Este viernes se oficializó el inicio del procedimiento, que contempla la separación de las actividades y bienes de cada una de las unidades de negocio de la estatal. Su 50% en la transportista eléctrica se ofrecerá en un concurso público internacional.
El Gobierno formalizó la autorización para avanzar en la privatización total de Energía Argentina S.A. (Enarsa). Desde Nación aceleran para “liberar” el sector eléctrico, reduciendo el rol del Estado y abriendo el juego a nuevas empresas, a poco de haber formalizado además un plan de normalización para que las distribuidoras salden deudas con Cammesa.
El proceso comenzará con la venta del 50% de las acciones que la empresa estatal tierne en Citelec S.A., controladora de Transener, la principal transportista de energía eléctrica en alta tensión del país. La medida fue oficializada a través del Decreto 286/2025, publicado en el Boletín Oficial de este viernes, y responde a los lineamientos establecidos por la Ley Bases.
La estatal posee participación en 17 unidades operativas que van desde generación térmica e hidroeléctrica hasta transporte de gas.
Este primer movimiento implica la convocatoria a un concurso público nacional e internacional para licitar las acciones de Enarsa en Citelec, siguiendo lo dispuesto en los artículos 17 y 18 de la Ley 23.696 de Reforma del Estado.
La decisión, según argumenta el Poder Ejecutivo, se orienta a desmontar estructuras empresariales que hasta ahora “no han logrado resultados eficientes” bajo la órbita estatal. Apuntan que solo en 2023 el Estado transfirió más de 1.200 millones de pesos a Enarsa, cifra que el gobierno considera insostenible y que a su entender justifica la urgencia de esta reforma.
La estatal posee participación en 17 unidades operativas que van desde generación térmica e hidroeléctrica hasta transporte de gas.
Entre los activos previstos para su eventual enajenación figuran las centrales térmicas Manuel Belgrano y José de San Martín, el Gasoducto Perito Moreno (ex Néstor Kirchner) y las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, aún en construcción en Santa Cruz.
En paralelo, Nación busca regularizar las condiciones del mercado eléctrico y dispuso un plan de pagos para que las distribuidoras se pongan al día con Cammesa. Ambas decisiones apuntan a un rol menos activo por parte de los organismos públicos en el sector.
La venta de Enarsa
El proceso de venta de Enarsa se llevará a cabo a través de un modelo escalonado que apunta a garantizar la continuidad operativa de cada unidad y de las obras en ejecución a cargo de la estatal, mientras se avanza hacia una transferencia total del control accionario. El esquema planteado busca dividir las unidades de negocio de Enarsa y proceder a su venta por separado.
Esta fragmentación, según se explica en los fundamentos del decreto, está diseñada para favorecer el ingreso de capital privado y una gestión que permita mejorar la rentabilidad y reducir la carga fiscal que implica sostener la actual estructura.
Uno de los aspectos relevantes del decreto es que no se aplicarán las preferencias previstas en el artículo 16 de la Ley de Reforma del Estado. Esto significa que ni los trabajadores de Enarsa ni Pampa Energía —la empresa que ya posee el otro 50% de la controladora de Transener— tendrán trato prioritario para adquirir las acciones en venta.
El Gobierno optó por un procedimiento completamente abierto, lo que a su entender refuerza el enfoque competitivo y sin excepciones del proceso. Asimismo, la operación deberá cumplir con lo estipulado en el artículo 31 de la Ley 24.065, que prohíbe la integración vertical en el sistema eléctrico.
Esa disposición impide que una misma compañía controle simultáneamente actividades de generación y transporte de energía, lo cual limita el margen de maniobra de ciertos actores del mercado.
Esta restricción obligará a revisar cuidadosamente los perfiles de los potenciales compradores para asegurar el cumplimiento del marco normativo.
Desde el oficialismo consideran que la finalización de la Revisión Quinquenal de Tarifas (RQT) —prevista para este año— funcionará como un incentivo adicional para los inversores interesados. Este proceso establecerá un nuevo esquema de tarifas y planes de inversión para los próximos cinco años, aportando previsibilidad a quienes contemplen ingresar al negocio energético a través de Transener o cualquiera de las otras unidades de Enarsa.
La empresa estatal mantendría funciones específicas vinculadas al gas natural licuado (GNL) y a la comercialización de gas, tareas que se consideran esenciales para la seguridad energética nacional y para cumplir con compromisos asumidos ante el Fondo Monetario Internacional. El rediseño institucional apunta, así, a un modelo mixto más acotado.
La implementación del plan recae en el Ministerio de Economía, que contará con el apoyo de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas”. Esta entidad tendrá la responsabilidad de definir los pasos concretos, elaborar los pliegos licitatorios y garantizar la adecuación del proceso a la legislación vigente.
