Vialidad Nacional se hizo cargo del Corredor 18, que estaba en manos de Caminos del Río Uruguay, pero no absorvió a los trabajadores. El traspaso desató un conflicto entre la empresa y el Estado.
El Gobierno oficializó este martes la finalización de la concesión de las las Rutas del Mercosur. Se trata del Corredor Vial 18, un trazado estratégico que conecta el Litoral argentino con Uruguay y Brasil a través de las rutas nacionales 12, 14 y 174, conocidas con ese nombre. La medida se enmarca en la implementación de la nueva Red Federal de Concesiones.
El contrato, que estaba a cargo de la empresa Caminos del Río Uruguay (CRUSA) desde hace más de tres décadas, quedó concluido por la Resolución 565/2025 de la Dirección de Vialidad Nacional (DNV) y abre paso a una nueva etapa de licitaciones privadas. La medida implica la toma de control transitoria por parte de del organismo nacional.
La DNV gestionará la operación y el mantenimiento de los caminos hasta que ingrese una nueva concesionaria, prevista para agosto.
De esta manera, la DNV gestionará la operación y el mantenimiento de los caminos hasta que ingrese una nueva concesionaria, prevista para agosto.
Desde el organismo explicaron que ya está en marcha el proceso licitatorio y que se realizaron audiencias públicas para definir las condiciones del futuro contrato.
Como primera acción, el Gobierno ordenó levantar las barreras de peaje en cinco estaciones -Zárate, Colonia Elía, Yeruá, Piedritas e Isla Deseada- y puso en marcha un plan de emergencia para garantizar la circulación segura, la señalización adecuada y la reparación de los tramos más deteriorados.
El Corredor Vial 18 atraviesa cuatro provincias y es un eje fundamental para el comercio exterior, en especial para las exportaciones hacia los puertos de Brasil y Uruguay. El traspaso, tras más de tres décadas de concesión muy cuestionada en los últimos años, marca el inicio de una nueva etapa para una de las principales vías estratégicas del país.
Despidos sin indemnización en las rutas del Mercosur
La finalización de la concesión desató fuertes tensiones entre el Estado y la firma saliente. En un comunicado, CRUSA denunció el despido de 500 empleados «sin indemnización» y advirtió sobre los riesgos de liberar el tránsito «sin ninguna cobertura efectiva que evite accidentes y brinde asistencia mínima indispensable».
La empresa además cuestionó al Gobierno por «el abandono de la gestión de las rutas» y atribuyó los incumplimientos a «una larga historia de incumplimientos del Estado» que, según señalaron, les impidió realizar obras, pagar sueldos y cumplir con las obligaciones fiscales.
Vialidad Nacional, en cambio, aseguró que CRUSA conocía desde 2014 la fecha límite de su contrato y que recibió múltiples prórrogas judiciales y administrativas para sanear su situación. Además, denunció incumplimientos contractuales de la empresa que superan los $60.000 millones y aclaró que el personal despedido «no tiene vínculo laboral con el Estado», dado que «la explotación es por cuenta y riesgo exclusivo de la concesionaria».
La situación escaló en el peaje del Puente Rosario – Victoria, donde los empleados realizaron una permanecieron en sus puestos de trabajo junto a una escribana en la noche de ayer. Finalmente, a la medianoche Vialidad Nacional tomó posesión de la traza junto a agentes de Gendarmería, que este miércoles custodiaban el acceso a las oficinas y cabinas del peaje.
“Nos presentamos porque no tuvimos ningún tipo de notificación de cese laboral de parte de la empresa”, explicó Cristian Pallé, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de Peajes y Afines (Sutpa)..
“Muchos usuarios aplaudieron esta decisión, pero esto va más allá del cobro de un peaje, es el servicio que prestan los compañeros sobre la traza y la garantía de vida que se da”, dijo acerca de las tareas que dejaron de cumplir y que pueden repercutir, por ejemplo, en el mantenimiento de las rutas y, en consecuencia, con la seguridad de quienes circulan.
