El oficilaismo provincial impulsa un proyecto en la legislatura “a los fines de priorizar y salvaguardar los recursos hidrocarburíferos y las fuentes de trabajo». También hay presión de los gremios petroleros.
En medio de la controversia por la salida de YPF de los campos maduros de Santa Cruz, el gobierno de Claudio Vidal presentó en la Legislatura provincial un proyecto para declarar la emergencia hidrocarburífera hasta diciembre de este 2025.
La iniciativa impulsada por el bloque oficialista coincide con las medidas del Sindicato del Petróleo y Gas Privado y Energías Renovables de Santa Cruz, que votó por un paro por tiempo indeterminado para forzar a que se resuelva la venta de los activos de YPF.
Actualmente se mantiene una conciliación obligatoria dispuesta por la Secretaría de Trabajo de la Nación hasta el 6 de marzo.
En los fundamentos de la iniciativa legislativa se advierte que la salida de YPF genera “incertidumbre sobre los puestos de trabajo y afecta los recursos económicos que recibe la provincia”.
“Si ya tomaron la decisión de irse, que lo hagan rápido. No queremos esta YPF que solo genera desocupación”, disparó el secretario general del gremio, Rafael Güenchenen.
La iniciativa legislativa, que lleva la firma del diputado Fernando Españón, establece en su artículo primero: “Declárase la emergencia hidrocarburífera en todo el ámbito del territorio de la provincia de Santa Cruz, respecto de la totalidad de las concesiones hidrocarburíferas que YPF SA posee en nuestra provincia”.
El proyecto también otorga facultades al Poder Ejecutivo provincial, así como a entes autárquicos, descentralizados y empresas estatales, para «tomar las medidas necesarias, agilizar procedimientos y dictar resoluciones administrativas y legales que garanticen la continuidad de la actividad».
“A los fines de priorizar y salvaguardar responsablemente tanto las concesiones cuya emergencia se declara, como así también los recursos hidrocarburíferos, las fuentes de trabajo de nuestros habitantes y la producción sostenida en dichas concesiones”, señala el proyecto.
Además, se establece que la emergencia tendrá vigencia desde la publicación de la ley, en caso de ser aprobada, y se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2025, con la posibilidad de ser prorrogada por el Ejecutivo provincial por un período adicional. La iniciativa se tratará en una sesión extraordinaria el próximo 27 de febrero.
Críticas a YPF
El artículo 4 del proyecto establece que la provincia de Santa Cruz, en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 52 de su Constitución, “bregará en forma inclaudicable y persistente en la defensa de la producción sustentable de sus recursos hidrocarburíferos, el desarrollo social y el trabajo de todos los habitantes de la provincia”.
En los fundamentos de la iniciativa, se adbvierte que la salida de YPF generó “incertidumbre sobre los puestos de trabajo y afectó los recursos económicos que recibe la provincia”.
Ante este escenario, subrayan la necesidad de una respuesta inmediata por parte del Estado provincial.
“En forma urgente el Estado provincial debe asumir y resolver la coyuntura con medidas proactivas que tiendan prontamente a regularizar la situación y evitar todo impacto negativo en nuestra economía y principalmente, en los habitantes de la provincia”, sostuvo.
Una negociación compleja entre YPF y Santa Cruz
YPF se encuentra en un complejo proceso de negociación con el gobierno de Santa Cruz vinculado al intento de transferir sus operaciones en yacimientos convencionales de la provincia, donde la petrolera tiene 25 bloques en el flanco norte de la cuenca del Golfo San Jorge.
Para la empresa nacional, la cesión es fundamental en su estrategia de desprendimiento de campos maduros, alineada con el Proyecto Andes, que busca centrar los recursos en las oportunidades del shale de Vaca Muerta, y que avanza sin mayores obstáculos en Chubut, Río Negro y Mendoza, pero tiene inconvenientes en Santa Cruz.
De acuerdo al CEO de la petrolera estatal, Horacio Marín, los bloques santacruceños le están costando millones de dólares y ponen en jaque la estrategia de la nueva gestión.
Si bien el gobernador Claudio Vidal fue de los primeros mandatarios en negociar los traspasos a principios del año pasado, el proceso posteriomente se estancó.
Desde la provincia, que tiene autoridad sobre la continuidad de las operaciones y la concesión de permisos a nuevos actores, no aceptan el diseño de readecuación para los yacimientos dispuesto por YPF y reclaman una «reparación histórica», además del mantenimiento de las fuentes de trabajo.
Además, el mandatario ha sido crítico con el modo en que la petrolera plantea su retiro, exigiendo una transición que considere el impacto social y económico en la región.
Mientras tanto, YPF continúa implementando su programa de retiros voluntarios de trabajadores petroleros en Santa Creuz, para un retiro al que le puso como fecha límite el 28 de febrero.
La posibilidad de un traspaso a otras empresas privadas parece descartada, y la alternativa más firme es la reversión de áreas a la provincia, con una prórroga de seis meses a cargo de YPF. Sin embargo, la situación sigue siendo volátil, y ninguna opción se da por cerrada.
