salim & Miani, con quienes espera alcanzar un acuerdo con los acreedores en las próximas semanas y así evitar recurrir a un concurso.
En la notificación enviada al organismo regulador, la petrolera argumentó que su decisión responde a las “condiciones desafiantes del mercado de capitales”, que dificultan el acceso a nuevas fuentes de financiamiento en condiciones razonables. A partir de esta situación, la compañía resolvió priorizar el uso de su liquidez para cubrir los gastos operativos corrientes.
“La compañía impulsará un proceso integral de reestructuración de su deuda financiera, ante las condiciones desafiantes del mercado de capitales que han dificultado el acceso a fuentes de refinanciamiento en términos compatibles con la sostenibilidad del giro ordinario de sus actividades operativas”, detalló el comunicado oficial.
¿Crisis financiera?
El portafolio de la empresa combina la producción de petróleo y gas con negocios complementarios en servicios petroleros y generación eléctrica. Su plan de financiamiento incluía originalmente el lanzamiento de un bono internacional a comienzos de este año.
Para esa colocación había convocado a nueve bancos, entre ellos el Santander, Bank of America y Deutsche Bank. Sin embargo, las condiciones de mercado empeoraron abruptamente, con una caída en los precios del crudo en abril -aunque ahora la guerra Israel-Irán cambió este paradigma- y la imposición de nuevos aranceles en EE.UU., lo que en ese momento obligó a suspender la emisión.
La imposibilidad de acceder a financiamiento externo coincidió con un contexto local igualmente restrictivo. En mayo, compañías de mayor volumen como Pampa Energía, Pluspetrol y Telecom acudieron al mercado doméstico y absorbieron buena parte de los fondos disponibles.
El deterioro de las condiciones financieras se vio reflejado en la baja de calificación que Fitch aplicó sobre los instrumentos de deuda de Aconcagua. La agencia los ubicó en ‘CCC-’, un nivel que indica una posición de liquidez ajustada y altos riesgos de refinanciación.
Esta nueva categoría podría dificultar aún más la posibilidad de obtener capital fresco, lo que refuerza la necesidad de concretar una reestructuración que extienda plazos y alivie la carga de vencimientos en el corto plazo. La empresa enfrenta compromisos por 75,3 millones de dólares durante 2025.
Factores externos desfavorables
Además de las restricciones financieras, Aconcagua también tuvo que hacer frente a factores operativos que redujeron sus márgenes.
La apreciación cambiaria incrementó los costos en dólares del sector, especialmente para aquellas empresas que explotan áreas convencionales maduras, donde los niveles de productividad son menores en comparación con los desarrollos no convencionales.
En paralelo, el precio internacional del crudo mostró una tendencia descendente desde marzo, lo que afectó la rentabilidad de varios actores medianos.
La decisión de postergar pagos responde a la necesidad de contar con recursos suficientes para mantener la actividad en sus principales activos, que incluyen 13 concesiones convencionales en Neuquén, Río Negro y Mendoza.
A eso se suma un proyecto piloto que busca incursionar en Vaca Muerta, aunque el desarrollo de este plan quedaría supeditado a la evolución de las negociaciones con acreedores y las condiciones generales del mercado energético.
Por ahora, la atención está puesta en alcanzar consensos con los tenedores de deuda bajo un esquema voluntario que evite mayores tensiones legales o comerciales. Las firmas contratadas por Aconcagua, tanto VALO como el estudio jurídico, cuentan con experiencia en procesos similares dentro del sector energético y financiero argentino, lo que podría facilitar el camino hacia un entendimiento.
