La política energética empieza a tener fuertes definiciones que se esperaban del nuevo Gobierno nacional en el nuevo modelo energético, en todo lo que refiere a hidrocarburos, generación y transporte eléctrico, transición energética, y también el capítulo clave de tarifas y subsidios.
El secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, dejó en su reciente paso por el Congreso, un abanico de precisiones sobre lo que será la nueva gestión que impondrá cambios de fondo en las regulaciones de un sector que tiene signos de saturación, y que requiere de señales claras para fortalecer la inversión y la producción.
El contexto principal a toda la tarea que se propone el nuevo gobierno es un cambio esencial en el concepto de autoabastecimiento y soberanía energética que se defendió en los últimos cuatro años por una lógica de “maximizar la renta”, es decir generar las condiciones para incrementar fuertemente la producción de energéticos para volver a la Argentina un país exportador y contar con la infraestructura necesaria para ello de la mano de los privados.
Pero, aclaración importante de Chirillo, sin poner en riesgo la obligación del Estado de asegurar las condiciones de suministro para el abastecimiento interno, idea claramente distinta a la de “autoabastecimiento”.
La nueva gestión entiende que se puede asegurar el suministro de muchas maneras, incluso importando en algún momento si conviene exportar en otro.
Pero el nuevo eje será asegurar que la balanza energética deje de ser negativa y transformarla fuertemente superavitaria, no sólo en beneficio de las arcas federales sino de también de las provincias dueñas de los recursos porque a mayor producción, mayor regalía.
Chirillo parte del concepto de que la idea de autoabastecimiento y soberanía energética llevaron al sector de los hidrocarburos a una paralización de las inversiones.
Vaca Muerta incrementa la inversión, pero en un contexto donde no hay libre disponibilidad de las divisas, se reinvierte porque hay una prohibición de remitir divisas al exterior, lo que a su criterio marca que es un modelo que se agotó.
Así, el hecho de tener recursos propios y justificar un precio diferencial se presenta como un esquema muy malo. A partir de esta visión del sector, el mega proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso aborda distintas transformaciones que en el caso de los hidrocarburos conforman el capítulo más importante del nuevo modelo energético.
En él se propone un cambio sustancial para la seguridad jurídica y la seguridad de la inversión: el derecho de las empresas a la libre comercialización del petróleo y gas, sujeto a la no objeción del Estado Nacional, que se puede oponer cuando se produce un sobrecosto en el abastecimiento local.
Se cambia sustancialmente, de ofrecer una autorización precaria, parcial, a ser un derecho, dejando atrás un escenario que hasta hoy generaba mucha incertidumbre a la inversión, más allá de nuestras potencialidades geológicas.
El ejercicio por parte de las empresas de ese derecho, sujeto a la no objeción de la Secretaría de Energía, les permitirá planificar la inversión, generar los contratos de largo plazo y maximizar la renta para poder hacer las obras que el crecimiento demanda.
Biocombustibles y transición energética
Otras definiciones de política importantes para el nuevo modelo energético se orientan hacia el mercado de los biocombustibles, para el cual el Estado libera el precio y aumenta el corte obligatorio del biodiesel del 7 al 10%, para luego ir aumentando al 15% al 2026 para lograr una alineación con Brasil. En bioetanol se mantiene el 12% y luego se aumenta al 18% en 3 años para seguir en sendero hasta el 27%.
En ese camino, los cupos se cambian por licitaciones que contemplen que ninguna empresa tenga más del 14% de la demanda interna, la productora no podrá participar más allá del 100% de la capacidad instalada del participante, y la relación entre la producción y la capacidad entre las integradas debe ser igual al de las no integradas para cuidar a las pequeñas empresas.
Las petroleras podrán participar de la demanda excedente, pero siempre que el corte esté a partir del 18%.
Tal como se venía anticipando, se consolida la idea por la unificación de los entes reguladores, que si bien parece un tema menor puede ser de importancia vital en tiempos de transición energética. Se plantea así dejar atrás el abordaje de la energía se trata como una única cosa, y pensarla como parte de la agenda climática.
En ese criterio, la unificación del ente, con una buena gobernanza, aseguran que va a dar más seguridad a los inversores.
Este gobierno, al respecto, creó una Subsecretaría de Transición Energética, bajo la premisa de que los compromisos internacionales asumidos son a nivel país, no a nivel Estado, lo que significa que es la demanda que contamina la responsable de buscar las soluciones para cumplir en el marco del nuevo modelo energético.
El nuevo eje será asegurar que la balanza energética deje de ser negativa y transformarla fuertemente superavitaria, no sólo en beneficio de las arcas federales sino de también de las provincias dueñas de los recursos porque a mayor producción, mayor regalía.
Para resolverlo se creará un mercado de derechos de emisión como en Estados Unidos y Europa, con el punto de partida de que hay empresas que registran su huella de carbono. Hay que determinar cómo, qué sectores y qué porcentajes, y luego cada empresa comprará derechos u otras herramientas de la ley.
El futuro de las tarifas y subsidios en el nuevo modelo energético
En el mercado eléctrico, el nuevo modelo energético, explicó Chirillo, considera que la actual ley requiere de una actualización, y orientarse a que el usuario final pueda elegir su propio proveedor de electricidad, no hay razón técnica que impida hacer contrato con un comercializador -como con la telefonía móvil-, lo que se entiende bajará el precio.
En el segmento de generación, la actual gestión advierte que Cammesa tiene contratos ineficientes que se deberán pagar por 15 años, motores de emergencia que no generan o son carísimos, e impiden buscar el óptimo esquema económico en el suministro. La política será extender la eficiencia a los generadores y los contratos, evitando compromisos en dólares por muchos años.
Finalmente, un punto esencial: Tarifas y subsidios. Chirillo habla en este punto de “recomposición” tarifaria, no de “ajuste”, y la reasignación de los subsidios, para que llegue a quienes realmente lo necesitan.
Para ello se busca generar Canasta Básica Energética (CBE) para satisfacer las necesidades básicas energéticas, de todo el grupo conviviente.
La CBE es una cantidad mínima que se requiere, pero no se va a subsidiar toda necesariamente y se atenderá conforme a las distintas zonas del país, lo que abre la puerta a reconsiderar el régimen de Zona Fría.
A partir de una Audiencia Pública específica en materia de subsidios, la CBE se va a conectar con los ingresos totales del grupo conviviente, y no debería representar un “X” porcentaje de ese conjunto que vive bajo un mismo techo. Si supera, el Estado subsidiará a la gente que está en situaciones de vulnerabilidad y se anticipa que habrá varias CBE diferentes, por zona.
