En su respuesta a la apelación elevada por la Argentina en febrero, Bufford Capital pidió que se revise el fallo de primera instancia que liberó a la empresa nacional de cualquier responsabilidad en la expropiación.
Pasan las semanas y el juicio por la expropiación de YPF avanza a paso lento, pero firme. En la jornada de ayer, el estudio inglés Burford Capital le presentó al Juzgado de Nueva York sus argumentos en contra de la apelación elevada en febrero por la Argentina y solicitó que la compañía estatal vuelva a ser parte del proceso.
Según el fallo inicial, dispuesto el año pasado por la jueza Loretta Preska, los demandantes son acreedores de 16.500 millones de dólares y, con los intereses acumulados a día de hoy, ese monto asciende otros 500 millones. La defensa de Nación, en respuesta, elevó una solicitud de apelación argumentando que Estados Unidos no puede tener injerencia para “fallar sobre leyes argentinas, por hechos ocurridos en territorio argentino con empresas argentinas”.
Hacia adelante lo que queda es que YPF y Argentina tengan la oportunidad de presentar escritos refutando estos argumentos
Ahora, Burford realizó su descargo y solicitó, ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, que YPF vuelva a ser incluida en el litigio.
“Desde marzo del año pasado sabemos que los beneficiarios tienen esta intención. Mientras el caso permanezca abierto, las chances de que YPF sea reincorporado al litigio están. Son pocas, pero existen”, sostuvo Sebastián Maril, analista de Latam Advisors.
Fue el propio Maril quien adelantó las novedades del caso en su cuenta oficial de X. Allí, el especialista compartió partes del escrito presentado por los demandantes. Los argumentos esgrimidos por el estudio apuntan a la necesidad de “corregir los incumplimientos”.
“Las promesas de los acusados aquí no fueron comentarios ni acuerdos casuales. Eran compromisos inusuales -e inusualmente claros- que eran necesarios para brindar comodidad a los posibles inversores y permitir que una nación extranjera con un pasado económico accidentado accediera a los mercados de capital estadounidenses y recaudara miles de millones de dólares”, señala el texto.
Además, agregaron: «Si esas promesas pueden ser ignoradas impunemente, los demandantes serán perjudicados a corto plazo, pero todos, tanto los inversores como los gobiernos extranjeros, perderán a largo plazo». Cabe señalar que la burocracia en el caso de una apelación obliga a que los planteos se den en forma de preguntas.
Por su parte, Sebastián Soler, que fue subprocurador del Tesoro durante el gobierno de Alberto Fernández, citó en sus redes sociales que los beneficiarios rechazan los planteos de la Argentina respecto a que la justicia estadounidense no tiene facultades para intervenir en el caso de la expropiación.
A la vez, el experto destacó que los demandantes preguntaron a la Corte de Apelaciones si la jueza Loretta Preska -de primera instancia- “se equivocó” al exonerar a la petrolera “a pesar del incumplimiento por parte de YPF de su propia obligación contractual independiente de tomar medidas si un adquirente violaba los requisitos de oferta pública de adquisición”.
Hacia adelante lo que queda es que YPF y Argentina tengan la oportunidad de presentar escritos refutando estos argumentos. A partir de septiembre la Cámara podría agendar una audiencia para escuchar a las partes y su fallo será recién en 2025.
La postura de la Argentina en el juicio por YPF
La defensa del Estado argentino se dio en febrero, y se apoyó en tres preguntas que son la base de su argumento. El planteo principal es que la justicia estadounidense no debía intervenir en un caso ocurrido en la Argentina y entre accionistas de una empresa local.
Además, enfatizó en que los tribunales estadounidenses permitieron una indemnización mayor al que establece el Código Civil argentino. Por último, los abogados que representan al país se preguntaron si, como mínimo, el tribunal de primera instancia cometió un error a calcular el monto.
En ese sentido, señalaron que no se aplicó la regla del día del fallo para la conversión de moneda. Luego de enviar ese escrito, se presentaron varios apoyos para el país, bajo la figura del “amicus curiae”. Entre ellos, hicieron claro su respaldo Chile, Ecuador, Brasil y Uruguay. También hicieron lo mismo la Asociación Argentina de Derecho Administrativo y Colegio Público de Abogados.
