El Ejecutivo envió un proyecto a la Legisladura provincial para que convalide el convenio suscripto tras la reestatización, que le adjudicó un 8% de participación en la petrolera nacional, pero nunca fue formalizado.
En medio del juico por la reestatización de YPF, el gobierno de Chubut puso en marcha una jugada clave para blindar su participación en la petrolera nacional: presentó en la Legislatura un proyecto de ley que busca aprobar el convenio firmado en 2012 por el cual la provincia accedió al 8% del paquete accionario de la petrolera.
Aunque ese acuerdo fue sellado hace más de una década, nunca fue formalizado ni pasó por escribanía ni por el tratamiento legislativo. Y eso, advierte ahora la gestión del gobernador Ignacio Torres, pone en jaque un activo valuado entre 500 y 600 millones de dólares.
La iniciativa no se limita a regularizar el convenio: también habilita al Ejecutivo a defender por vías judiciales y extrajudiciales la porción accionaria frente a embargos u otras medidas que puedan afectar su control.
El proyecto que ya ingresó a la Legislatura busca saldar esa deuda pendiente: reconoce que, al no haberse protocolizado el convenio, la titularidad provincial sobre el 8% de YPF sigue incompleta. Y eso la expone.
El texto, firmado por el ministro de Gobierno, Victorino Eraso Parodi, lo plantea con claridad: “Parte de estas acciones, propiedad de la Provincia del Chubut, no están efectivamente inscriptas por no haberse concluido con la efectiva cesión, sumado a la falta de análisis de la magistrada interviniente, es que el embargo afectó a las mismas”.
La advertencia es contundente: sin la aprobación legislativa, Chubut no tiene un título de propiedad sólido sobre ese capital. “Esto denota la urgencia de concluir con la aprobación del acuerdo que se acompaña, de forma tal que el Poder Ejecutivo pueda gestionar y reclamar la cesión definitiva de las acciones”, señala el documento.
La iniciativa surge en un contexto de tensión judicial creciente. La semana pasada, el gobernador Ignacio Torres ya había anticipado que Chubut se presentará ante la Corte de Apelaciones de Nueva York para pedir el levantamiento del embargo que pesa sobre las acciones que le corresponden como provincia productora de hidrocarburos.
Acción judicial y reclamo por mayor participación
La iniciativa no se limita a regularizar el convenio: también habilita al Ejecutivo a defender por vías judiciales y extrajudiciales la porción accionaria frente a embargos u otras medidas que puedan afectar su control.
Pero además, el texto deja abierta la puerta para avanzar en otro frente: la revisión del porcentaje que recibió Chubut en el reparto original. En los considerandos, el Ejecutivo provincial pone en discusión el criterio con el que se distribuyeron las acciones entre las provincias petroleras.
“Es necesario destacar que la negociación realizada en el marco del acuerdo por las autoridades de la Provincia en el año 2012, generaron que a la Provincia del Chubut se le reconozca un porcentaje de acciones muy bajo y desigual en relación con otras provincias cuya producción de hidrocarburos y vinculación con la empresa YPF S.A. es incomparablemente menor, como es el caso de Santa Cruz, Río Negro o Mendoza”, argumenta el proyecto.
Esa desigualdad quedó plasmada en el artículo 4º del texto, que habilita al gobierno provincial a iniciar nuevas gestiones para mejorar la posición accionaria: “La aprobación del convenio adjunto no impide la realización de nuevas negociaciones en beneficio de los intereses provinciales”.
Incluso declara como “lesivos, insuficientes y arbitrarios” los porcentajes asignados a Chubut y faculta al Ejecutivo a “buscar un acuerdo más justo para los intereses de la Provincia y/o cualquier otra medida que resulte necesaria”.
Un reclamo que arrastra más de una década
La historia se remonta a 2012, cuando el Congreso sancionó la Ley 26.741 que expropió el 51% de YPF, hasta entonces en manos de Repsol. De ese paquete mayoritario, el 49% fue asignado a las provincias petroleras, en proporción a su producción. A Chubut le correspondió el 8,6% de ese capital.
Sin embargo, esa asignación nunca se terminó de concretar. La Legislatura no ratificó el convenio y tampoco se avanzó con la escrituración formal. Esa omisión dejó a Chubut en una zona gris legal.
El vicegobernador Gustavo Menna, quien además es candidato a diputado por el frente Despierta Chubut, fue claro al respecto: “No sólo representan un activo económico que puede rendir dividendos, sino también un factor que incide en la calificación crediticia de la provincia”. Según explicó, cerrar esa ventana legal es indispensable para evitar futuras disputas judiciales y poder ejercer plenamente el rol de accionista.
