El Gobierno extendió el contrato de Nuevo Central Argentino (NCA) para garantizar su continuidad operativa. Ocurre en medio del debate sobre la privatización del sistema ferroviario.
El Ministerio de Economía decidió prorrogar por segunda vez la concesión vencida de Nuevo Central Argentino (NCA), empresa encargada de los trenes de carga en la línea Mitre.
A pesar de que el contrato original expiró en diciembre de 2022 y según la legislación vigente la gestión ferroviaria debería haber revertido al Estado, la nueva medida extiende provisionalmente la concesión hasta junio de 2025.
La resolución 497/2024 emitida por la cartera que conduce Luis Caputo estableció la extensión para asegurar así la continuidad operativa de la compañía en el corto plazo. Esta acción sigue a una serie de decisiones similares, incluida la reciente prórroga otorgada a Ferroexpreso Pampeano (FEPSA), responsable de los servicios de carga en las líneas Sarmiento y parte de la línea Roca.
La extensión de la concesión de NCA se suma a la realizada a principios de mayo para Ferro Expreso Pampeano (FEPSA), responsable de los servicios de carga en el Sarmiento y parte del Roca.
El contrato original de NCA, que tenía una duración de 30 años, inicialmente venció en diciembre de 2022.
Incertidumbre sobre el futuro de los trenes de carga
Ante la incertidumbre sobre la implementación del acceso abierto y la falta de claridad en el marco legal, el gobierno anterior había otorgado una primera prórroga de 18 meses mediante la resolución 960/22.
Tras esa extensión del contrato, NCA solicitó apoyo económico al Estado para evitar entrar en un proceso de crisis debido a la disminución de la carga transportada, atribuida a condiciones climáticas adversas como la sequía.
La actual administración, que ha expresado su plan de privatización del sistema ferroviario, optó ahora por prolongar nuevamente la concesión, en una decisión no resuelve la cuestión fundamental sobre el futuro de estos contratos bajo la legislación actual.
Si bien Ley Bases que se terminaría de aprobar este jueves en el Congreso establece directrices para que toda la estructura pase a manos privadas, no hay lineamientos específicos respecto a la gestión carguera de los trenes.
Sin embargo, al igual que la disposición de la Ley de Ferrocarriles Argentinos de 2015, la normativa fija un marco de acceso abierto y administración estatal de la infraestructura ferroviaria, condiciones que no están siendo completamente cumplidas por las actuales concesionarias, y que con las prórrogas de contrato siguen sin definirse.
También en el Sarmiento y el Roca
La extensión de la concesión de NCA se suma a la realizada a principios de mes pasado para Ferro Expreso Pampeano (FEPSA). A través de la resolución 269/2024 se amplió por otro año más la concesión de los trenes de carga de la línea Sarmiento y parte del Roca, que seguirán en manos de la compañía hasta el 30 de abril de 2025.
Según el documento publicado en el Boletín Oficial, la prestación “se efectuará con carácter precario y podrá ser revocada”, mientras que durante el plazo que se extienda esta situación, la ferroviaria “deberá prestar el servicio y demás obligaciones de conformidad con los términos”.
En este caso, el contrato de la empresa venció en junio de 2021, pero el plazo fue ampliado de manera provisoria hasta 2022.
Esa primera extensión se dio en el marco de la resolución 211/2021, que apuntaba al fin de las concesiones cargueras heredadas en los 90 y la reasunción de la infraestructura por parte del Estado.
La situación se repitió en 2023, cuando el gobierno anterior extendió todas las concesiones cargueras (la tercera prórroga para FEPSA) por un plazo de 18 meses, dejando la decisión final en manos de la siguiente administración nacional, que repitió la fórmula esta semana.
La resolución ministerial 211/2021 rechazó la extensión de los contratos de concesionarias por diez años adicionales y formalizó la devolución de la infraestructura a la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).
Esto plantea un desafío administrativo significativo para el gobierno, que debe decidir entre renovar directamente contratos vencidos o avanzar hacia un modelo de acceso abierto que en el sector consideran más genuino.
