La decisión del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) de otorgar prioridad de uso a Vicuña Corp para una línea de tensión eléctrica desató una fuerte respuesta provincial en contra de la medida.
Según la Resolución 79/2026, el Ejecutivo Nacional estableció un régimen especial de acceso a la capacidad de transporte en la línea de 500 kV Nueva San Juan–Rodeo, infraestructura considerada estratégica para el desarrollo energético y productivo del norte de San Juan.
El punto central del conflicto radica en que el texto oficial le otorga a la joint venture entre BHP y Lundin Mining, una prioridad cercana al 90% de la capacidad remanente del corredor durante un plazo mínimo de 25 años. La compañía había presentado un plan de ampliación para abastecer los desarrollos vinculados a Josemaría y Filo del Sol.
El EPRE y distintas compañías mineras presentaron objeciones formales ante el ENRE.
Sin embargo, la decisión del regulador generó una inmediata reacción de organismos provinciales, empresas del sector y actores locales que cuestionan el alcance de la medida. Según sostienen, la resolución podría alterar el funcionamiento del sistema eléctrico regional al reservar una parte sustancial de la capacidad disponible para un solo operador, lo que condicionaría el ingreso de futuros proyectos.
Así, desde la provincia señalan una parajoda que deja a Vicuña en un terreno complejo: mientras las mineras reclaman por más autonomía provincial en la Ley de Glaciares, Vicuña arregló directamente con Nación y se hizo con un corredor energético clave, perjudicando a la provincia.
El contexto es delicado: la modificación a la Ley de Glaciares está en plena discusión en el Congreso mientras las mineras defienden el pedido del sector, en un tema sensible como el acceso al agua.
Además, el sector busca mostrar previsibilidad y atraer inversiones en una cumbre global desarrollada en Canadá. En ese marco, conflictos como el que estalló en Vicuña sólo suman ruido a los proyectos, y erosionan su construcción de licencia social.
Entre los principales cuestionamientos aparece el planteo de que la infraestructura en cuestión no fue construida exclusivamente por una empresa privada. El corredor eléctrico se apoya en redes preexistentes que fueron financiadas durante más de dos décadas por los usuarios de San Juan, a través del pago de la denominada “línea minera” de 500 MW.
En esa línea, los actores locales consideran que su utilización debería regirse por criterios de acceso abierto. Con este debate sobre la mesa, la licencia social del megaproyecto sufrió un duro golpe, por lo que la respuesta de la minera y nación, tendrá un peso significativo en el futuro de la iniciativa.
Por el momento, el EPRE y empresas mineras hicieron una presentación para rechazar la decisión del organismo nacional y reclamar una audiencia pública en donde puedan expresarse todos los involucrados. Desde la provincia aseguran que la decisión sería ilegal.
Una audiencia pública donde se muestre unidad contra un supuesto favoritismo a una minera sería un golpe duro para el proyecto.
Crece la polémica contra Vicuña
La controversia escaló luego de que el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) y distintas compañías mineras presentaran objeciones formales ante el ENRE.
En los documentos elevados al organismo nacional se advierte que la resolución podría vulnerar principios regulatorios básicos del sistema eléctrico argentino, entre ellos el libre acceso, la razonabilidad en la asignación de recursos y la optimización técnico-económica de la red.
El reclamo también advierte que la medida podría afectar inversiones millonarias que ya cuentan con autorización o que se encuentran en evaluación. Algunos de esos proyectos incluso están vinculados al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), impulsado por el Gobierno nacional para promover desarrollos de gran escala en sectores estratégicos.
En ese escenario, varias empresas del sector minero plantearon que, si el esquema propuesto por Vicuña se mantiene sin modificaciones, los emprendimientos que busquen conectarse en el futuro podrían verse obligados a negociar acuerdos con esa compañía o incluso financiar nuevas ampliaciones de la red eléctrica para poder operar.
Cuestionamientos locales, un ámbito sensible
La discusión no se limita al ámbito empresarial. La Municipalidad de Jáchal decidió intervenir formalmente ante el ENRE con el objetivo de resguardar el acceso equitativo a la infraestructura energética del norte sanjuanino.
La presentación fue realizada por el asesor legal del municipio, Julio Andino, quien advirtió sobre el impacto que podría tener la asignación de capacidad a largo plazo en el desarrollo productivo de la región.
Desde la comuna señalaron que el planteo no busca frenar las obras de ampliación del sistema eléctrico, sino evitar que la reserva de capacidad por parte de operadores privados genere barreras estructurales que dificulten la radicación de futuros proyectos mineros, industriales o energéticos en el departamento.
El municipio también reclamó mayor transparencia en los estudios técnicos que respaldan la asignación de prioridades de transporte eléctrico. La acumulación de objeciones por parte de organismos públicos y actores privados obliga ahora al ENRE a habilitar una instancia de consulta pública para evaluar la medida.
Ese proceso permitiría que empresas, gobiernos locales y otros interesados expongan sus argumentos antes de que el organismo adopte una definición definitiva sobre el uso del corredor eléctrico.
El resultado de esa discusión será clave para el futuro del desarrollo minero en San Juan. En los departamentos de Iglesia y Calingasta conviven varios proyectos de gran escala y la disponibilidad de infraestructura energética se convirtió en uno de los factores determinantes para definir el ritmo de nuevas inversiones en la región.
