Catamarca anunció que hará dos rutas con dinero de un fideicomiso, caleras se ofrecieron a construir un gasoducto al sur de San Juan y en Salta avanzaron con mejoras en salud. Una alternativa de gobernadores ante la falta de presupuestos para infraestructura.
Las obras públicas y de infraestructura con dinero de la minería no es algo nuevo, pero ante la paralización de presupuestos nacionales y provinciales, se convirtieron en una de las pocas alternativas de financiamiento para mejoras estructurales.
Las provincias argentinas aprovechan estos impulsos con distintos modelos, que van desde acuerdos puntuales, leyes a fideicomisos.
Estos distintos mecanismos son los que definen muchas veces qué obras son las que van a avanzar. Es que es distinto cuando una empresa invierte en algo que necesita para su funcionamiento, los programas de responsabilidad social empresaria o el caso de los fondos especiales con fideicomiso.
Uno de los últimos anuncios sobre obras con dinero de las empresas mineras lo hizo Catamarca. El gobernador Raúl Jalil confirmó que terminarán dos rutas que se encontraban frenadas de esta manera.
Esto soluciona uno de los problemas que tienen los gobernadores en el nuevo escenario nacional, cuando la obra pública se vio prácticamente frenada por el recorte de presupuestos.
Esto impactó no solo en los proyectos que corresponden a entes nacionales, como Vialidad Nacional, sino que también se tradujo en el corte de envío de fondos para encarar infraestructura provincial.
Fideicomiso minero, la alternativa que usará Catamarca
Los fondos manejados por un fideicomiso que se alimentan de rentabilidad minera es un tipo de herramienta que crean las provincias. Esto lo pueden hacer como un extra a los impuestos normales y las regalías, debido a que los estados provinciales, dueños de los recursos naturales, son quienes definen las condiciones con las empresas.
En el caso de Catamarca, que también se replica en San Juan, se fija por ley un porcentaje de la facturación de las compañías en la exportación de minerales. Este dinero se acumula en un fondo, que luego tiene como destino hacer obras de infraestructura.
La provincia que gobierna Jalil recibe un 1,2% de la facturación de las empresas que extraen litio del Salar del Hombre Muerto. Si bien en un principio tenía un porcentaje menor, cuando se creó en el 2015, dos años después lo elevaron al índice actual cuando modificaron la norma que creó esta herramienta.
Con el dinero que tienen en la actualidad, el gobierno provincial junto con el intendente de El alto, anunciaron que reactivarán la pavimentación de la Ruta Provincial Nº 2, que conecta Ancasti con el Portezuelo y la Ruta 42, en el tramo Portezuelo – El Alto. Con este mismo sistema la provincia ya avanzó en obras de agua, otra ruta que conecta con Salta y un parque fotovoltaico.
En San Juan, los fideicomisos también permitieron avances en infraestructura. La red de canales para riego en Jáchal e Iglesia, los departamentos del norte donde están Veladero y Gualcamayo, se financiaron con un porcentaje de las ganancias que estas minas aportan al fondo.
Infraestructura minera que queda para las provincias
Existe otro sistema en el que las empresas operadoras construyen obras, pero estas están vinculadas a la producción. Se trata de infraestructura que requieren para sus actividades que finalmente servirán a las comunidades.
La provincia de San Juan tiene una ley por la cual las mineras pueden avanzar con inversiones que resultan estratégicas tanto para su propia actividad como para las comunidades y luego el monto se devuelve. Este sistema es útil para aquellos proyectos que son de mayor envergadura.
Uno de los casos que están analizando es la línea eléctrica de 500 kV que podría construir Josemaría con fondos propios que luego San Juan devolvería a cambio de pago de regalías. Este proyecto, que antes de tener este beneficio debe ser aprobado por el EPRE y la Cámara de Diputados, podría costar más de 1.200 millones de dólares.
Es un tendido de alta tensión que iría del centro de la provincia hasta el norte y podría terminar conectando con La Rioja y ser parte del Sistema Interconectado Nacional de alta tensión. Para eso, deberá cumplir con los requisitos de los organismos nacionales y provinciales, ya que quedará como infraestructura provincial.
Similar a esto es lo que plantearon caleras del sur sanjuanino, que necesitan de un gasoducto de mayor presión para seguir produciendo. Dos empresas, Calidra y Caleras San Juan, gestionaron con Ecogas un proyecto para construir esta obra y que luego Enargas devuelva parte o el total de los fondos. El gasoducto servirá también para las comunidades.
Responsabilidad social empresaria, un goteo de obras a las comunidades
Dentro de sus programas de triple impacto y responsabilidad social empresaria, las mineras suelen incluir inversiones para las áreas cercanas a las minas. Esta es una de las formas más comunes en las que los fondos se convierten en obras.
Uno de los últimos casos publicados en Salta es el de la empresa Mansfield, que opera la mina de Oro Lindero, que aportó la mitad del presupuesto para el Centro de Salud Tolar Grande. El resto del dinero salió de las arcas provinciales y municipales.
La obra incluyó un nuevo edificio, con sala de emergencia, shock-room, área de internación y otras facilidades. Además, instalaron un grupo electrógeno y depósito de residuos.
Este tipo de iniciativas en general se dan en comunidades pequeñas, ya que los proyectos mineros suelen estar en zonas alejadas de los grandes centros urbanos y donde la falta de infraestructura es moneda corriente.
