Tras 26 años de concesión privada, en septiembre de 2021 comenzó una administración estatal que seguiría gestionando la Hidrovía del Río Paraná. Los gobernadores piden extender la traza actual, y los exportadores, profundizarla.
Uno de los nudos centrales que la gestión presidencial 2019-2023 tenía que enfrentar era el vencimiento de muchas de las concesiones otorgadas durante la década del ´90. Ferrocarriles de cargas, represas hidroeléctricas y algunas autopistas del país, entre otras, formaban parte del paquete de decisiones estratégicas que se debían encarar.
El dilema es considerable, destacando que una nueva concesión –pública, privada, o mixta- implica una definición respecto de cuál es el modelo de gestión y necesidades estratégicas de cara al futuro.
En ese marco se dio el amplio debate en torno de la Hidrovía. Desde principios de 2020, incluso durante la pandemia, se instaló un fuerte intercambio de propuestas y temáticas vinculadas a la ruta fluvial por la que circula el 80% del comercio exterior argentino, y buena parte del de nuestra región.
Desde principios de 2020 se instaló un fuerte intercambio de propuestas vinculadas a la ruta fluvial por la que circula el 80% del comercio exterior argentino.
Tal como sucedió en otros rubros, la concesión a una empresa privada (Hidrovía S.A.), una unión de empresas entre la belga Jan de Nul –a cargo del dragado- y la argentina Emepa –del balizamiento- para realizar el mantenimiento y determinar las mejoras necesarias de la ruta llegaba a su fin, y el gobierno debía elegir si otorgaba una nueva extensión del contrato o planteaba un nuevo modelo.
La privatización de la Hidrovía, acompañada de la desregulación portuaria, modificó radicalmente el escenario nacional: se expandió la frontera agrícola, se generaron nuevos puertos en Buenos Aires y Santa Fe, y se logró bajar el costo de la logística, especialmente para el polo agroexportador de Rosario y Santa Fe.
Con el tiempo, sin embargo, las tareas necesarias para adaptar la Vía Navegable al presente y proyectarla a los próximos años no se realizaron.
Con la llegada del contrato a su fin, algunos sectores plantearon la necesidad de volver a una gestión netamente estatal, donde máquinas del mismo gobierno nacional hicieran las tareas de dragado y balizamiento. Sin contar con herramientas de calidad, se desestimó esa posibilidad. Fue entonces que la opción de contratar a una empresa estatal, que defina los lineamientos de la gestión y utilice a empresas privadas para realizar las tareas, cobró fuerza.
Tras numerosos intentos fallidos, y un decreto convocando a una licitación privada internacional, el gobierno nacional le otorgó la gestión al ministerio de Transporte a través de una empresa estatal, la Administración General de Puertos (AGP). En tanto, desde el sector exportador insisten en volver al esquema de concesión privada, planteando abiertamente las diferentes posturas.
Pese a las urgencias, el debate no está saldado, y los distintos modelos: gestión privada; gestión 100% pública; o pública junto a empresas privada; debaten por quedarse con la administración de la ruta. La definición, al parecer, sería inminente.
Idas y vueltas en un escenario abierto
El camino del gobierno en torno de la Hidrovía fue sinuoso y se espera una definición presidencial. Primero, Alberto Fernández anunció la creación de una empresa estatal, con directorio representado por las provincias ribereñas de dicha ruta fluvial, para hacerse cargo de la gestión al vencimiento de la concesión privada.
En noviembre de 2020 el decreto 949 –actualmente vigente- ordenaba un nuevo llamado a licitación internacional en formato de concesión privada. Con la cercanía del vencimiento y sin avances en dicho llamado, el gobierno definió en 2021 otorgar a la AGP una gestión temporal hasta que la licitación estuviera definida.
La empresa estatal contrató a operadores privados que hacían el mantenimiento, pero le imprimió una mirada en línea con las obras necesarias y los proyectos nacionales, generando una opción a mitad de camino entre las posturas de estatización total de la gestión de la vía y la continuidad del modelo privado.
En agosto de 2022 se resolvió extender la concesión a la AGP “hasta la entrada en funcionamiento” del nuevo operador que surja de la compulsa de precios. En tanto en marzo del 22, se creó el Ente de Control y Gestión de la Vía Navegable (Ecovina), a quien se le encargó el desarrollo de la licitación.
La gestión pública logró superar el prejuicio existente sobre la capacidad del Estado para administrar un sector estratégico, y sumó consenso entre operadores privados en un contexto de crisis hídrica, que llevó los caudales a mínimos históricos.
Extender o profundizar, el otro dilema
La disputa entre volver al modelo de gestión privada, una nueva gestión estatal o la opción mixta tiene un segundo debate de fondo: quienes rechazan en forma tajante el regreso de una empresa privada son los gobernadores que conforman el Consejo Federal de Hidrovía. Allí se debaten distintas propuestas para “pensar la Hidrovía del futuro”, como lo definió el entonces ministro Alexis Guerrera.
En ese ámbito, los mandatarios provinciales presentaron una propuesta central: la extensión de la actual Hidrovía hasta Formosa y Posadas, por los ríos Paraguay y Alto Paraná. Calculan que esa inversión potenciaría sus sistemas logísticos y permitiría mayor competitividad a sus economías. Esa iniciativa está lista para ser firmada por el presidente.
Para el sector privado, en tanto, el costo de esas obras terminaría siendo abonado por las navieras que recorren el río hacia Santa Fe, lo que le quitaría competitividad a todo el sistema.
La prioridad, aseguran los exportadores, es determinar hasta cuándo se puede profundizar el río y avanzar en ese sentido, para permitir el ingreso en la Vía Troncal de los nuevos y más grandes buques. Es decir menos barcos que lleven mayor cantidad de carga y menos gasto operativo para la logística.
La gestión mixta
Pese a pedir el regreso de un sistema de concesión privada, el sector agroindustrial reconoce que la gestión estatal fue buena. Desde que asumió la gobernanza, el gobierno organizó reuniones periódicas con el sector privado, donde informaba las tareas que lleva adelante y recibe opiniones. También sumó iniciativas para demostrar transparencia en la gestión.
El ministro Diego Giuliano recientemente anunció su intención de no buscar una licitación privada –y mantener a la AGP como concesionario por varios años más- porque “el primer año de gestión logró superávit. Esa plata, que antes una empresa se llevaba afuera del país, hoy se reinvierte en mejoras y tecnología”.
