El gobierno nacional busca modificar la Ley de Glaciares para permitir que los grandes proyectos avanzados de cobre ingresen al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) antes de que venza la ventana temporal que habilita beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios únicos en treinta años. El rol de los gobernadores y empresarios en la discusión que podría redefinir el rumbo de la minería argentina por las próximas décadas.
Desde la sanción de la norma en 2010, la presión de las provincias y de las empresas para modificar la Ley de Glaciares ha sido constante. Argumentan que la definición actual de “ambiente periglaciar” es demasiado amplia y que, en lugar de proteger las verdaderas reservas hídricas, termina bloqueando zonas donde no existe afectación real.
Pero en las últimas semanas, el debate tomó velocidad, el gobierno confirmó que la reforma se debatirá en las sesiones extraordinarias del Congreso, con el objetivo de corregir criterios y darle mayor poder de decisión a las provincias, en línea con el dominio sobre sus recursos naturales que les reconoce la Constitución.
La urgencia está marcada por los tiempos del RIGI, especialmente diseñado para atraer inversiones de gran escala en energía, minería e infraestructura. De los proyectos que buscan ingresar, la mayor expectativa está puesta en los grandes emprendimientos cupríferos de San Juan, Catamarca y Salta.
Vicuña, El Pachón, Los Azules, MARA–Agua Rica y Taca Taca representan más de USD 21.000 millones en inversiones potenciales y son considerados estratégicos para que Argentina ingrese de lleno al mercado global del cobre, un mineral crítico para la transición energética. Para las empresas, la ecuación es directa: sin cambios en la Ley de Glaciares, no habrá desembolsos.
Los gobernadores comparten esa mirada. En la llamada Mesa del Cobre, integrada por las principales provincias mineras, plantean que la ley vigente frena el desarrollo exploratorio y genera incertidumbre jurídica.
Su posición es que la protección ambiental debe mantenerse, pero con criterios técnicos precisos y estudios de campo, y no con delimitaciones satelitales generalizadas.
Reclaman que la autoridad de aplicación sea provincial y que se establezcan parámetros diferenciados para zonas donde no hay evidencia de reservas hídricas sensibles. Para ellos, no se trata de una flexibilización ambiental sino de recuperar gobernanza sobre su territorio productivo.
La administración nacional escucha esas demandas en un contexto político complejo. Para avanzar con temas centrales como el Presupuesto, la reforma laboral o el paquete fiscal, necesita del acompañamiento de los mandatarios cordilleranos.
La modificación de la Ley de Glaciares aparece así como una señal de alineamiento entre Nación y provincias, y como una herramienta para destrabar inversiones que podrían multiplicar exportaciones y empleo. Según cálculos oficiales, el país podría alcanzar USD 25.000 millones en exportaciones mineras hacia 2033, con el cobre como principal motor.
Las provincias reclaman reglas claras y la posibilidad de decidir sobre sus propios territorios de altura.
La puja, sin embargo, no está exenta de tensiones. Los sectores ambientalistas sostienen que una reforma abriría la puerta a intervenciones en áreas sensibles y que, sin controles estrictos y estudios rigurosos, podría comprometer ecosistemas de altura.
Desde el lado de las provincias y de las empresas, la respuesta es contundente, “no se busca afectar glaciares ni reservas hídricas, sino corregir indefiniciones que bloquearon proyectos durante una década”.
La Corte Suprema ya había señalado en 2019 que Nación y provincias debían acordar mecanismos conjuntos para la protección, un fallo que hoy es utilizado como fundamento político y jurídico para impulsar la actualización legislativa.
La discusión también está marcada por la economía. Argentina enfrenta una demanda creciente de minerales estratégicos para la electromovilidad y las energías renovables. Mientras países como Chile, Perú, Canadá y Australia avanzan con marcos regulatorios estables, Argentina sigue atrapada en indefiniciones que ralentizan su capacidad de competir.
La postura de empresas y cada gobernador sobre la Ley de Glaciares
Las compañías internacionales sostienen que necesitan previsibilidad, “Reglas claras, estabilidad tributaria y certezas ambientales”. El RIGI intenta responder a esa demanda, pero su impacto será limitado si la ley que regula las zonas de altura continúa generando controversias.
En este marco, el rol de las provincias es determinante. San Juan y Catamarca son las jurisdicciones con mayor volumen de proyectos y exploran un camino intermedio: mantener estándares ambientales altos pero con definiciones topográficas basadas en estudios científicos y no en interpretaciones extensas del concepto “periglaciar”.
Salta y Jujuy acompañan el reclamo, conscientes de que el cobre representa una oportunidad única para diversificar su matriz exportadora más allá del litio. Santa Cruz, aunque con menor participación cuprífera, también se sumó al planteo para evitar que una interpretación nacional afecte su capacidad de atraer inversiones.
Para todos los distritos, la discusión no es solo minera, es federal, y se vincula directamente con la autonomía provincial consagrada en 1994. Mientras tanto, el gobierno acelera reuniones con empresas y gobernadores para delinear la letra chica del proyecto que ingresará al Senado.
Sin cambios normativos, los grandes proyectos no podrán ingresar al RIGI y la oportunidad se perderá.
La expectativa del sector privado es alta, si la reforma avanza, la Argentina podría finalmente destrabar la etapa de factibilidad de sus grandes proyectos cupríferos. Si no lo hace, corre el riesgo de perder la ventana global para insertarse en un mercado dominado por países que ya ajustaron sus normativas.
El desenlace dependerá del clima político en el Congreso y de la capacidad del gobierno para articular consensos entre Nación, provincias, empresas y organizaciones ambientales. La discusión promete ser intensa, está en juego el futuro de la minería argentina, el perfil exportador del país y la relación entre desarrollo y protección ambiental.
La batalla por la Ley de Glaciares no es técnica ni marginal, es la discusión estructural que definirá si Argentina puede transformarse en un actor relevante de la economía verde o si continuará relegada en un sector donde el tiempo, la tecnología y la confianza internacional son factores decisivos.
