Aún cuando no culmina el proceso de normalizar la actualización tarifaria de los servicios de gas y electricidad, ni mucho menos el esquema de subsidios, el Gobierno nacional decidió avanzar con una medida clave de desregulación del sistema que genera incertidumbre en los actores de la cadena del sector energético.
La medida clave que pone al esquema eléctrico a una redefinición integral es la decisión de despojar a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) de las potestades regulatorias que se le fueron sumando desde 2005 para la administración de un sistema en el que convergen múltiples actores.
La premisa en la reciente definición oficial es devolver a la empresa mixta la función técnica con la cual nació a comienzos de los 90 como derivación del nuevo marco regulatorio de la época y que, a la luz de las privatizaciones, heredó funciones de la disuelta empresa Agua y Energía en los ámbitos de la generación, transmisión y distribución eléctrica.
A la par de la desregulación anunciada incluso antes de la llegada del actual Gobierno a la administración, se sumó en las últimas semanas la suspensión de la licitación para construir nueva capacidad de generación, que en el último verano demostró estar casi al límite del colapso, lo que abre interrogantes para el próximo período.
La medida clave que pone al esquema eléctrico a una redefinición integral es la decisión de despojar a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) de las potestades regulatorias que se le fueron sumando desde 2005 para la administración de un sistema en el que convergen múltiples actores.
Pero las novedades actuales son continuidad de lo sucedido en los últimos siete meses en aspectos regulatorios, que tuvo su punto de partida en el DNU 55 que declaró la emergencia energética por un año e instruyó a la Secretaría de Energía a comenzar un proceso de recomposición tarifaria y de quitas de subsidios.
El DNU 70 y la Ley de Bases ampliaron el camino de la desregulación de los mercados energéticos, siempre con la premisa de que el Estado se corra de todas las transacciones económicas, la planificación y la inversión, por lo que se promueve que el que tome la posta sea la industria a través de iniciativas privadas.
En este contexto, la Secretaría de Energía llegó a plasmar en la normativa su vocación de liberar a los actores del sistema eléctrico a través de la descomposición de una empresa administradora que actualmente desempeña tantas funciones que desligarlas abruptamente de ellas significará un descalabro aún más grave.
Las dudas tras la desregulación de Cammesa
Es que Cammesa, de mayoría accionaria de las empresas privadas pero gestionada por el Estado nacional, inició en 2005 el proceso de asunción de funciones como intermediario en la compra y venta de energía, la adquisición del gas natural por red y de combustibles líquidos para las centrales térmicas que generan energía eléctrica, la venta de esa energía a las distribuidoras, y la realización del despacho completando el ciclo en el mercado interno.
Pero también se le instruyó a la compañía la gestión de los intercambios eléctricos con los mercados regionales, ya sea de importaciones como exportaciones, engrosando un rol de intermediario omnipresente en muchas transacciones del sistema.
La Secretaría de Energía llegó a plasmar en la normativa su vocación de liberar a los actores del sistema eléctrico a través de la descomposición de una empresa administradora que actualmente desempeña tantas funciones que desligarlas abruptamente de ellas significará un descalabro aún más grave.
Pero a la vez, esa presencia monopólica actuó como amortiguador de las recurrentes crisis del sistema y permitió que el Estado –a través de Cammesa- circule los subsidios entre el costo de generación eléctrica que pude alcanzar por ejemplo los US$ 80 el Mw y que se reduce a un tercio cuando la cuenta llega a los usuarios finales, diferencia que se absorbe a través de las transferencias del Tesoro.
Para dar lugar a un nuevo escenario, la Secretaría empezó a delinear el corrimiento de Cammesa de todas esas funciones que se le fueron sumando para volver a la figura original y el resto lo asumirá el mercado, mediante el flujo de negociaciones libres entre generadores de gas y electricidad y los distribuidores.
Es, sin dudas, un cambio radical frente a la dinámica de las últimas dos décadas, pero resta ver la velocidad y gradualidad en que se lleva a la práctica.
La preocupación central es cómo se compensará el sistema ante eventuales saltos de costos en que puede incurrir el eslabón más vulnerable de la cadena como son las distribuidoras y sus usuarios por distintas situaciones endógenas y externas del sistema.
Es decir un eventual escenario de morosidad creciente impediría a las distribuidoras el pago en tiempo y forma de la energía que pasarán a comprar de manera directa a las generadoras, y que pueden derivar en un quiebre de la cadena de pagos.
Esas diferencias se expresaron en brechas recurrentes en los últimos años que fueron absorbidas por el Tesoro nacional mediante transferencias, pero ahora no está claro cómo se abordará en un sistema que integran unas 2.000 distribuidoras en todo el país, incluyendo grandes compañías, empresas provinciales, pequeñas distribuidoras y cooperativas locales.
Con esta complejidad a cuestas es que la industria espera que no haya cambios rupturistas sino una transición ordenada, algo para lo cual el sector privado reclama una convocatoria amplia a los actores del sistema para articular como desarmar la madeja de regulaciones.
