Ven con buenos ojos la posibilidad de acogerse al régimen que dispuso Nación, que a cambio de inversiones les ofrece amplias facilidades para saldar deudas con Cammesa. Y ya le enviaron una solicitud formal de revisión de tarifas al gobernador.
El Gobierno Nacional dispuso un programa para solucionar la masiva deuda que las distribuidoras eléctricas tienen con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), con amplias facilidades. Pero para adherirse, las empresas proveedoras de luz necesitan cumplir con una serie de parámetros que garantizan la salida del círculo moroso en el que estaba el sector, acumulando pasivos con el Estado.
En ese escenario, y a horas de que se oficializara el plan, las distribuidoras y cooperativas de la provincia de Buenos Aires formalizaron un pedido al gobernador Axel Kicillof para actualizar el Valor Agregado de Distribución (VAD) en las tarifas eléctricas. La presentación fue encabezada por la Federación de Cooperativas de Prestadores Eléctricos de la Provincia de Buenos Aires (APEBA).
Las empresas tienen 15 días hábiles para adherirse al programa de normalización que lanzó el Gobierno esta semana.
La entidad, que presta servicio a más de medio millón de usuarios, expresó la importancia de inscribirse en el programa de reordenamiento, cuyo plazo de registro vence en 15 dias hábiles.
Para ello -sostiene-, es clave un ajuste en el VAD, mecanismo que permite a las empresas afrontar los costos asociados a la compra de energía.
El territorio bonaerense concentra un amplio entramado de cooperativas eléctricas: cerca de 200, de las cuales 35 son agentes del mercado, es decir, compran energía directamente a Cammesa. Dentro de ese grupo, al menos un tercio presenta niveles críticos de deuda.
Entre las empresas con presencia en el interior bonaerense, EDEA mostró un caso paradigmático: tras haber abonado apenas un 1,6% de sus facturas en febrero de 2024, normalizó sus pagos a partir del segundo trimestre de ese mismo año, gracias a una mejora tarifaria otorgada por el gobierno provincial. En mayo llegó a cubrir el 100% de sus obligaciones.
Casos similares se registraron con otras distribuidoras como Edelap, EDEN y EDES. Algunas cooperativas también iniciaron un proceso de saneamiento, aunque otras, como las de Villa Gesell, Las Flores y Tres Arroyos, seguían sin pagar a fines de 2024.
El régimen de reordenamiento para el Mercado Eléctrico
El esquema impulsado por el gobierno se denomina Régimen Especial de Regularización de Obligaciones del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). Oficializado mediante la disposición 1 de la Subsecretaría de Energía Eléctrica, el programa contempla un período de gracia de 12 meses y un sistema de pagos en 72 cuotas con una tasa del 50% respecto de la del Banco Nación.
Las empresas tienen 15 días hábiles para adherirse, y el universo de beneficiarios incluye a agentes con deuda acumulada hasta el 30 de noviembre de 2024.
De este modo, el oficialismo espera resolver la mora generalizada se originó en buena medida por la política de congelamiento de tarifas, que impidió a las distribuidoras trasladar el costo de la energía a los usuarios.
En consecuencia, el Tesoro Nacional asumió la diferencia, pero el pasivo se acumuló y hoy representa un monto superior a los 1100 millones de dólares a nivel nacional.
Las razones de las distribuidoras eléctricas para pedir aumento
Las distribuidoras advirtieron que, en las condiciones tarifarias actuales, no podrán incorporarse al plan lanzado por el gobierno nacional para sanear la millonaria deuda que el sector mantiene con Cammesa. “La provincia de Buenos Aires también es responsable de la continuidad de las cooperativas. Tiene que poder acompañarnos”, señalaron desde APEBA.
La entidad advirtió que, si no hay una mejora en las condiciones de ingresos, suscribir al régimen sería inviable. “Nosotros vamos a firmar la adhesión al régimen, pero tenemos que saber que vamos a poder pagar la deuda”, subrayaron las cooperativas.
La disposición oficial establece que cualquier atraso en los pagos corrientes o en las cuotas del nuevo régimen será causal de caducidad. La administradora mayorista enviará una notificación y, si pasados 30 días no hay una respuesta favorable, el plan quedará sin efecto.
A diferencia de otras moratorias previas, este régimen introduce criterios más estrictos y promueve, según el Ejecutivo, una “cultura de cumplimiento” mediante incentivos a quienes estén al día. En ese sentido, también pidieron que se avance con una Revisión Tarifaria Integral (RTI) en el ámbito provincial.
El pedido a Kicillof apunta justamente a evitar que el congelamiento provincial se convierta en un obstáculo para la recuperación del sistema eléctrico. Mientras tanto, el tiempo corre: el plazo para adherirse al régimen vence en breve y la incertidumbre sobre la respuesta del Ejecutivo provincial condiciona los próximos pasos del sector.
