La incertidumbre gira en torno a la falta de un criterio unificado en los peajes. Y en la provincia temen que los camiones se desvíen a caminos menos preparados, pero de costos menores. Habrá una reunión con Nación para tratar el tema.
El reciente anuncio del traspaso de la Ruta Nacional AO12 a un esquema de concesión privada con peaje ha generado preocupación en Santa Fe y dentro del sector exportador.
La medida, establecida por el Decreto 97/2025 del Gobierno Nacional, podría alterar significativamente la logística del principal corredor portuario del país, con un impacto directo en los costos del transporte de cargas.
La AO12 cumple un rol estratégico en el traslado de granos y otros productos hacia los puertos del Gran Rosario, una de las regiones clave para el comercio exterior argentino.
La privatización de este camino semicircular con Rosario en el centro, que atravieza el sudeste de la provincia, plantea interrogantes sobre el esquema tarifario que se implementará y las consecuencias que podría traer para la competitividad del sector.
El desvío masivo de tránsito hacia caminos alternativos podría afectar la seguridad vial, sostienen desde la provincia.
Uno de los puntos que genera mayor inquietud es la posibilidad de que los transportistas busquen rutas alternativas para evitar los peajes, lo que podría provocar congestión en otras vías no diseñadas para soportar grandes volúmenes de tráfico pesado.
El gobierno de Santa Fe había propuesto administrar la AO12 bajo un sistema de cobro unificado para los camiones que ingresan a los puertos, buscando evitar una fragmentación en los costos del transporte. Sin embargo, la decisión de incluir la ruta dentro del esquema de privatización modificó el panorama y despertó críticas desde la administración provincial.
Desde la gestión de Maximiliano Pullaro advierten sobre un posible desorden en la aplicación de tarifas y su impacto negativo en la estructura de costos del comercio exterior. El desvío masivo de tránsito hacia caminos alternativos podría afectar la seguridad vial y generar demoras en la llegada de mercadería a los puertos.
La salida de Corredores Viales de la ruta de Santa Fe
La falta de claridad sobre el mantenimiento de la ruta también es una preocupación, especialmente porque la transición hacia la gestión privada podría extenderse por un período prolongado.
La salida de Corredores Viales S.A., que actualmente administra la AO12, plantea dudas sobre el estado en el que quedará la infraestructura hasta que la concesionaria privada asuma plenamente el control.
Desde la provincia, consideran que todo el proceso podría durar más de dos años, lo que generaría un deterioro progresivo en la ruta si no se implementan medidas de mantenimiento adecuadas.
Ante este escenario, las autoridades santafesinas han solicitado una reunión con el Ministerio de Economía de la Nación para discutir la situación y plantear alternativas.
En el encuentro, que se realizará esta semana, participarán el ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, y su par de Economía, Pablo Olivares, junto con el coordinador nacional de Obras Públicas, Martín Maccarone.
Uno de los objetivos principales de la provincia es insistir en la posibilidad de establecer un sistema tarifario unificado que evite la disparidad de costos para los transportistas.
A su vez, la reunión servirá para abordar otros temas vinculados a la infraestructura vial en la región, como la reparación de rutas claves para la logística agroexportadora, entre ellas la 11, la 33 y la 178, donde las obras pendientes han generado reclamos por parte del sector productivo.
Mientras tanto, el sector exportador sigue de cerca la evolución de las discusiones, con la preocupación de que la privatización de la AO12 eleve los costos logísticos y reduzca la competitividad de los productos argentinos en los mercados internacionales.
La incertidumbre sobre el futuro de la AO12 deja abiertas varias interrogantes sobre cómo se organizará el esquema de concesión y qué medidas se implementarán para mitigar los efectos negativos en la logística portuaria. La discusión sigue en curso y, por el momento, el desenlace de esta decisión sigue siendo incierto.
