A esta altura del año, el Gobierno nacional pensaba tener en marcha la implementación del nuevo esquema de subsidios basado en la aplicación de una Canasta Básica Energética (CBE) largamente explicada en su contenido, que sería el prometido final de casi dos décadas de transferencia de recursos a la oferta para pasar a focalizar en los usuarios que realmente no pueden pagar los servicios.
La Secretaria de Energía a cargo de Eduardo Rodríguez Chirillo logró desarrollar conceptualmente el nuevo esquema que contempla en la Canasta Básica Energética las necesidades básicas de consumo de electricidad y de gas de los hogares, para cada mes del año, según su ubicación geográfica conforme al mapa de cinco zonas bioambientales.
En cada hogar se contemplarían los ingresos del grupo familiar, ya no sólo del usuario titular del servicio como ocurría con el modelo de segmentación, y dividía cada hogar según la cantidad de convivientes. La Secretaría debía fijar un porcentaje máximo que se estimaba entre el 5 y el 8 por ciento que la CBE debía representar del total de ingresos, umbral a partir del cual subsidiaría el excedente.
Días atrás, lejos de anunciar la implementación del nuevo modelo, el Gobierno publicó el Decreto 465/2024, con el objetivo de “pasar de un régimen de subsidios generalizado en materia energética, indiscriminado, con superposiciones de subsidios por la existencia de regímenes especiales, hacia un sistema focalizado en usuarios vulnerables”.
Para ello, se estableció un período de transición de seis meses prorrogable por otros seis más “en función de la evolución de la situación económica general y la dinámica del sector energético”, pero de todo ni una mención a lo que a esta altura se podría decir la fallida CBE.
El Gobierno publicó el Decreto 465/2024, con el objetivo de “pasar de un régimen de subsidios generalizado en materia energética, indiscriminado, con superposiciones de subsidios por la existencia de regímenes especiales, hacia un sistema focalizado en usuarios vulnerables”.
Entre los actores y analistas del sector energético se afirma que la reorientación de la idea radical de terminar con los subsidios hoy se desvirtuó, y con ello la Canasta Básica Energética de aplicación agresiva fracasó para dar lugar al tiempo del gradualismo y la prudencia en el impacto de las tarifas en los bolsillos de millones de argentinos.
A partir de la reciente disposición, la Secretaría tiene carta blanca para establecer nuevos parámetros al habilitarla a hacer modificaciones del Decreto 332/2022, que estableció la segmentación según la capacidad económica de los usuarios, conocida como N1 (ingresos altos), N2 (ingresos bajos) y N3 (ingresos medios).
Así, se dejan sin efecto los límites respecto del precio mayorista en el componente de la energía, de N2 (40%) y N3 (80%) sobre la base del Coeficiente de Variación Salarial (CVS) para trasladar a los usuarios finales los precios y tarifas reales de la energía.
En su lugar la autoridad de aplicación queda facultada a establecer bonificaciones o descuentos a los usuarios N2 (ingresos bajos) y N3 (ingresos medios), y fijar nuevos topes de consumo máximos subsidiados, sin más precisiones ni referencias cuantitativas.
¿Qué pasará con la Canasta Básica Energética?
Esta revisión del camino a seguir para eliminar los subsidios vuelve a cuestionar que fue lo que ocurrió con la Canasta Básica Energética, cuyos componentes no son siquiera mencionados como parámetros ni tampoco se anuncian otros en su reemplazo, abriendo paso a la discrecionalidad del funcionario de turno al fijar bonificaciones y topes de consumo.
Entre los actores y analistas del sector energético se afirma que la reorientación de la idea radical de terminar con los subsidios hoy se desvirtuó, y con ello la CBE de aplicación agresiva fracasó para dar lugar al tiempo del gradualismo y la prudencia en el impacto de las tarifas en los bolsillos de millones de argentinos.
Todo este rediseño de política decidido como en otros tantos segmentos del Estado nacional para apuntalar la reducción del gasto público, dispara también la pregunta sobre la legalidad de la Audiencia Pública realizada en febrero para presentar precisamente la prometedora CBE, y deja abierta la duda también sobre la legalidad de lo que se haga por fuera de lo allí debatido, incluido el reciente decreto.
De avanzarse en base a esa norma, podrían quitarse los subsidios a hogares N2 y N3 en poco tiempo, dado que se eliminaron los topes por CVS del 2023.
Pero tal como se venía observando desde el sector energético, el paso al costado del Gobierno era algo que se anticipaba al destacarse que desde el punto de vista técnico-operativo la Canasta Básica Energética se presentaba como de imposible aplicación, por la complejidad de variables que conjugaba.
Así se demostraba en una sociedad dominada por la informalidad existente en la registración de los ingresos -en una población en que casi el 50 por ciento de los trabajadores no tienen empleo ni salarios registrados-, en la que tampoco hay un esquema de cruce de controles adecuados para determinar los bienes del grupo conviviente, por citar algunos obstáculos.
Ya con la segmentación implementada hace dos años, resultó imposible lograr que las provincias aporten los listados de los usuarios que contaban con tarifa social o algún tipo de aporte del Estado para consolidar la pertenencia al segmento de usuarios N1, por lo cual nunca se pudo revisar la veracidad de lo que se declaraba en el Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE).
Hasta tal punto fue que cada usuario se posicionó en el segmento que deseaba, que no se registró desde entonces ninguna recategorización de oficio, sino que la renuncia al subsidio se dio de forma voluntaria, en particular atada a la imposibilidad de acceder a dólar ahorro.
Subsidios: el camino que falta para poder implementar la Canasta Básica Energética
Precisamente, esa tarea es la que promete realizar ahora la nueva gestión al anunciar que durante el período de transición, se monitoreará la evolución de todas las variables y cruces de información, y se impulsará el reempadronamiento y la actualización del RASE, a fin de asegurar que los usuarios estén en el segmento correspondiente según su nivel de ingresos.
Más aún, los subsidios no son solo al gas natural por redes y la electricidad, sino también al GLP que se distribuye en garrafas, donde no hay forma de corroborar el poder adquisitivo del usuario y su grupo familiar y de hacerlo de manera generalizada, es decir que avanzar en una quita brusca sin CBE causaría estragos en regiones climáticamente hostiles como la Patagonia.
Tal como se venía observando desde el sector energético, el paso al costado del Gobierno era algo que se anticipaba al destacarse que desde el punto de vista técnico-operativo la CBE se presentaba como de imposible aplicación, por la complejidad de variables que conjugaba.
Pero los analistas también venían cuestionando que la proclamada Canasta Básica Energética no podía lanzarse sin tener de manera previa un plan serio de eficiencia energética, que demuestre que el verdadero esquema no tiene sólo una motivación fiscal –es decir reducir los subsidios- sino que es un incentivo a una mejor uso de los recursos.
Eso no sólo contempla enseñar a apagar las luces de una habitación vacía, sino a motivar desde cambios de hábitos más profundos hasta el diseño de políticas de crédito para el reemplazo de artefactos domésticos en el caso de los hogares, o de equipos y maquinarias en las industrias para reducir el consumo.
Finalmente, el análisis de lo ocurrido en estos seis meses queda reflejado que el objetivo macro de bajar la inflación están primando sobre las metas de ordenamiento del sector energético. Es que haber dado importantes aumentos de tarifas en VAD y Transporte antes que la quita de subsidios mayoristas fraguó la hoja de ruta de la Secretaría y la dejó sin margen para presionar la inflación y mejorar la cuenta fiscal.
Y así lo explicitó el gobierno al abdicar ante el repudiado gradualismo, cuando comunicó que “en época de escasez y de ajuste de los recursos del Estado, es necesario rever y reordenar los subsidios, de manera progresiva, para contribuir al equilibrio fiscal sin descuidar la ayuda a los usuarios vulnerables”.
